Expertos destrozan argumentos de Gobierno sobre Convenio Budapest

(CRHoy.com).-Un grupo de expertos técnicos coincidieron de forma unánime en que el Convenio de Budapest incluido en reglamento de ciberseguridad para redes 5G, no tiene nada que ver con el tema de ciberseguridad como lo ha tratado de hacer ver el Gobierno.

Los especialistas reunidos en el foro Legislación y Reglamento de Gobernanza de Ciberseguridad en Costa Rica, organizado por el Colegio de Abogados, destrozaron los argumentos de inclusión del tratado en el Decreto No. 44196-MSP-MICITT, ya que son recomendaciones de lucha contra el cibercrimen y consideran que no tiene un sustento legal ni técnico, lo que genera falta de seguridad jurídica.

Adalid Medrano, abogado especialista en Derecho Informático y moderador de la actividad, fue enfático en que el Convenio de Budapest en el país ha tenido una aplicación anecdótica.

“Me llama la atención que curiosamente surge el convenio sobre ciberdelincuencia para temas que no tienen mucho que ver, pero poco se habla de que Costa Rica, a su mejor estilo, lo aprueba… y ahora qué, nada. Realmente en Costa Rica quedó como algo bonito que tenemos para decir, somos parte del convenio, pero, ¿cumplimos plenamente con el convenio? No. ¿Qué hay tipos penales informáticos que todavía no hemos incorporado? Correcto. ¿Qué los instrumentos de procedimiento no se han incorporado? Así es.

Que cada 2 años hay que ir a decir qué está pasando con Costa Rica y ¿qué decimos, que nada? Sí. ¿Se habla de eso en el país? No. Pero para tratar de utilizarlo para decir que si no se tiene el Convenio de Budapest, no es ciberseguro, de qué nos sirve tenerlo de exhibición”, se cuestionó el especialista.

¿Podríamos decir que el Convenio de Budapest sirve como un parámetro para medir la confianza de un proveedor de hardware? Absolutamente no. Adalid Medrano

“Hay una serie de puntos que se tocan en el decreto que desde nuestro análisis hemos identificado que no están en línea con esta serie de acuerdos globales que se promueven desde la Organización Mundial de Comercio y otros a través de los cuales los países han acordado para respetar y regirse, justamente para evitar una serie de polémicas como al parecer aquí se ha estado generando.

En el decreto nos topamos algunas cuestiones, al menos en la transcripción tal cual se lee, genera muchas dudas en el sentido que hace recomendaciones y hay veces que no se queda solo en la recomendación, sino indica y marca directrices de cómo los operadores tendrían que definir y construir esa red, con qué mecanismos y qué reglas tendrían que utilizar en ese proceso”, dijo de Humberto Cortés, director de Ciberseguridad de Huawei para América Latina.

“Una cuestión que nos parece muy relevante es como a partir del decreto se pretende que los operadores definan una serie de equipamientos, topologías e incluso reemplazo de equipos a partir de esas directrices, cuando esos operadores ya han hecho una serie de inversiones que reutilizan infraestructura y equipos que han venido utilizando para otras tecnologías que actualizan y modernizan aquellas que sean exclusivas de tecnologías nuevas como pueden ser aquellas como es el caso de 5G en particular.

Desde el punto de vista tecnológico es importante reforzar que jamás nos había tocado ver un escenario en el que el convenio de ciberdelincuencia fuera utilizado como un estándar o referencia tecnológica para dirigir y diferenciar qué actores puedan resultar confiables o no, a partir de que cumplan o no ciertas reglas; a partir de eso una simple referencia más allá de que haya recibido actualizaciones, está claro que las redes móviles no tienen unas definiciones a unas especificaciones respecto a ese convenio”, añadió.

De igual manera, Cortés hizo referencia a los estándares de la 3GPP ausentes en la reglamentación. “¿Quién sí tiene? El organismo que define y dirige las reglas que son los estándares es 3GPP, que determina las especificaciones. ¿Y por qué esas especificaciones deben ser comunes para todos los actores que proveemos tecnología?, es justamente para no decir yo tengo mi versión de 5G y otro tiene su propia versión, tenemos que proveer y cumplir una serie de especificaciones, protocolos en interfaces que sean comunes porque el día que el operador selecciona a más de uno, que sucede en todos los casos, puedan estar trabajando en conjunto y permitan armonizarse.

Es ahí lo relevante a destacar precisamente que quien sí define especificaciones incluyendo por supuesto las de ciberseguridad, es un ente como el 3GPP”, agregó el representante de la compañía china.

Más cuestionamientos

“Ante una situación como la que está ocurriendo hoy, con el decreto, el sistema jurídico tiene que reaccionar, se tiene que estar preparado como Estado de Derecho para prevenir, ya sean iniciativas legales, como proyectos de leyes que pretendan restringir la competencia y afectar la neutralidad tecnológica”, manifestó por su parte Claudio Magliona, abogado y profesor de la Faculta de Derecho de Universidad de Chile.

En tanto, Hannia Vega, exviceministra de Telecomunicaciones, señaló que temas tan sensibles como los que se trataron en este foro, deben fundamentarse en criterios técnicos.

“La legislación es tan clara en telecomunicaciones que le da el rol a cada uno de sus actores, y esta materia, este tipo de sorpresas, como el decreto, no deberían de ocurrir porque en principio la ley obliga a que la política de Estado esté por escrito y además se consulte y sea abierta, no cerrada”, considera Vega.

También detalló que en el Plan Nacional de Telecomunicaciones el Convenio de Budapest se menciona superficialmente y no como un tema de ciberseguridad, sino de antecedentes, sin ninguna relación con redes de quinta generación.

“Este tipo de decretos, por la forma, generó automáticamente una reacción muy tica: ¿por qué así? Y eso inmediatamente genera especulación”, explicó sobre la normativa a la que cuestionó por haber sido consultada de forma confidencial y aboga por sacar la discusión del campo político.

“Nos estamos jugando muchas cosas y era natural y obligatorio que se discutieran en una mesa abierta, al no haberse discutido así, genera esta tensión que hay en este momento y una incertidumbre válida”, concluyó Vega Barrantes.

“Cuando se menciona la seguridad nacional y no se fundamenta adecuadamente y considerar el Convenio de Budapest algo como un estándar, nos alarma el tema, así como que también se está limitando la participación y – esto es una suposición- puede estarse generando un vestido a la medida para un operador en particular”, explicó la diputada Vanessa Castro, quien resalta que en la Asamblea Legislativa se ha un producido todo un debate sobre el tema.