Exclusión educativa y desempleo son “bombas de tiempo” de criminalidad

(CRHoy.com) La exclusión educativa sería un detonante para el aumento de la criminalidad en zonas rurales, donde cada día se experimenta más violencia en centros educativos.

Amenazas, pleitos, e incluso, grupos criminales asechan actualmente al país, y esto genera un mayor impacto en la población estudiantil.

El abandono escolar es un problema en constante crecimiento. Según datos oficiales del MEP, solo en el 2022 se registró la alarmante cifra de 30,000 alumnos que abandonaron las aulas, lo que equivale a un promedio de 2,500 estudiantes por mes.

El hecho de que las personas se desvinculen, aunque sea por unos días, el proceso educativo puede marcar una gran diferencia, por eso es que ahora es donde debemos reforzar las acciones", explicó el jefe de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE), Irving Fernández.

Este fenómeno preocupa a las autoridades educativas, ya que afecta negativamente no solo el desarrollo individual de escolares o colegiales, sino también el futuro económico y social del país.

Asimismo, la situación aumenta aún más con la llegada de las vacaciones, principalmente las de medio periodo, el regreso de los jóvenes tiende a decaer, ya que muchos no vuelven a retomar el estudio posterior al periodo de descanso.

La exclusión de los jóvenes en la educación ha marcado una tendencia en específico, esto en lugares que se encuentran ubicados fuera de la Gran Área Metropolitana, como las zonas rurales.

Por dirección regional, las zonas con mayores porcentajes de exclusión son:

• Cañas (Guanacaste)
• Grande de Térraba (Zona sur del país)
• Guápiles (Limón)
• Zonas fronterizas
• Zona Norte Norte ( San Carlos, Guatuso, Sarapiquí)

El año pasado, las direcciones regionales de San Carlos y Guápiles tuvieron los porcentajes más altos de exclusión educativa.

Inversión en educación

Los recortes presupuestarios en educación marcan una realidad, y es que si no se invierte, más carencias y exclusión se podría experimentar.

El IX Informe del Estado de la Educación, estima que, en términos reales, la inversión social en educación por habitante cayó un 6,4% en el período 2017-2021.

Esto ha impactado los programas de equidad que promueven el acceso y permanencia de la población estudiantil en condición de pobreza en el sistema educativo.

Además, los investigadores en dicho informe advierten que el recorte presupuestario también podría provocar una caída en la cobertura, calidad y pertinencia de los programas de equidad.

Esto ocurre en un contexto donde más del 40% de estudiantes de 4 a 18 años de edad que asisten a centros educativos públicos se encuentran en situación de pobreza.

Creciente amenaza de homicidios en zonas rurales

Por su parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, advirtió en el marco del 3º Foro Académico sobre Seguridad y Convivencia de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, sobre una creciente amenaza en las zonas rurales del país.

Esto porque la exclusión educativa y la falta de empleo podrían ser consideradas como posibles detonantes del aumento de la criminalidad en dichos sectores, lo que estaría creando una "bomba de tiempo" en términos de delincuencia.

Tenemos una pequeña bomba de tiempo ahí, porque hay personas que no tienen las posibilidades reales de tener un buen empleo. (…) no solamente porque no hay empresas que quieren ir ahí, sino porque no hay mano de obra calificada", expresó.

Zúñiga especificó que la situación se agrava al observar que muchas personas en estas zonas carecen de educación secundaria, lo que dificulta la atracción de inversiones y la generación de empleos.

Esto llevaría a un aumento de la criminalidad, especialmente entre los jóvenes, quienes ven en la delincuencia una vía rápida para escapar de la pobreza.

"Los jóvenes ven la opulencia de los cabecillas y buscan la forma rápida de llegar a eso, y ahí es donde se genera la problemática que se experimenta en la actualidad", advirtió Zúñiga.

Asimismo, María Gabriela Alfaro, fiscal Penal Juvenil, dijo en el programa Frecuencia MP, que para los primeros siete meses del año se han reportado 3.034 causas contra menores de edad, de las cuales 310 corresponden a actos violentos en entornos educativos.

La fiscal enfatizó que la violencia juvenil es un problema serio que requiere atención urgente. Es importante destacar que la Fiscalía Penal Juvenil no ha identificado una edad específica en la que los jóvenes comienzan a cometer actos delictivos.

Sin embargo, también resaltó la influencia de múltiples factores, como el temperamento, la falta de control de impulsos, entornos familiares disfuncionales, violencia intrafamiliar, pobreza y falta de apoyo familiar, como otras posibles causas para la oleada de violencia.

Alfaro hizo hincapié en el consumo de psicotrópicos como un factor clave que vincula a los jóvenes con grupos criminales y aumenta su vulnerabilidad al reclutamiento.

"Este es un factor claro de riesgo para agrupaciones inadecuadas, para que sean reclutados por organizaciones criminales, debido a este vínculo con el consumo de sustancias psicoactivas", explicó Alfaro.

Datos y tasas de criminalidad en zonas rurales

Según los últimos datos del corte de homicidios brindados por el OIJ el pasado jueves 14 de setiembre, las zonas rurales serían impactadas directamente por la criminalidad.

Para la provincia de Limón, se reportan 158 homicidios, es decir, 47 más a los registrados en el 2022, lo que significaría un aumento del 42%.

Mismo porcentaje tendría la provincia de Puntarenas, donde se han reportado 101 asesinatos a la fecha, es decir, 30 más que los datos de las autoridades judiciales ocurridos el año anterior.

Sin embargo, y de forma sorpresiva, la provincia de Guanacaste sería la más afectada en cuanto crecimiento de criminalidad durante el último año, ya que para el 2022 se reportaron 43 homicidios, cifra que para el año actual se elevó a 66 casos. Por lo que su promedio porcentual sería del 53%.

Esta información se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Las proyecciones del Organismo de Investigación Judicial detallan que para cuando finalice el 2023, a nivel país se registrarían entre 850 y 900 homicidios en total.