Experto: A Seguridad le toca prevenir los delitos, no llegar cuando ya se cometieron

(CRHoy.com) Al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) le corresponde la prevención de los delitos, no llegar a detener cuando estos ya se cometieron.

Para el exjuez Ewald Acuña Blanco, existe una distorsión sobre las atribuciones de la cartera y sus cuerpos policiales, situación que se ha instalado en la ciudadanía, según lo hizo ver este jueves durante su participación en el programa Red Democrática, del exdiputado Jonathan Prendas Rodríguez.

El abogado penalista, que recientemente participó en el concurso para fiscal general, explicó que desde su perspectiva existe un "traslape de identidades" con el que se le ha hecho creer a la población que algunas problemáticas, como la inseguridad o errores de legislación, son responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, cuando en realidad esos asuntos le son ajenos. Para el experto, esa situación -aunque aclaró que no es la única- deteriora la imagen y credibilidad del Poder Judicial.

Ante ello, el excongresista le cuestionó por qué situación es que existe la percepción de que los jueces liberan a sospechosos, apenas unas horas después de que estos son capturados por la Fuerza Pública; discurso que el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres Carrillo, ha explotado recientemente al ser señalado sobre los históricos índices de violencia que vive Costa Rica.

El exdecisor respondió: "Porque los están deteniendo mal. El juez resuelve con lo que está en el expediente. Hay un aforismo que dice que lo que no está en el expediente, no existe en el mundo. Si en el expediente no se aporta la declaración de la víctima, no se aportan las pruebas de la comisión del delito, no se aporta el informe de antecedentes de la persona, no se señala la ausencia de arraigos personales como trabajo o familia… si no se le señalan al juez, el juez no puede salirse del expediente e ir a buscar la prueba que no le han presentado, mucho menos asumir, que sería gravísimo".

¿Se les puede librar de culpas a los juzgadores de esta decisión? Acuña Blanco considera que no.

"Yo no dudo que hayan jueces que puedan equivocarse, como humanos que son. Pero no creo que sea de la magnitud que plantea Seguridad Pública. Sobre todo, a mí me llama la atención que Seguridad Pública se afana en presentar a personas, cuando a quien le corresponde la investigación y persecución de los delitos cometidos es al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Entonces volvemos al tema. ¿Qué le toca al Ministerio de Seguridad Pública?: Prevenir la comisión de delitos, no llegar cuando el delito se ha cometido. Es evitarlo".

"Y evitarlo no necesariamente significa presentar a una persona tatuada, que estaba parada en una esquina de manera sospechosa, que se parece a alguien que cometió un asalto y decirle al juez: esta es la persona responsable. Eso no es suficiente. Tenemos que hacer un ejercicio que nos cuesta porque estamos del otro lado de la barrera, que es que si nos aplicaran a nosotros esas reglas, perfectamente podríamos estar en prisión, de manera absolutamente injustificada", comentó.

De igual manera, el especialista recalcó que los jueces no deben resolver sobre emociones o lo que una mayoría piense en las redes sociales, sino sobre la racionalidad y el criterio jurídico. De lo contrario, el decisor y la Corte perderían su razón de ser, según el jurista.

Este mismo jueves, Torres Carrillo emprendió una nueva arremetida contra el Poder Judicial, al insistir en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa sobre Limón, en responsabilizar a los juzgadores por las liberaciones de indiciados.

"He dicho, respetuoso del Poder Judicial y con la división de poderes, que no es posible que la gente salga tan pronto de la cárcel. Es que eso no es posible. Recientemente, detuvimos a una embarcación con casi dos toneladas de marihuana y ya están afuera, porque tienen domicilio en Puntarenas, cuando los capturamos casi a 180 millas de la costa. Entonces ese es el pleito de día a día", mencionó el jerarca.

Acto seguido, el ministro sacó una serie de datos del 2022, que apuntan que el 62,95% de los 656 homicidios ocurridos en 2022 (récord en un solo año) se enmarcan en disputas territoriales y ajustes de cuentas.

Detalló que en esos 413 asesinatos, el 53,99% de las víctimas tenía procesos judiciales abiertos y descontaban medidas cautelares. "Por eso lo he dicho en múltiples ocasiones, los delincuentes que cometen delitos violentos y que cometan delitos ligados a la exportación de cocaína o ligados a la venta de drogas, cualquiera que sea, deberían estar en la cárcel, no deberían tener medidas cautelares, porque es lo que nos está dañando el país en este momento", mencionó.