Expertos: “Reforma para permitir extradición es un paso importante en lucha contra el crimen organizado”

Expertos en materia legal y en el combate al crimen organizado, consultados por CRHoy, aseguraron que la reforma parcial a la Constitución que permitirá la extradición de costarricenses por delitos relacionados con el crimen organizado —como el terrorismo o el tráfico internacional de drogas— es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, dudan que sea una herramienta efectiva para disminuir la tasa de homicidios en el país.

La reforma constitucional fue aprobada el jueves de manera definitiva por el plenario legislativo. El texto final modifica el artículo 32 de la Constitución para que, de ahora en adelante, se lea de la siguiente manera:

"Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo, haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes".

Actualmente, la Constitución Política prohíbe la extradición de nacionales, lo cual ha sido señalado como un obstáculo en la lucha contra estructuras criminales transnacionales.

Para el abogado constitucionalista y exletrado de la Sala IV, Marvin Carvajal, la extradición es uno de los instrumentos que podrían contribuir a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, ya que la reforma busca evitar que la nacionalidad se utilice como un escudo para evadir la justicia. No obstante, considera que para atacar la ola de homicidios se requieren otras reformas y leyes con diferentes objetivos.

"Lo que se busca es permitir la extradición con todas las garantías judiciales del caso y, además, solo para ciertos tipos de criminalidad. Esto podría generar una contribución y no será violatorio de la Constitución. Pero no creo que haya una disminución en la criminalidad solo por esta reforma. Es importante, pero difícilmente será una solución para reducir la tasa de homicidios", comentó.

Tania Molina, consultora de la organización Futuro Secuestrado, coincidió en que la ley representa un avance positivo, pero advirtió que no garantiza una reducción en la violencia ni en la tasa de homicidios.

"Es importante porque envía un mensaje contundente a los costarricenses que, de alguna forma, se sentían protegidos mientras traficaban drogas en el país y generaban violencia desbordada. Les dice: '¡Pellízquense!, porque los vamos a extraditar'. Pero no necesariamente va a disminuir la violencia, porque alguien más ocupará su lugar. Es un buen elemento disuasivo porque implica enfrentarse a un sistema de justicia más robusto. Todo el mundo teme cumplir una condena en una cárcel de Estados Unidos, diferente a lo que pasa en nuestros países de América Latina, donde todo es un vacilón", explicó.

El plan fue aprobado por el Congreso luego de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia comunicara que no encontró vicios de inconstitucionalidad en el proyecto.

Según lo establecido en el texto, la extradición deberá realizarse dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales. Se menciona que los diputados deberán aprobar otras leyes que detallen los procedimientos para extraditar a los nacionales.

La iniciativa contó con el respaldo de todas las fracciones legislativas y de las diputadas independientes.

La discusión en torno a este expediente legislativo, durante los últimos tres días, ha estado marcada por cuestionamientos hacia la gestión del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Los diputados coincidieron con los expertos en que este plan, propuesto por el Ejecutivo y el oficialismo, no es la única medida necesaria para combatir el crimen.

El mandatario hizo referencia al proyecto en su informe de labores ante el Congreso.

Luz Mary Alpízar Loaiza, legisladora del Partido Progreso Social Democrático, insistió en la importancia de la iniciativa, pero advirtió sobre lo perjudicial que resulta para la seguridad nacional que los Supremos Poderes de la República se mantengan distanciados en lugar de trabajar de manera conjunta.

Por su parte, los diputados del Frente Amplio criticaron los recortes del Poder Ejecutivo en inversión social y la falta de acciones en materia de prevención.