Experto sobre marchamo digital: “Tecnología generaría una vigilancia a los ciudadanos”

(CRHoy.com) La administración de Rodrigo Chaves Robles está transitando por la misma vía equivocada que el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) condujo al país en materia de la protección de la privacidad y protección de los datos personales de los costarricenses, esto mediante el proyecto del marchamo digital para 2024 y la ya implementada estrategia del pasaporte biométrico.  

Así lo considera el abogado José Adalid Medrano, especialista en  derecho informático, ciberdelincuencia y  protección de datos personales al ser consultado por CRHoy.com acerca de los cuestionamientos que han rodeado el plan del marchamo digital y los pasaportes biométricos, políticas que se impulsan desde el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), respectivamente.

Medrano aseguró que esta ruta errada sobre la protección de la privacidad de los ciudadanos y sus datos personales tiene su punto de partida al arranque del gobierno de Alvarado  mediante la Estrategia para la Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario, que se lanzó en octubre de 2018 desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y que cuyo principal cuestionamiento fue el caso de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), caso por el cual la Fiscalía General de la República pidió un juicio contra el exgobernante y otros exjerarcas de su administración.

"Ahí viene el fundamento para una construcción de proyectos vinculados con tecnología en donde la privacidad no es un pilar.  Ahí vemos en donde se visualiza a la privacidad como un obstáculo para la innovación a pesar de que no lo decían de una manera tan clara", comentó Medrano.

El especialista cuestiona que el actual Gobierno, en lugar de enderezar la ruta, más bien la ha fortalecido, al plantear el proyecto del marchamo digital.

Violación a intimidad y rastreo masivo

Sobre el caso del proyecto del marchamo digital para 2024 Medrano explicó que si bien el sticker que se quiere incorporar en los vehículos no representa por si solo un impacto para la privacidad de las personas,  con la tecnología que se usaría para su uso sí "se generaría una vigilancia y control hacia los ciudadanos".

El experto aseguró que la tecnología que se pretende incorporar para este plan del marchamo digital fue la misma que se presentó en China y que fue vista por las naciones de occidente como otra forma de vigilancia por parte del gobierno de esa nación asiática. 

"Quieren incorporar un sticker que no representa ningún impacto para la privacidad ciudadana, pero la tecnología usada si  generaría una vigilancia y control hacia los ciudadanos sin que tengan una ley habilitante. Esto es muy peligroso. La tecnología en sí misma permite el control de los ciudadanos" advirtió Medrano.

Hay que recordar que la Sala Constitucional ya admitió dos recursos de amparo en contra de estos proyecto, pues se sospecha que detrás del chip o sticker  para controlar el pago del marchamo están otros usos que el Estado puede hacer de estos para que un vehículo sea rastreado de forma indiscriminada si se colocan lectores en la vía pública, lo que lo podría convertir en un instrumento de vigilancia masiva. También se cuestiona la violación de los datos de las personas.

Los recursos que la Sala IV acogió fueron presentados por la diputada del Partido Liberal Progresista, Johana Obando y el exviceministro de Seguridad Eduardo Solano.

El INS publicó una licitación mayor, por un presupuesto superior a los ¢4.800 millones, para la contratación de la empresa que suministraría  etiquetas con Tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID, por las siglas en inglés) para este proyecto.  La entidad está en medio de la gestiones de otra licitación para la adquisición del software que se utilizaría para el proyecto.

Pasaporte sin estrategias de privacidad

Sobre el caso del pasaporte biométrico, Medrano señaló que si bien representa un alto estándar mundial que en primera instancia no debería representar mayor crítica, cuestionó que la DGME y el gobierno sigan la misma línea del gobierno anterior de avanzar en proyectos de transformación digital sin crear estrategias de privacidad.

"No hay estrategias de privacidad que traten de no solo hacer un cumplimiento normativo, sino que también hagan evaluaciones de impacto a la privacidad ciudadana, de tal manera que los proyectos permitan proteger de la mejor manera al ciudadano al mismo tiempo que se puede seguir avanzando en proyectos que le presentan innovación a los costarricenses" mencionó el abogado.

