Estudio: Aplicación del impuesto mínimo global afectaría la economía costarricense

Un reciente estudio reveló que, si Costa Rica aplica el impuesto mínimo global (IMG) del 15 %, podría afectar la economía nacional.

El establecimiento de ese tributo fue acordado por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de los 20, en octubre de 2021, con el fin de gravar las utilidades de las multinacionales.

La propuesta busca evitar que las empresas trasladen sus beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación, promoviendo así una mayor equidad fiscal y reduciendo la competencia tributaria a la baja entre países.

En Costa Rica, la aplicación del impuesto debió iniciar en 2024. Sin embargo, las autoridades aún no han resuelto su implementación para 499 compañías transnacionales que operan bajo el régimen de zonas francas.

Según la investigación elaborada por María del Pilar Ugalde, del Observatorio Nacional de Investigación en Ciencias Económicas y subdirectora de la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad Hispanoamericana (UH), son cuestionables la efectividad y los alcances del IMG para el país. Además, advierte que esta medida generaría una tensión fundamental entre la adhesión a estándares internacionales y la defensa de la autonomía fiscal.

"Este estudio busca comparar dos momentos históricos con políticas fiscales contrastantes: la administración de Rodrigo Carazo (1978–1982), caracterizada por una crisis económica profunda, y el contexto actual tras la adhesión de Costa Rica a la OCDE y la implementación del impuesto mínimo global. La comparación permite identificar patrones, evaluar la evolución de la política fiscal costarricense y analizar el impacto de los marcos internacionales en la toma de decisiones económicas", explicó Ugalde.

A criterio de la investigadora, las autoridades costarricenses carecen de los insumos necesarios para validar las ventajas y desventajas de este nuevo tributo.

"El impuesto mínimo global puede generar grandes cambios en la política fiscal de Costa Rica, pero no se cuenta con datos sobre las utilidades empresariales, por lo que no se comprende cómo puede justificarse su implementación sin un estudio técnico", advirtió.

Otro punto clave es el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Fiscal Global, hecho que genera incertidumbre sobre el futuro del IMG, ya que el acuerdo tenía como fin gravar a empresas con una facturación superior a los 750 millones de euros, en su mayoría estadounidenses y algunas con sede en Costa Rica. A raíz de esta decisión, dichas empresas quedarían exentas, lo que socavaría drásticamente el potencial de recaudación del impuesto y su justificación.

Además, esta medida obliga a evaluar las políticas fiscales desde una perspectiva de impacto social. Según Ugalde, la aplicación de estos estándares podría excluir a poblaciones vulnerables. Recordó que, durante el primer trimestre de 2025, la población ocupada en Costa Rica alcanzó un total de 2.211.416 personas, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De esta cifra, aproximadamente 823.998 personas —lo que representa un 37,3 %— se encontraban en condiciones de empleo informal, es decir, sin acceso a derechos laborales como seguro social, contrato formal o protección legal en el trabajo.

"Esta alta proporción de informalidad refleja un desafío estructural del mercado laboral costarricense, que limita la calidad del empleo y la inclusión social, y plantea retos importantes para la sostenibilidad del sistema de seguridad social y la recaudación fiscal", añadió.

El estudio también señala que la aplicación del IMG tendría efectos sobre la inversión extranjera directa (IED).

"En el caso de Costa Rica —país históricamente competitivo mediante regímenes especiales como zonas francas—, este nuevo escenario plantea interrogantes críticas sobre el futuro de su sistema tributario", indicó Ugalde, quien insistió en que el país ofrece ventajas como el recurso humano calificado, la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y su consolidación como hub tecnológico, lo cual podría mitigar la dependencia de este tributo.

La investigadora plantea las siguientes recomendaciones:

• Desarrollar estudios técnicos exhaustivos sobre el impacto potencial del impuesto mínimo global en la recaudación fiscal costarricense, diferenciando sectores, tipos de empresas y escenarios económicos, antes de comprometer su implementación formal.
• Revisar y fortalecer el sistema estadístico nacional para recolectar y publicar datos confiables sobre las utilidades de las empresas multinacionales, en especial aquellas bajo el régimen de zonas francas, como insumo esencial para una política tributaria informada.
• Adoptar el impuesto mínimo global desde una perspectiva estratégica y soberana, asegurando que la eventual recaudación quede en manos del Estado costarricense mediante un impuesto mínimo doméstico calificado, evitando así que otros países capten esos recursos.
• Acompañar cualquier reforma fiscal derivada del impuesto mínimo global con medidas compensatorias para las pequeñas y medianas empresas, así como mecanismos que prevengan el traslado de la carga tributaria al consumidor final.