Empleado firmó facturas de arreglos a motos que nunca se realizaron

(CRHoy.com).— El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) abrió un proceso de investigación por responsabilidad civil contra un exfuncionario quien habría firmado decenas de facturas por más de $730 mil para la reparación de 477 motocicletas, de la Policía de Tránsito, sin que los arreglos se realizaran, supuestamente incurriendo en actos de corrupción y faltas al deber de probidad.

Dicha resolución fue notificada por medio del diario oficial La Gaceta, el pasado 18 de octubre del 2022 y fue dictada por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo, el cual está formado por Paula Angulo Robles, abogada de la Sección de Asuntos Internos; Randy Esteban Obando Mora, abogado del Proceso de Accidentes del MOPT y el Erick Flores Moya, abogado ubicado en el Departamento de Relaciones Laborales.

En la misma se indica que se le atribuye a Arroyo, quien en el proceso está en calidad de investigado, el haber generado un presunto daño a la Hacienda Pública por un monto total de $730.890.

"Supuestamente, por gestionar el trámite para el pago de facturas por concepto de reparación de 477 motocicletas y firmar 241 facturas comerciales emitidas entre el 14 de febrero de 2014 y el 11 de noviembre de 2016, aparentemente sin que las reparaciones se llevaran a cabo, supuestamente incurriendo en actos de corrupción y faltas al deber de probidad", se indica en el documento.

En la resolución se señala que al parecer al exfuncionario no le correspondía suscribir dichos documentos, los cuales primeramente lo hizo junto con otro exfuncionario de apellido Mora, y posteriormente por sí solo, firmando la totalidad de la documentación.

"El exfuncionario aparentemente inició los trámites de reparación en 347 casos, en ausencia de una autorización por parte del Departamento Administrativo de la DGPT (Dirección General de la Policía de Tránsito), endilgándose, en apariencia, la autoridad para mandar a reparar equipos, incumpliendo eventualmente con el apartado No. 3 del procedimiento denominado ‘Mantenimiento y Reparación de Motocicletas por Contrato con Presupuesto del MOPT', el cual señala que el contralor de equipo debía recibir formal instrucción del encargado Administrativo, de previo a coordinar con el mecánico de la Dirección General de la Policía de Tránsito, para poder remitir al taller mecánico las motocicletas para su reparación", se establece en la resolución.

Las investigaciones preliminares sobre estos hechos están consignadas en una relación de hechos No. DAG-RH-22-2019 de la Auditoría General de dicho ministerio.

Dicha relación de hechos establece que a partir del 4 de febrero del 2016, el exfuncionario Arroyo habría firmado documentos que consignaban el diagnóstico de las supuestas averíasd e los equipos, sin la firma de ningún inspector, mecánico o encargado de taller.

Además, se habría atribuido la potestad de emitir el "Reporte de repuestos costos, entradas y salidas del taller (Para Acuerdo de pago)" pero debía contar con la firma del representante del taller encargado de las reparaciones, y esto se incumple en los 477 casos analizados por la Auditoría.

"No obstante, a pesar de la documentación emitida por el funcionario supuestamente para acreditar reparaciones a las motocicletas, los registros de los equipos no consignan ninguna reparación, mientras que algunos de los operarios asignados manifiestan que las mismas nunca se llevaron a cabo", establece el documento.

La investigación de la Auditoría estableció que, presuntamente, incluso a partir del 4 de marzo del 2016 firmó documentos que daban el recibido a satisfacción de las aparentes reparaciones a las motocicletas, "las cuales en apariencia no fueron realizadas a las motocicletas que se describen en las facturas que fueron pagadas por este ministerio".

Ante esto, el Órgano Director del Procedimiento, resolvió dar por iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidad civil para determinar la verdad real de los hechos y comunicar dicha resolución por medio del diario oficial, con el fin de que el exfuncionario Arroyo pueda presentar por escrito las consideraciones que estime pertinentes en su defensa.

El Órgano Director del Procedimiento, además, convocó al exfuncionario a una audiencia para que comparezca en calidad de investigado que se efectuará el 22 de febrero del 2023 en la Sala de Arbitraje del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

"El día de la audiencia oral y privada podrá presentar toda la prueba, documental, pericial y testimonial, así como formular todas las argumentaciones que estime pertinentes, o bien antes, en el entendido de que si la presentación de la prueba fuera antes de la comparecencia, deberá hacerlo por escrito. Igualmente, se le hace saber que de conformidad con el artículo 315 de la ley General de la Administración Pública, la inasistencia injustificada a la comparecencia oral y privada no impedirá que la misma se realice, conforme a los términos legales allí estipulados. De la misma forma, se hace saber al investigado que el día de la audiencia oral y privada deberá comparecer en forma personal y no por medio de apoderado, conforme al artículo 249 inciso d), anotado y concordado con el artículo 248 inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública", señaló el Órgano Director del Procedimiento.