Fallo que obliga a Autopistas del Sol a pagar ₡2.500 millones al Estado sigue en un limbo
Empresa recurrió ante Sala Primera y, desde hace casi 2 años, asunto permanece en admisibilidad
(CRHoy.com). El pago de más de ₡2.528 millones (más de $4.4 millones) que la empresa española Autopistas del Sol S.A. (Globalvía) debe efectuar al Estado por las fallas constructivas en la radial Escazú-Hatillos-Calle Morenos, entre Sabana Sur y la ruta de Circunvalación, sigue en el limbo de los estrados judiciales.
En mayo de 2015, la Contraloría General de la República (CGR) demandó a la compañía ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) para que pagara por los recursos que destinó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para contratar una empresa que reparara los taludes deficientes en la obra.
Los hechos se remontan a 2009, cuando Autopistas del Sol S.A. construyó la vía. No obstante, lo hizo omitiendo estudios básicos para la intervención de los taludes. Un año después, en 2010, producto de las deficiencias en la construcción, hubo derrumbes y cierres de la vía debido a las condiciones inseguras para los usuarios.
El proyecto contempló la construcción de 1.7 kilómetros de carretera como complemento al contrato de concesión de obra púbica entre San José y Caldera, en manos de la misma compañía.
En el reclamo planteado en 2015, la CGR detalló que el Conavi determinó una serie de especificaciones que la obra debía reunir y que no fueron atendidas a cabalidad, según lo dispuesto en el contrato suscrito el 1° de julio de 2008 entre el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y Autopistas del Sol S.A.
En 2010, tras el colapso de los taludes, el Conavi contrató a una empresa para que se encargara de realizar las tareas de estabilización requeridas.
El 19 de mayo de 2021, mediante la resolución 62-2021, el TCA condenó a la empresa al pago del monto señalado al constatar que hubo un incumplimiento contractual. Pese a esto, el 10 de junio de ese mismo año, la compañía presentó ante la Sala Primera un recurso de casación contra el fallo de primera instancia que, al 24 de febrero de 2022, seguía en fase de admisibilidad.
"A la fecha de este reporte se continúa a la espera de admisibilidad del recurso, por lo que, al encontrarse pendiente de resolución el citado recurso de casación, aún no es posible evaluar con certeza los resultados adversos del proceso", cita el documento de los estados financieros del año 2022, auditados por la firma Deloitte y publicados el 24 de febrero de este año.
En el informe, la empresa señaló que mantenía abiertoun acuerdo de finiquito contractual con la constructora en relación con los daños y perjuicios "que pudieran derivarse por reclamaciones de terceros o sanciones administrativas de las que sea contractualmente responsable por los trabajos realizados".
En vilo
En tanto, la ruta 27, entre San José y Caldera, fue inaugurada en 2010 por la administración Arias Sánchez (2006-2010), desde entonces la carretera de 77 kilómetros es operada por la concesionaria española (conocida ahora en Costa Rica como Globalvía).
La ampliación de la vía y la extensión del contrato que planteó la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), con una inversión estimada de $646 millones, fue descartada por el actual gobierno (Chaves Robles, 2022-2026). Ese plan, en principio, se traduciría en una prórroga del contrato entre el Estado y el concesionario, el cual actualmente vence en 2033. Si el plan se concreta, ese vínculo se incrementaría entre 15 y 20 años adicionales (hasta 2053).
La administración Chaves Robles maneja varias alternativas para afianzar la ampliación de la carretera.
Según Eduardo Chamberlain Gallegos, quien fungió como secretario técnico CNC entre el 30 de mayo de 2022 y el 30 de setiembre de 2022, las alternativas de romper el contrato con la compañía (para seleccionar a un nuevo concesionario que se encargue de la modernización) y de realizar la ampliación con recursos propios (para que el concesionario asuma el mantenimiento y la operación) no enfrentan un camino sencillo.
Chamberlain, quien fue designado en el cargo temporalmente por Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, explicó en su informe final de gestión que el rompimiento anticipado del contrato (que vence en 2033) obligaría a que el Estado tenga que pagar a la empresa una indemnización de entre $350 millones y $700 millones.
La segunda alternativa radica en hacer la ampliación con recursos propios y renegociar con el concesionario únicamente la operación y el mantenimiento de la carretera hasta el 2033. Luego, se apostaría por una nueva concesión bajo la modalidad de "Reciclaje de Activos". No obstante, en la realidad, hoy el Estado no cuenta con recursos financieros disponibles para este fin y únicamente está en capacidad de asumir las expropiaciones.
Y, asumir las expropiaciones también es un obstáculo: se necesitarían cumplir 212 trámites expropiatorios, pero a 2022 solo se tenían disponibles ₡194 millones de los ₡3.500 millones para cumplir con este fin.
¿Por qué la opción más viable, en la actualidad, involucraría a Globalvía? Según Chamberlain, negociar con el actual concesionario, la ampliación de la carretera y la extensión del contrato es la alternativa más realista porque "es la que más pronto entrega al país la ampliación de la ruta, es la más económica y, además, porque el concesionario mantiene el riesgo de construcción y el riesgo de tráfico".
Como lo citó el exfuncionario, en este caso, el mayor reto es la percepción pública generada por los detractores del proyecto, quienes crearían un mal ambiente a este camino.
