Exdirectivo imputado en Caso Barrenador: “Estoy acostumbrado a dar cuentas de todos mis actos”
Fue el único en hablar tras la audiencia de este miércoles.
Roberto Quirós Coronado, exdirectivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue el único de los 8 imputados en el Caso Barrenador que dio declaraciones este miércoles una vez concluida la audiencia donde se discuten los argumentos de las partes para que el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública resuelva cuáles medidas cautelares interpondrá a los involucrados en el caso.
El exrepresentante de los patronos ante la Junta Directiva de la Caja, sostiene que mientras estuvo en el cargo sus acciones fueron legales.
"Estoy acostumbrado a dar cuentas de todos mis actos después de 40 años en distintas formas de ejercicio en la función pública totalmente probos. En esta etapa del proceso puedo decir algo, pero no lo puedo decir yo, sino mi abogado", mencionó.
Cuando se le consultó sobre posibles presiones para firmar los contratos que se cuestionan en este caso, negó rotundamente que él participara de eso, además dijo que ya no formaba parte de la directiva cuando se avaló tercerizar los servicios de 138 Ebais a 5 cooperativas.
Por su parte, su abogado, German Rojas, insistió en que su cliente no participó de ningún acto ilícito en el proceso de contratación y así lo argumentaron este miércoles ante los jueces.
"En la exposición dejamos absolutamente claro que la teoría del Ministerio Público es infundada, en el caso del don Roberto no pueden demostrar de ninguna manera alguna acción irregular y se va a demostrar en el proceso que las acciones de él fueron dirigidas a salvaguardas los intereses de la CCSS", explicó.
Otro de los defensores que expuso sus argumentos ante el Juzgado fue Rodrigo Araya, quien defiende a Jorge Porras, actual directivo.
El penalista explicó a que su parecer, los jueces deberían desistir de imponer las medidas solicitadas por el Ministerio Público, debido a que aún no se demuestra un golpe a las finanzas de la Caja.
"El Estado no ha tenido ningún perjuicio, por lo tanto, al no haber afectación no debería haber medidas cautelares, pero tristemente esto sí va a afectar los servicios que brindan los Ebais desde hace casi 20 años que se amplían contratos sin licitación, desgraciadamente más de medio millón de personas se van a ver afectadas", comentó.
Este miércoles la audiencia avanzó con la posición de la defensa técnica de los imputados, sin embargo, los jueces del Juzgado Penal de Hacienda suspendieron a las 4 p.m. y retomarán este jueves a las 8.30 a.m.
De momento 5 de los 8 abogados ya expusieron sus alegatos, mientras que los restantes lo harían el jueves en la mañana para dar por concluida esta etapa y esperar a que los jueces resuelvan las medidas.
La FAPTA atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se investiga el caso en la causa 24-000267-1218-PE.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó contra los implicados en el caso, quienes ejercen cargos en la CCSS que sean suspendidos por 6 meses, además que se les ordene impedimento de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Según el Ministerio Público estas personas tomaron la decisión de adjudicar el contrato de administración de 138 Ebais a varias cooperativas pese a que se determinó que las ofertas presentadas por las entidades eran excesivas.
En apariencia el contrato significaría un incremento anual de pago de más de 12.400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución.
