Exdirector de Aviación Civil recibió criterio que declaró ilegal incluir pista de Liberia en decreto de emergencia
El exdirector de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Fernando Naranjo, reconoció que recibió el informe o criterio jurídico, con fecha de agosto de 2023, de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica y el Departamento de Aeropuertos (0451-2023) que advertía de la improcedencia técnica e ilegalidad de incluir la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, en el Decreto de Emergencia por efectos de la tormenta Bonnie.
Las declaraciones las brindó el exfuncionario ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, este lunes.
"Efectivamente señor diputado, mediante un oficio", declaró Naranjo ante la consulta del diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega.
Así mismo, Naranjo reconoció que no elevó lo correspondiente ante la Contraloría General, el Ministerio Público o a la Procuraduría. Aseveró un desconocimiento sobre si correspondía o no a su persona elevar el caso.
En dicho informe, un grupo de expertos recomendaron que no existía nexo causal entre Bonnie y los daños presentados en la pista de la terminal aérea.
El presidente Rodrigo Chaves destituyó a Naranjo, en marzo de 2024, al asegurar que él, el exministro Luis Amador y otros funcionarios, realizaron un "traje a la medida" para la empresa a la cual se le adjudicaron las obras de reparación de la pista.
En la audiencia, el exdirectivo aseguró que dicho informe "no es vinculante" para establecer un nexo de causalidad ante el estado de la pista en cuestión.
Caso Pista Oscura
Sobre este caso denominado "Pista Oscura", la Fiscalía General investiga al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, a los exministros de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador Jiménez y Mauricio Batalla Otárola; la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte, entre otros.
Las presuntas irregularidades que son investigadas por el Ministerio Público en el expediente 24-000454-1218-PE surgieron luego de que se determinara que no existió un nexo causal entre los eventos meteorológicos y los daños posteriores en la estructura de aterrizaje.
La reparación de la pista fue adjudicada a la empresa Constructora MECO S. A., que ganó una licitación por contratación excepcional, pese a que existía una propuesta más barata por parte de la empresa Pedregal.
Asesor de Rodrigo Chaves
Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, reclutó como jefe de asesoría jurídica de su despacho a un abogado de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que, 7 meses antes, fue clave en la propuesta y formulación de un decreto que permitió incluir al cantón de Liberia en la declaratoria de emergencia, con el objetivo de destinar recursos a la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ).
El funcionario de la CNE, Eduardo Castro Mora, pasó a formar parte del equipo de Chaves como asesor legal en Casa Presidencial, luego de impulsar la firma de ese decreto y en medio de los cuestionamientos por la forma en que se ejecutó esa disposición del mandatario, pues existían informes técnicos que descartaban que la pista se hubiera dañado por efectos de las dos ondas tropicales y la tormenta Bonnie, ocurridas en junio de 2023, como se argumentó en el decreto.
Castro Mora ha ostentado la plaza de jefe de asesoría legal de la CNE durante varios años, pero desde febrero de 2024 pasó a las filas del despacho del mandatario.
La firma de la ampliación del decreto ejecutivo por parte de Chaves, gestado por Mora desde la CNE, según el expediente de la contratación, abrió la puerta al gobierno para tomar $39,9 millones del Fondo Nacional de Emergencias y destinarlos a la terminal aérea de Guanacaste, sin necesidad de un refrendo de la Contraloría General de la República (CGR), es decir, sin control previo.
Presentan actas
Sobre el caso, el pasado 29 de mayo, el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), presentó ante la Fiscalía General de la República una copia certificada de las actas de la Comisión de Infraestructura como prueba en los expedientes 24-000030-1218-PE y 24-000454-1218-PE, en los cuales figura como imputado el presidente Rodrigo Chaves, junto con otras 15 personas, entre ellas los exministros Mauricio Batalla y Luis Amador, así como el presidente de la CNE, Alejandro Picado.
"En dichas sesiones de la comisión se recibió en audiencia a varias personas relacionadas con el caso del Aeropuerto Daniel Oduber, brindando sus declaraciones bajo fe de juramento y constando en las actas respectivas de la sesión.
Espero que su contenido resulte de utilidad en la búsqueda de la justicia y la verdad real de los hechos, para que quienes han atentado contra las normas que rigen la función pública, así como el carácter ético y de servicio que la caracteriza, se hagan responsables de sus actos", detalló Ortega en la documentación que facilitó.
