Familia de María Luisa Cedeño: El daño de quitar a la fiscala sería enorme 

(CRHoy.com) La separación de la fiscala de Quepos y Parrita, Grettel Rosales, del caso de María Luisa Cedeño, constituiría un daño "enorme" para la familia de la anestesióloga asesinada el 20 de julio de 2020, en el hotel La Mansión Inn.

Así lo hicieron ver al Tribunal Penal de Quepos la tarde de este martes los abogados de los allegados, Alfonso Ruiz y Juan Marcos Rivero, durante una audiencia convocada un día antes por una gestión impulsada por el defensor del empresario Harry Bodaan, Hugo Navas.

Durante la cita, los representantes legales del administrador Luis Carlos Miranda, Érick Gatgens y Karolina Quirós, además del jurista de las empresas dueñas del alojamiento Oceans Two, Mauricio Brenes, se adhirieron a la solicitud.

En sentido contrario, Ruiz y Rivero pidieron que la petición se declarara sin lugar.

Por ejemplo, el primero argumentó que la recusación parte de la incorporación del perito guatemalteco Guillermo Rosales que Navas ni siquiera pidió fuera llamado a declarar y de un hecho que ni siquiera ha sucedido, pues parte del supuesto de que este no se presentará por temor a que corra la misma suerte que la odontóloga forense española Aurora Valenzuela, a quien se le abrió una causa por presunto ejercicio ilegal de la profesión por no estar acreditada en los colegios de Médicos y Cirujanos, y de Cirujanos Dentistas.

Ambos coincidieron que el Ministerio Público actuó en todo momento apegado al monopolio de la acción penal que le concede la ley y rechazaron que se excediera o actuara en forma arbitraria, como lo señalaron los defensores (excepto la del bailarín Teodoro Herrera, Margot Arguedas, quien se abstuvo de exponer su criterio). Por lo anterior, negaron que Rosales o Ramírez hayan perdido su objetividad.

Recalcaron además que Gatgens, Quirós y Brenes únicamente se adhirieron a la solicitud de Navas, sin presentar sus propias gestiones, por lo que sus alegatos quedarían desvirtuados de dárseles la razón con los puntos antes mencionados. Esta situación -a criterio de Ruiz- dejaría de lado el argumento de la representación legal de Miranda sobre una posible falta a la lealtad procesal, puesto que el tramitador nunca hizo mención de ese asunto.

Para Gatgens, ese principio se rompió toda vez que los fiscales jamás advirtieron sobre la posible comisión de un delito, sino que "amedrentaron" con la apertura de una causa penal.

Brenes, en cambio, atacó una advertencia que hizo Rosales en marzo de 2021, en el que señala que rechazaría a Valenzuela como perita, al cuestionar que tuviera un título de odontóloga forense.

El abogado descartó que constata alguna alerta sobre la necesidad de acreditar a la experta ante un colegio profesional; pero Ruiz reseñó que, en enero de 2021, él sí lo hizo y adujo que fue por eso que Rosales no insistió en el tema.

Este último jurista además recordó que Cedeño y su familia también tiene derechos en el proceso, como ofendidos.

"Se estaría causando, si el tribunal valida este tipo de actuaciones, un daño enorme a la tutela judicial efectiva de la víctima, que también está representada acá, aunque algunos no lo hayan visto. La víctima también tiene derechos. (…) El daño de quitar a la fiscala que conoce el expediente desde el 21 de julio de 2020 (al día siguiente del hecho) sería enorme para los derechos de la víctima", expuso Ruiz.

Aún restan por conocerse los informes de Rosales y Ramírez sobre la recusación. Se espera que este sea rendido a partir de las 9:00 a.m. del miércoles 25 de enero.