Estudio: Reglamento de ciberseguridad 5G provocaría aumento del 40% en tarifas

(CRHoy.com).-La aplicación del reglamento de ciberseguridad para redes 5G provocaría un aumento de precios en las tarifas que pagan los clientes a las compañías de telefonía móvil.

A esa conclusión llegó la Evaluación del Impacto Económico de la Exclusión de Proveedores en las Inversiones de las Redes 5G en Costa del Centro Internacional de Política Económica Para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).

El estudio académico determina que no solo los abonados del servicio de telecomunicaciones se verán afectados, sino también los operadores que tendrán que incurrir en una mayor inversión en infraestructura tecnológica.

Marco Otoya, economista director del programa docente del Cinpe, calcula que las tarifas se podrían incrementar hasta en un 40%.

"Esto depende de muchos factores, de cómo estos costos se logren distribuir en los diferentes servicios de telefonía móvil prepago, postpago, Internet y cómo se van a distribuir entre los usuarios residenciales, comerciales o industriales", señala el especialista.

En riesgo

"Entre más competencia tenemos, de alguna manera lo que vamos a estimular es la innovación, a tener precios más competitivos y garantizar una mayor diversidad en la oferta a recibir, por supuesto más economías de escala permiten reducción de costos.

Si restringimos a un número pequeño de proveedores, probablemente vamos a terminar comprando equipos más caros y no necesariamente los de mejor nivel en el mercado", explicó por su parte el economista Leiner Vargas.

También menciono riesgos que corre el país por incluir en el Decreto No. 44196-MSP-MICITT el Convenio de Budapest, que impide a empresas basadas en países que no lo hayan firmado, participar como proveedores de equipos de infraestructura de telecomunicaciones.

El acuerdo internacional no tiene nada que ver con ciberseguridad, sino con lucha contra el cibercrimen, pero excluye la participación a compañías como Huawei ofrecer soluciones tecnológicas, ya que su casa matriz está en China, país que no ratificó el tratado.

"La trayectoria tecnológica del país está en riesgo, puede que ser que restrinjamos a un proveedor y terminemos comprando tecnología que no logra salir adelante en el mercado en la quinta, la sexta o sétima generación de Internet, lo que significa que hicimos una inversión altísima sumamente riesgosa.

Las estrategias corporativas de los operadores ya se han venido de alguna manera alineando hacia las empresas que están en la punta del desarrollo tecnológico, algunas de esas empresas están en Asia y la gran pregunta es ¿por qué virar hacia empresas de otros países? No se necesita restringir al operador en su estrategia tecnológica, si esta le dice que debe comprar en Occidente, en Estados Unidos, Europa o Asia, los equipos, que haya una libertad del operador para hacerlo de acuerdo con su estrategia corporativa, lo que se hace al restringir proveedores es limitar esa estrategia a lo que tengan disponible las empresas que queden en el marco de estos límites", detalló Vargas.

En ese sentido coincidió su colega Donald Miranda durante la presentación del análisis.

"De continuar con la implementación del decreto ejecutivo tiene implicaciones económicas, implica una barrera al mercado de telecomunicaciones nacional que restringe la oferta y esta restricción trae incrementos en costos de inversión que son trasladados a los usuarios.

Si el decreto restringe la participación de países no firmantes del Convenio de Budapest, entonces implicaría para el país un costo adicional de sustitución de las redes actuales, esos costos son trasladados a los diferentes usuarios, llámense residenciales, comerciales, industriales y el propio Gobierno", manifestó Miranda Montes con base en modelos matemáticos, que indican que se elevaría la tarifa para los abonados hasta en un 40%.