Exviceministro confirma que Presidencia pidió 15 policías para UEI y no descarta que estuvieran dirigidos por Inca Guzmán

Daniel Calderón Rodríguez, exviceministro de Seguridad Pública durante el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, reveló que el entonces ministro, Jorge Torres Carrillo, le solicitó desprenderse de al menos 15 oficiales para ponerlos bajo el mando de la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de Seguridad Pública.

El exjerarca indicó que no descartaba que ese grupo de policías hubiese sido puesto a las órdenes de Eduardo Guzmán López, conocido en el gremio policial como "Inca" Guzmán, quien actualmente opera en Zapote como uno de los hombres de confianza del presidente, con plaza de agente en la UEI.

Guzmán ha sido cuestionado desde el año pasado por, presuntamente, liderar un grupo de policías encubiertos encargados de realizar labores de espionaje político, en conjunto con el director de la UEI, Jeffrey Cerdas Lobo.

El Ministerio Público abrió una investigación contra ignorado, tras recibir una denuncia que señala a ambos funcionarios como responsables de una estructura paralela de espionaje político, supuestamente dedicada a dar seguimiento ilegal a políticos y funcionarios considerados adversarios del presidente Chaves Robles.

El 16 de octubre de 2024, CRHoy reveló que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga el caso. El pasado martes, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, reconoció que tienen conocimiento del tema desde hace varios meses, a partir de información confidencial recibida, la cual forma parte de las diligencias en curso para determinar la posible comisión de delitos como abuso de autoridad y violación de la intimidad.

El caso se tramita bajo el expediente 24‑000761‑0619‑PE, en el cual se señala a Guzmán como "comandante" de una operación de recopilación de información sin sustento legal sobre diputados, magistrados, jueces y otros funcionarios, desde 2023.

Los diputados Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, y Priscilla Vindas, del Frente Amplio, consultaron a Calderón —durante una sesión de la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico— si tenía conocimiento de estos movimientos, y el exfuncionario confirmó los hechos.

"Si lo recuerdo, no preciso la cantidad específica, pero sí. No teníamos tanto recurso, pero era un equipo, no sé, no quiero dar datos inexactos, un equipo pequeño de 10 o 15 personas.

Lo que pasó y que a mí me consta es que llegó una instrucción de sacar un recurso específico para una operación, en ese momento se tenía como prioridad la captura de la persona que se conoce con el alias Diablo y se decidió que se iba a sacar un grupo específico para eso", dijo el exjefe policial.

Zúñiga indicó el pasado martes que recibieron información sobre la operación de ese grupo, el cual, al parecer, se conformó bajo la premisa de capturar a Alejandro Arias Monge, alias "Diablo". Sin embargo, CR Hoy conoció que, mientras el OIJ realizaba labores de vigilancia para intentar detener al prófugo, se toparon con otros grupos que habrían obstaculizado la captura.

Uno de los hechos que alimentó esa sospecha ocurrió en enero de 2023, cuando agentes judiciales tenían cercado al peligroso narcotraficante en Cariari, quien estaba por llegar a la fiesta de una de sus hijas, en esa localidad del cantón de Pococí.

No obstante, aparentemente apareció un vehículo realizando acciones que podrían considerarse de "contrainteligencia", lo cual frustró la operación que llevaba a cabo el OIJ.

Ese día se conoció que "Diablo" escapó por un cementerio de la zona y no pudo ser localizado posteriormente.

Le dieron la orden

Calderón dijo que nunca estuvo de acuerdo con ceder ese personal, sin embargo, hubo una orden que salió de Casa Presidencial para mover a los policías.

"No estuve de acuerdo con esa decisión, principalmente porque es un tema de mando y control, yo no estaba de acuerdo con perder el control de ese recurso y ponerlo a disposición de otra unidad, estoy de acuerdo con la cooperación pero no perder ese recurso. Finalmente, yo lo puse a disposición del ministro, pero yo salí un mes después.

No sé quién dio directamente la orden, le puedo hablar de lo que me dijo el ministro, sé que fue a partir de una reunión de Casa Presidencial, pero no sé quién le dio la orden a él", dijo.

El exjerarca desconoce si después de su salida los oficiales se quedaron en la UEI y fueron devueltos a sus cargos en el MSP.

Uso de carros

El martes, Nicolás Alvarado denunció la presunta existencia de esa estructura de espionaje político dentro del Gobierno. Según el legislador, dicha red operaría desde la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), utilizando vehículos encubiertos y funcionarios con fines que podrían estar relacionados con persecución política y espionaje interno.

Sin embargo, posteriormente Zúñiga reveló que habría más cuerpos policiales involucrados en estos hechos, según informaciones que recibieron.

El diputado expresó su preocupación por la falta de control sobre estos automotores, ya que, según afirmó, circulan sin placas, sin rótulos y sin registros de su uso, lo que los convierte en "vehículos fantasmas".

"Estamos ante vehículos fantasmas, que no responden a ninguna línea de supervisión democrática, sin bitácoras de registro de sus movimientos, y que podrían estar siendo utilizados para seguir, intimidar o presionar a quienes no se alinean con el discurso oficial, como en mi caso", denunció Nicolás.

De acuerdo con el documento entregado al legislador, 19 vehículos fueron asignados a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y otros 10 a la Unidad de Protección Presidencial (UPP), todos sin placas ni rotulación oficial. Sin embargo, posteriormente se conoció una lista de 30 vehículos que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) entregó a Casa Presidencial mediante un convenio.

El diputado Francisco Nicolás advirtió que estos automotores carecen de fiscalización y podrían estar siendo utilizados en operaciones encubiertas de vigilancia y seguimiento de funcionarios, incluidos miembros de los supremos poderes.

No obstante, este jueves, Fernando Ramírez, director del ICD, aseguró que los vehículos pueden ser utilizados de forma discrecional, siempre y cuando se destinen a funciones propias de la naturaleza del trabajo del despacho al que fueron asignados.

Además, señaló que el convenio que autorizó el traspaso de estos vehículos fue firmado durante el gobierno anterior, pero dicho acuerdo se actualiza "cada cierto tiempo" de forma automática, lo que confirma que la administración de Rodrigo Chaves Robles mantuvo el interés en conservar dichos vehículos bajo la administración del Ministerio de la Presidencia.

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