Estudio: 6 de cada 10 ticos no apoyan matrimonio gay
Población usa las redes sociales para informarse
Un poco más de la mitad de la ciudadanía no está de acuerdo con el matrimonio civil y uniones de hecho entre personas del mismo sexo, según lo revelan los datos de la encuesta de Percepción sobre aspectos de la coyuntura y culturas políticas en Costa Rica 2018, del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), de la Universidad Nacional (UNA).
El 55.7% de los encuestados (558 personas), desaprueba estas uniones, mientras que el 20%(200) mostró opiniones favorables.
En el caso de el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, el porcentaje de opiniones negativas fue de 59.4% y el 20% lo aprueban.
José Andrés Díaz, Coordinador del estudio, indicó que en términos generales, la aprobación corresponde a menos de la tercera parte de la población encuestada (1003 personas).
La primera pregunta de la encuesta fue sobre el conocimiento sobre la resolución de la Sala Constitucional en esta materia, a lo que el 76% respondió estar bastante informado, el 23% desconocía el tema y solo un 1% no respondió.
Según Díaz, las redes sociales y la campaña política anterior tuvieron un papel trascendental en la coyuntura.
¿Cómo califica la decisión tomada por la Sala IV de remitir a la Asamblea Legislativa este caso para adecuar el marco jurídico de las uniones entre personas del mismo sexo en un periodo de 18 meses?.
Los investigadores de la UNA también establecieron una línea de tiempo de hechos favorables en materia de derechos entre personas del mismo sexo.
Se encuestó a 1003 personas por medio de llamas a teléfono celular, entre el 31 agosto al 10 de setiembre de 2018.
En noviembre de este año, los magistrados de la Sala Constitucional emitieron una sentencia en la que "invitan" a los diputados a generar leyes sobre la unión de dos personas del mismo sexo en un plazo máximo 18 meses. Si no hay acuerdo y se vence el tiempo la unión será legal automáticamente, es decir no se hará diferente entre el sexo de las personas para celebrar e inscribir los matrimonios.
Los magistrados acordaron que los diputados deben legislar apegados a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de enero anterior, que establece que el Estado debe garantizar los mismos derechos a las parejas heterosexuales y homosexuales.
