Exfiscal general asegura que causa penal fue fabricada para afectar a Celso, Johnny y Berenice

 

El exfiscal general de la República, Francisco Dall'Anese, quien se desempeña como abogado defensor de la exfiscala subrogante Berenice Smith, aseguró que la causa por tráfico de influencias que su clienta afronta fue "fabricada" para afectar al exmagistrado Celso Gamboa y a ella.

Durante la etapa de conclusiones, Dall'Anese fue el último en presentar sus argumentos finales, en los cuales señaló que la Fiscalía General, en 2017, bajo el mando de la exfiscala general Emilia Navas, habría orquestado un expediente para perjudicar a Gamboa y Smith, y, de paso, afectar al exalcalde josefino Johnny Araya en sus intenciones electorales de 2016.

"Yo lo que dije fue que dio información falsa, que la Fiscalía General le dio información falsa a la periodista y que don Johnny Araya lo que hizo fue tratar de que se corriera su situación personal por una información falsa, que lo ponía como imputado. 

El asunto es que se ha dicho en la acusación, esto lo origina una noticia del 13 de noviembre del 2017 y el expediente anterior en el que don Johnny dijo que no había hecho nada y que se le dio la razón, expediente que lo tenían en la Fiscalía General de la República desde el 8 de noviembre de 2017. 

Es decir, 5 días antes de que saliera la noticia, de manera que es muy extraño que tuvieran un expediente o que nos digan que este proceso en el que estamos ahora surgía de una noticia cuando se estaba ya en investigación en la Fiscalía General 5 días antes", indicó el jurista.

El exfiscal insistió en que supuestamente existieron intenciones de "perjudicar" a Gamboa, quien, para el año en que inició la investigación, afrontaba un escándalo público por sus vínculos con el principal señalado en el caso "Cementazo", Juan Carlos Bolaños, así como otros hechos que le terminaron costando la destitución de su puesto en la Corte Suprema de Justicia.

Según Dall'Anese, para ese momento su clienta, Berenice Smith, era la "heredera natural" a ocupar el cargo de fiscala general, dado que entonces se desempeñaba como segunda al mando del Ministerio Público. Por ello —afirmó— existían intenciones de "quitarla del camino".

"Yo no lo puedo afirmar, pero digamos, viendo los indicios eh hay algo que no encaja, que es lo que le quiero transmitir al tribunal", añadió el exfiscal general.

El abogado también señaló que no existió ilegalidad alguna en girar instrucciones a la fiscala Natalia Rojas para corregir la situación legal del exalcalde, y defendió el actuar de los tres acusados. A su juicio, no se persiguió a otros candidatos y, de manera selectiva, se actuó con una intención política para que Johnny Araya perdiera las elecciones, ya que se intentó realizar el juicio antes del proceso electoral.

Además, aseguró que se fabricó una publicación noticiosa sobre la supuesta eliminación de Araya de otra causa penal previa, con el fin de justificar la apertura de una investigación por tráfico de influencias.

Gamboa y Araya figuran como acusados junto con la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla, de supuestamente realizar gestiones para borrar el nombre del exalcalde en el sistema informático de una causa penal en la que figuraba como imputado.

Finalmente, el Ministerio Público optó por solicitar una sentencia absolutoria, en lugar de pedir una condena de prisión contra los sospechosos. En sentido contrario, la Procuraduría General solicitó una condena y una indemnización de ₡42 millones entre los tres acusados.

Los abogados defensores de Gamboa, Araya y Smith pidieron la absolución por certeza, tanto en el ámbito penal como en el civil, además de una condena al Estado en concepto de costas.

El exministro y exfiscal afronta un juicio por supuesto tráfico de influencias, debido a que, según la Fiscalía, habría orquestado gestiones para eliminar el nombre del exalcalde josefino de una causa penal en la que figuraba como imputado.

Esta acusación corresponde a hechos ocurridos entre 2015 y 2016, pero el juicio se celebra hasta ahora, en julio de 2025, luego de que un tribunal de apelación ordenara repetirlo tras una primera absolución de los tres acusados.