Experto internacional propone políticas sociales para reducir el hacinamiento carcelario

El 18 de setiembre anterior, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, respondió en un comunicado de prensa que rechazaba que estaba liberando privados de libertad, según señalamientos de un medio de comunicación. En esa ocasión, el ministro dijo que las cárceles no estaban cerca del hacinamiento y, por el contrario, "lo habían estado controlando", a tal punto que no llegaban a los niveles de hacinamiento de gobiernos anteriores.

Sin embargo, un mes después, Campos advirtió en Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que la realidad del Sistema Penitenciario Nacional se queda corto para recibir a más privados de libertad.

"¿A dónde van a llegar las personas detenidas? Si a hoy, producto de esto, es que no se ha invertido. Estamos con 18.39% de sobrepoblación, estamos a punto de llegar a hacinamiento y si llegamos a hacinamiento, va a haber una orden de un juez de la República que nos va a decir, tiene que liberar", explicó Campos.

Precisamente sobre este tema, el Poder Judicial realizó un encuentro entre expertos internacionales de la Asociación de Defensorías Públicas de América Latina y el Caribe (AIDEF) donde se abordó el índice hacinamiento carcelario de la región y cómo abordarlo.

Según los especialistas, es una situación alarmante, sin embargo, la verdadera alerta es que desde hace 20 años se viene diciendo lo mismo y cada vez, la sobrepoblación carcelaria es mucho mayor, para esa época existían 100 presos por cada 100.000 habitantes, pero hoy, el número se cuadriplicó. Entre las razones del aumento que destacan los expertos están: las leyes de flagrancia y la aplicación de medidas de prisión preventiva que con el tiempo han dejado ver los resultados.

"Yo siempre hago el mismo llamado de que no se dejen tentar, no caigan en que a mayor intervención penal, mayor dureza penal va a haber y por consiguiente, una reducción de la delincuencia o se van a respetar mejor los derechos de las víctimas de los delitos, porque eso es falso, se necesitan otro tipo de políticas de carácter social que seguir apostando siempre por la política penal", explicó Iñaki Rivera, Director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos.

Políticas

Para Rivera, estas políticas se tienen que centrar en la educación, el empleo digno y la salud, que le permitan a los ciudadanos cubrir sus necesidades y las de su familia. Así como tener la posibilidad de optar por una pensión o un retiro estable, derechos que a su criterio se han perdido y que se han convertido en productos de carácter privado que solo adquieren quienes tienen posibilidades.

"Es muy común que la población crea que la criminalidad solo se va a resolver con medidas carcelarias, pero yo les digo que no se conformen con los mensajes vacíos, con los mensajes televisivos, con los mensajes cortos, si no más bien fórmense, investiguen y acérquense a conocer la realidad carcelaria, exijan a los gobiernos estos derechos sociales", añadió.

Al mismo tiempo, el Director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez, calificó que existe un abusivo uso de las prisiones preventivas, pues en ocasiones no se cumplen los procesos objetivos para dictarlas, por lo que es importante que se analice cuándo y en qué momento si se requiere el dictado.

"Nada ganamos con dictar una prisión preventiva donde lo que estamos generando eventualmente es una pena anticipada, en un proceso respecto al cual la persona puede ser absuelta", indicó Pérez.

Capacidad

Actualmente, el sistema penitenciario tiene capacidad para 13.177 privados de libertad, pero hay 17 centros penales cerrados en malas condiciones y en total hay 15.600 reclusos, de esos más del 50% son atendidos por la defensa pública.

Campos señaló durante su comparecencia que hay personas que no deberían estar en prisión como adultos mayores o bien, las personas que deben pensiones alimentarias y por ello, se requieren cambios legales como establecer de manera clara quién tiene las competencias, quién administra el sistema penitenciario, las penas y la reinserción social.

En la misma sesión, el director general de Adaptación Social, Juan Carlos Arias, afirmó que si la expectativa del país es recibir más personas del crimen organizado, el sistema no está en la capacidad de recibirlos.

"Por semana ingresan 150 personas nuevas a las cárceles y hay una orden clara de la Sala IV que no pueden permanecer en celdas judiciales por las faltas de condiciones. Estamos bajo un hacinamiento crítico y hablamos de un cierre técnico del sistema penitenciario", comentó Arias.

La AIDEF es una asociación de defensorías públicas que tiene como objetivo, entre otros, defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe, fortalecer la independencia y autonomía funcional de las Defensorías Públicas, para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.