Exsecretario de Concesiones advierte riesgos sobre prórroga contractual con Aeris

(CRHoy.com). Eduardo Chamberlain Gallegos, exsecretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), entre mayo de 2022 y setiembre de ese mismo año, reiteró como un desacierto la decisión de prorrogar por 10 años más el vínculo contractual entre el Estado y la empresa Aeris para administrar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS).

La compañía, que maneja la terminal aérea bajo la figura de gestión interesada, tiene contrato vigente hasta 2026. No obstante, la extensión acordada con el gobierno, por una década más, procura reconocer un "desequilibrio económico" por $109 millones producidos durante la reducción en el flujo de pasajeros en la pandemia por el coronavirus COVID-19.

Esta indemnización está amparada en los alcances del contrato suscrito entre el Estado y Aeris. Dicha compañía opera desde 2009, previamente la administración del aeropuerto estuvo en manos de la empresa Alterra Partners.

Chamberlain, quien trabajó para Alterra y para Aeris como director de Ingeniería y Planificación, explicó que, para evitar un colapso operativo, el AIJS requiere "inversiones distribuidas a lo largo de los siguientes 10 a 15 años (es decir, prácticamente el mismo plazo en que se le está extendiendo el contrato a Aeris) del orden de los $700 millones".

Sin embargo, según el exfuncionario, las inversiones que se proyectan hacer con esta extensión son mucho menores. Lo mismo que el momento en que se pretenden ejecutar, porque gran parte de los recursos se requieren para compensar el desequilibrio financiero.

"Las obras que se harán no serán suficientes para desarrollar el aeropuerto a su plena capacidad, con el inconveniente adicional de que el Gestor procurará alegar que muchas de los proyectos requeridos sean obligación del Estado, bajo una figura muy cuestionada de ‘mantenimiento mayor'. Cierto es que siempre ha habido proyectos que los ejecuta la Administración directamente, o que se le asigna al gestor como una orden de modificación, pero no se puede abusar de esta figura", detalló el exsecretario técnico del CNC.

Bajo este panorama, Chamberlain cree que el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) deberá procurar soluciones para tareas como el recarpeteo de la pista de aterrizaje, la ampliación de las subestaciones eléctricas, una nueva terminal de carga o la misma relocalización de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales R.L (Coopesa), la cual sería necesaria para efectuar obras de ampliación en el aeropuerto.

Otro factor que se debe tomar en cuenta, si se decide ampliar el contrato: entre 2026 y 2036, el país estará limitado en la creación de un nuevo aeropuerto internacional, pues la cláusula 18.2 del acuerdo vigente abre la posibilidad para que la compañía alegue un desequilibrio financiero por la entrada en operación de una nueva terminal.

"Era una mejor opción recurrir a otros instrumentos, como modificar los porcentajes de distribución de ingresos, establecer una tarifa especial (un poco más alta a la que ya de por sí se establecerá) para ayudar a la compensación, congelar el desarrollo de cualquier obra nueva en estos tres años remanentes, que igual, prácticamente no se van a hacer, aunque se disimula la realidad mencionando, por ejemplo, más kioscos de auto-chequeo que es una tecnología superada que ya se está retirando de los aeropuertos.

"Incentivar la competencia con una nueva licitación de concesión da la oportunidad de establecer pagos adelantados para cancelar saldos que aún estuvieran pendientes y estimula a los participantes a programas de inversión más atractivos, mayores y más rápidos de ejecutar para después de mayo de 2026", expuso Chamberlain.

El exfuncionario concluyó que con la extensión del contrato se perdería competitividad con otros aeropuertos de la región, "quedando con las manos amarradas hasta el 2036 en que venza el contrato con Aeris".

Fernando Naranjo Elizondo, director ejecutivo de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), explicó a CRHoy.com que la prórroga contractual es clave para la continuidad de las obras de ampliación del AIJS y el cumplimiento del plan maestro aeroportuario.

"Se está validando el modelo financiero por 10 años más, hasta 2036, el contrato de gestión interesada del AIJS con el actual gestor. Lo cual, da seguridad jurídica para contratos de este tipo y organismos internacionales que nos vigilan en esa materia", apuntó el jerarca, quien recalcó que la extensión contractual frenaría un incremento abrupto de las tarifas aeronáuticas que se cobran a pasajeros y aerolíneas.

En 2020, por culpa de la pandemia, hubo una reducción del 80% en el turismo que circulaba por la terminal. Pero, en febrero de 2023, se recuperó el nivel de tráfico de pasajeros que existía al cierre de 2019.

"El cambio en la Ley de Contratación Administrativa (LCA) le da la potestad al máximo jerarca, en este caso el ministro (Amador), que con un acuerdo técnico del Consejo de Aviación Civil (Cetac), de emitir la resolución y ahora refrendamos esa adenda con una enmienda número 1 donde se garantiza la transparencia, que se han hecho todos los análisis financieros y que el plazo de 10 años es razonable para que se recupere ese déficit de $109 millones", agregó Naranjo, quien dijo que la noticia de la prórroga los tiene "muy alegres" en virtud de la coincidencia con el 50 aniversario de la emisión de la Ley de Aviación Civil.

La intención de extender el contrato también fue acuerpada al cierre de la Administración Alvarado Quesada (2018-2022). Incluso, en febrero de 2022, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) anunció que el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) y Aeris Holdings ya habían acordado la ampliación del nexo por 10 años en este mismo contexto.

En enero pasado, la adenda contractual se envió para revisión de la Contraloría General de la República (CGR).