Familia tuvo que gastar ₡11 millones en operación porque hospital desobedeció orden de Sala IV

Fabiola Jiménez, vecina de Zarcero, agotó todas las vías posibles para lograr que su madre, Miriam González —una adulta mayor de 73 años diagnosticada con hidrocefalia— fuera operada en el Hospital de San Carlos.

Sin embargo, tras meses de espera e incluso con un fallo de la Sala Constitucional a su favor, la cirugía nunca se realizó. Debido a la urgencia, la familia decidió costear el procedimiento en un hospital privado, con un valor de ₡11 millones.

Todo comenzó en octubre de 2024, cuando la madre de Fabiola empezó a mostrar síntomas preocupantes: problemas de equilibrio, dificultades para controlar la vejiga, pérdida de memoria, desorientación y delirios.

Alarmada, su hija la llevó a un hospital privado, temiendo que en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no la atendieran con la urgencia requerida.

Tras un TAC, el diagnóstico fue ventriculomegalia, una condición en la que los ventrículos cerebrales se agrandan debido a acumulación de líquido cefalorraquídeo.

Con los resultados en mano, la familia acudió al Hospital de San Carlos, donde médicos interpretaron que se trataba de "atrofia cortical posterior", un trastorno que causa pérdida de tejido cerebral, especialmente en la parte posterior del cerebro, afectando las funciones visuales superiores.

"Como el doctor Marín (médico del hospital de San Carlos) dijo eso, en el hospital no le quisieron hacer nada más porque como es una persona adulta mayor, que tiene una atrofia, es probable entonces que así se vaya para el resto de su vida. Mi mamá iba a quedar en ese estado (…) pero es que en todo este proceso, ningún neurólogo vio a mi mamá, que es la persona que le corresponde tratar este tipo de síntomas", explicó.

No convencida con los resultados ni con la atención, Fabiola decidió acudir a un neurólogo privado, quien explicó que el diagnóstico correcto era hidrocefalia.

Según relató la denunciante, a pesar del nuevo diagnóstico, la CCSS le dio cita hasta el año 2026. Por esa razón, en diciembre de 2024 Fabiola interpuso un recurso de amparo. El 17 de enero de 2025, la Sala Constitucional falló a su favor y ordenó al Hospital de San Carlos realizar la intervención quirúrgica a más tardar el 17 de febrero.

No obstante, el hospital no cumplió, por lo que la familia presentó un recurso de desobediencia. La Sala reiteró su orden, pero al día de hoy ni siquiera la han citado para la cirugía.

"La Caja respondió a la Sala que no le habían podido dar una cita de evaluación a mi mamá porque no tenían un neurocirujano. La Sala les preguntó que por qué no la referían entonces a otro hospital, y el Hospital de San Carlos respondió que había hecho la solicitud al Hospital México, pero este dijo que no podía atender casos de otros centros hasta que el Hospital de San Carlos determinara qué iba a hacer con los neurocirujanos. Esa respuesta fue en marzo pero la Sala reiteró al hospital que debía cumplir la sentencia", relató Fabiola.

De acuerdo con la resolución de la Sala Constitucional, de la cual CR Hoy tiene copia, el "Por tanto" indica:

"Se reitera a Edgar Carrillo Rojas, en su carácter de Director General, Silvia Elena Alfaro Vargas, en su calidad de Jefe de Cirugía y Neurocirugía, ambos funcionarios del Hospital San Carlos, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos que procedan al cumplimiento de lo dispuesto en sentencia No. 2025000778 de las nueve horas veinte minutos del diez de enero de dos mil veinticinco, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no lo hicieren".

La familia afectada explicó a CR Hoy que, cansados y temiendo el deterioro progresivo de la paciente, decidieron recurrir nuevamente al sistema privado para realizar la operación.

"Mi mamá empezó a empeorar muchísimo, hasta el punto de que ya no caminaba bien. En ese momento dijo: 'Ya opérenme, estoy cansada'. Entonces se determinó hacerle la cirugía por privado. La operación fue el 17 de marzo", explicó la hija de la adulta mayor.

La familia indicó que la cirugía tuvo un costo de ₡11 millones, dinero que, según dijeron, tuvieron que conseguir a toda prisa, pues afirmaron que no podían permitir que doña Miriam siguiera sufriendo.

"Nosotros vamos a seguir buscando a la Sala Constitucional. Le voy a solicitar a los magistrados que la Caja nos reintegre ese dinero", expresó Fabiola Jiménez.

La joven declaró a este medio sentirse "muy desilusionada" con la Caja Costarricense de Seguro Social.

"Mi mamá cotizó para la Caja. ¿Cómo es posible que ni siquiera un neurólogo la viera? Y yo sé que el caso de mi mamá no es el único. Muchas personas se han acercado para contarme sus propios casos con adultos mayores, y eso me desilusiona aún más", señaló Jiménez.

Finalmente, Fabiola concluyó la entrevista describiendo lo "desgastante" que ha sido este proceso para su familia.

"La tristeza, la angustia, y la impotencia de ver que la CCSS no actuó a tiempo, nos han afectado emocional y psicológicamente de manera muy fuerte. Hemos tenido que buscar apoyo psicológico y psiquiátrico para sobrellevar todo lo que ha implicado esta lucha por la salud de mi mamá.

Además, me gustaría que se hiciera un llamado abierto a cualquier abogado o profesional del derecho que quiera colaborar con la causa, ya que cualquier ayuda es bienvenida y podría marcar la diferencia para que se haga justicia", manifestó la vecina de Zarcero.

CR Hoy solicitó una posición oficial a la Caja Costarricense de Seguro Social; sin embargo, al momento de la publicación de esta nota, dijeron que la consulta se mantenía en trámite.