En palabras sencillas, para Medrano esta iniciativa representa una tecnología que es buena, pero mal implementada y con poco respeto para el marco normativo de protección de datos personales.

"Es un proyecto que es invasivo por su naturaleza, que si le hubieran hecho un estudio y una evaluación del impacto sobre la privacidad probablemente la tecnología no hubiese pasado el examen, y por ende, hubiesen requerido en su primera etapa pasar por el Congreso para un debate nacional y aportar todos, porque la privacidad es un tema que construimos todos, no en una oficina de un burócrata como ha pasado en la historia del país", agregó.

En las últimas  2 semanas se atizaron los cuestionamientos en contra de la DGME  por el uso y manejo que esa institución pública les da a los datos personales, confidenciales y sensibles de los costarricenses para este plan de pasaporte biométrico

Un ciudadano, una alta jerarca de la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (Prodhab) y un diputado de la República pusieron sobre la mesa una serie de críticas por la manera en que se manejan  y se resguardan los datos de los ciudadanos para la tramitación de su pasaporte.

El ciudadano es el doctor Francisco Perdomo, quien denunció en sus redes sociales que en una sucursal del Banco de Costa Rica-con quien la DGME tiene un convenio para este servicio- le condicionaron la entrega de su pasaporte y licencia de conducir a cambio de que firmara un "consentimiento informado" en el que una de las cláusulas estipulaba la entrega de datos sensibles.

El documento establece, claramente que el usuario "manifiesta expresamente que brinda su información personal de acceso irrestricto, datos personales de acceso restringido o datos sensibles, de manera libre, debidamente informado.

La jerarca de la Prodhab que cuestionó esta iniciativa fue la jefa del Departamento de Registro de Archivo y Base de Datos de la entidad, Karla Quesada, quien informó que desde hacía más de un año había presentado una denuncia contra la DGME, Correos de Costa Rica y el Banco de Costa Rica por presuntas irregularidades en el manejo de la información confidencial y sensible de los costarricenses, a la hora de obtener su pasaporte biométrico.

Esta denuncia en particular llegó  la Presidencia de la República, sin embargo, de momento se desconoce el abordaje que desde el Poder Ejecutivo se le dan a estas advertencias y denuncias. El caso fue elevado a Zapote por el ministro de Justicia, Gerald Campos, sin embargo desde la Presidencia se informó que no se había analizado el caso por parte del Consejo de Gobierno ni el presidente, Rodrigo Chaves.

Entre tanto, el diputado que cuestionó este plan fue el socialcristiano Leslye Bojorges León, denunció que los formularios de consentimiento informado de la DGME para el trámite de pasaportes no están inscritos ante la Prodhab para la protección de los datos.

Tras una consulta del congresista, la Prodhab fue clara en señalar que la entidad no tiene ninguna base de datos cuyos protocolos se encuentren inscritos conforme a lo que establece el artículo 12 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley 8968.

Independencia de Prodhab en riesgo

Medrano apuntó que en medio de este escenario los distintos sectores del país deben de preocuparse por la independencia de la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (Prodhab).

El experto considera que en el caso del pasaporte biométrico en el que el ministro de Justicia, Gerald Campos, decidió trasladarle el tema a la Presidencia se constituye en una violación a su independencia.

"Tenemos que ver que en los últimos 4 años, en la Prodhab  pasaron por un período de oscuridad, donde la agencia no cumplía con su función y no vigilaba el cumplimiento. En este gobierno empezaron a tener cierta independencia hasta que viene el proyecto de pasaporte biométrico y que, por algunas decisiones que deben discutirse más, al parecer desde Casa Presidencial van a tener que tomar decisiones sobre esto tema. Esto es una flagrante violación a la independencia que deberían tener, esto es algo peligroso.  Pero a la vez debe servir para discutir sobre la importancia de una agencia con más independencia y un marco normativo más robusto que proteja la autodeterminación informativa que es un pilar del sistema democrático costarricense", finalizó Medrano.