Federación de cooperativas pagó bus para ministros y regaló comida en marcha contra fiscal

La Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión (Fecoopa) también pagó por el servicio de bus que trasladó al gabinete de gobierno a la marcha promovida por Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, contra Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público.

Fecoopa fue la misma agrupación que pagó ₡847 mil por un servicio de autobús para traer asistentes al evento realizado el martes 18 de marzo desde el cantón de Puerto Jiménez, en Puntarenas.

Freddy González Rojas, gerente general de la federación y reconocido dirigente del sector cooperativo, admitió en el programa Octavo Mandamiento, de canal OPA, que él fue el que impulsó la participación de Fecoopa en la marcha impulsada desde el Poder Ejecutivo.

En la entrevista, realizada el jueves 20 de marzo, González reconoció que en el pasado fue afín al Partido Liberación Nacional (PLN) y dijo mantener una amistad estrecha con Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República (1986-1990 y 2006-2010). No obstante, señaló que se fue de las tiendas verdiblancas por diferentes con algunos líderes políticos.

En diciembre de 2024, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia anuló una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) y dejó en firme la inhabilitación girada por la Contraloría General de la República (CGR) contra González Rojas para no ocupar cargos públicos por espacio de 5 años.

Ese caso se remonta a 2018, cuando el ente contralor abrió un procedimiento administrativo contra González y otras personas en condición de funcionarios y miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

La División Jurídica de la CGR alegó que González y otros miembros de la junta directiva "crearon y aprobaron una fórmula para calcular la Tasa de Equilibrio Institucional (TEI), con graves errores matemáticos en su diseño y que consideró valores de cero en los componentes de inflación y crecimiento". El instituto utilizó la TEI para el otorgamiento de créditos.

González fue investigado por el Ministerio Público en el caso Infocoop, en el cual resultó sobreseído por falta de pruebas.

El dirigente explicó en el programa televisivo que decidieron acuerpar la marcha debido a que el presidente Chaves "insinuó" que iba a participar. Ante esto, remitieron una "carta de invitación" al Ministerio de la Presidencia para que participaran en la actividad.

"Nosotros les garantizamos la seguridad y les pusimos (al gabinete) un bus para que fueran. Así de sencillo", enfatizó González, quien no reveló cuánto pagaron por el traslado desde Casa Presidencial, en Zapote, hasta las inmediaciones de la Fiscalía General, en San José.

Según el cooperativista, Fecoopa también costeó 2.200 platos de arroz con pollo, 1.500 enchiladas y 5 mil vasos de refresco para repartir entre los asistentes de la marcha. Tampoco reveló el monto.

Eso sí, el dirigente calificó como un "error estratégico" que la marcha fuera un martes y no un fin de semana.

González ocupó la presidencia del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) entre julio de 2023 y diciembre de 2024.

Rol clave

En la marcha del martes, una de las primeras personas en tomar la palabra para arengar a los asistentes fue González.

No es la primera ocasión en que hace público el respaldo al gobierno de Chaves. En julio de 2024, el expresidente de Conacoop, emitió su apoyo al proyecto de ley que impulsó el gobierno, conocido como "ley jaguar", el cual no tuvo éxito, para someter a referéndum una serie de cambios que reducirían la potestad fiscalizadora de la CGR.

Semanas después, la Fiscalía General desarrolló varios allanamientos y detenciones en torno al caso Barrenador, por el cual fue detenida la entonces presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel, así como varias personas que figuraban como directivos de la institución.

A este grupo de personas se les investiga por presuntamente aprobar la adjudicación de la administración de 138 Ebais a las cooperativas Coopesiba, Coopesalud, Coopesana y Coopesaín, en apariencia pagando un sobreprecio.

Luego de las detenciones, González, en nombre de Conacoop, defendió el trabajo de los imputados en ese caso y señaló al Ministerio Público de hacer "un grave daño a la hacienda pública" que le produciría a la CCSS pérdidas de más de ₡12 mil millones en caso de que se cayeran las contrataciones para administrar los Ebais.

Ahora, González afirma que respalda las acciones del gobierno "desde el sector privado".