Exinterventores de Infocoop alertan: Riesgos de fraude y conflicto de interés no han terminado

(CRHoy.com) La existencia de un claro conflicto de intereses dentro de la junta directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), representa un riesgo latente de que las anomalías detectadas los últimos años con dineros del cooperativismo vuelvan a ocurrir.

Esa es la conclusión expresada por el excoordinador y ex subcoordinador de la junta interventora de Infocoop, Luis Felipe Aráuz y Luis Emilio Cuenca este jueves en la comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa a dónde acudieron para hablar acerca del proceso de intervención que ha atravesado la entidad.

El problema, según Cuenca, se origina desde la propia conformación de la directiva del Infocoop, compuesta por tres representantes del gobierno y cuatro nombrados por el Consejo Nacional Cooperativo (Conacoop).

El problema que encontraron durante la intervención es que los miembros de la junta directiva de Infocoop son los mismos que aprueban créditos al sector; es decir, pasan a ser interesados directos. Por ello se encontraron casos como el de un crédito avalado por la directiva que beneficiaba directamente a una cooperativa compuesta por hijos de uno de sus miembros.

"Conacoop nombra 4 directivos que a su vez aprueban créditos y servicios para su base social… La ley les permite dominar la aprobación de créditos y eso no existe en ningún banco donde son las comisiones de crédito de forma independiente las que analizan eso. Es un primer llamado, señores diputados, los instamos a interesarse en ese tema porque los directivos de Infocoop aprueban créditos y cuatro ellos luchan además en el campo político para representar sus bases", cuestionó Cuenca.

Durante la intervención se detectó que los directivos aprobaron créditos a tasas mucho menores a las del mercado, hubo manipulación de las tasas de equilibrio y muchas debilidades en los controles.

El exfuncionario recordó que incluso previo a la intervención había mucha oposición a investigar denuncias de presunta corrupción en la entidad. La mayoría de casos fue desechado, pese a que hasta posteriormente el Ministerio Público se involucró en la investigación.

"No había voluntad de esclarecer lo que estaban denunciando funcionarios a lo interno, se desestimaban por ser denuncias anónimas", afirmó Aráuz por su parte.

La entidad se encuentra bajo la lupa en los últimos debido debido al hallazgo de serias anomalías que habrían generado un perjuicio económico de unos ₡9 mil millones.

En 2016 la Contraloría General de la República emitió un informe relacionado con las anomalías en el otorgamiento de crédito y los riesgos asociados al tema.

Entre otros aspectos encontró que la entidad no realizaba una supervisión adecuada, ni de manera periódica, sobre los financiamientos otorgados a las cooperativas en las diferentes líneas de crédito.

Con el análisis de los expedientes de financiamiento se evidenció que en el 100% de los casos las cooperativas incumplieron con al menos uno de los requerimientos de información.

En 2017 la junta interventora informó que la entidad había perdido unos ₡809 millones por un presunto fraude en la garantía de 14 créditos.

Ese mismo año el Ministerio Público tomó el caso y realizó varias diligencias producto de una investigación contra varias personas señaladas por otorgar créditos irregulares.

La entidad se encuentra aún intervenida. El último plazo vence en noviembre próximo.