Estructura paralela pagó alquileres, planillas, hospedajes, viáticos, agua y luz de campaña de Chaves
Muchas de las devengaciones se hicieron después del 19 de setiembre, cuando Chaves había sido oficializado como candidato.
Archivo CRH
El Fideicomiso Costa Rica Próspera (CRP), con el cual se financió aparentemente de forma ilegal la campaña de Rodrigo Chaves Robles, no se usó solo para pagar unos muebles y banderas, como intentó hacerlo creer el abogado del mandatario, José Miguel Villalobos.
Una serie de movimientos bancarios expuestos en el Informe Final del Tribunal de Elecciones (TSE) sobre las presuntas violaciones cometidas por Chaves al Código Electoral son claras al enumerar un sinfín de servicios que se costearon con dinero ingresado a esa herramienta financiera, que según las autoridades se usó como una de las dos estructuras paralelas.
Villalobos dijo el pasado lunes en el Canal Opa, que con fondos el fideicomiso investigado solo se pagaron "pichuleos" que quedaron al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), haciendo alusión a que eran gastos mínimos como mobiliario, sin embargo, en el documento elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del TSE, se enumeraron una serie de cuentas saldadas por rubros distintos.
El defensor de Chaves en su más de 40 causas penales, dijo que después del 19 de setiembre, cuando se ratificó su candidatura solo se efectuaron pagos de gastos adquiridos antes de la oficialización u otros pequeños como "banderas y serigrafía por contrato anterior", una gira de Manuel Morales como candidato a diputado, o gasolina.
"(…) con dineros del fideicomiso se compraron unos activos que quedaron a la orden del partido, eso son unos muebles que no valen 200 mil pesos, que sí se compraron con fondos del fideicomiso. El Código Electoral dice que aquellos aportes en especie, que no sea en dinero, solo se tienen que reportar cuando excedan dos salarios bases, es decir 860 mil colones, lo que no exceda ni siquiera tendría que reportarse", dijo Villalobos.
Sin embargo, el levantamiento tributario que se le hizo a ATA Trust Company S.A., administradora de "CRP" reveló otros montos relacionados con la campaña de Chaves como alquileres, pagos de recibos de servicios públicos, seguridad privada, pagos de planilla, pagos de agencias de comunicación, viáticos a giras, gasolina, carros, "horas adicionales", liquidaciones, fotografías, entre otros.
El documento de la investigación realizada en el TSE añade una tabla de gastos asumidos por el fideicomiso del grupo CRP "que presuntamente beneficiaron al señor Chaves Robles o el partido Progreso Social Democrático", mismos que fueron reconocidos por el fiduciario ATA Trust Company S. A., como parte del fideicomiso CRP, entre el 25 de febrero y el 8 de octubre de 2021.
Los detalles incluidos desmienten la posición de Villalobos al desvirtuar lo investigado, pues se confirman que hay mucho más que sillones, gasolina y banderas entre los montos registrados después del 19 de setiembre, los cuales sumados llegan a más de ₡8 millones y $31.165 (₡15,5 millones al tipo de cambio actual).
El registro de gastos adicionales de las cuentas bancarias oficiales del fideicomiso CRP, que manejó la empresa ATA Trust Company S. A., en su condición de fiduciario, entre el 25 de febrero y el 8 de octubre de 2021 revela montos mucho más elevados, pero las cifras incluyen los movimientos de dinero que se hicieron desde que se inició el CRP.
"A la luz de los hallazgos identificados bajo los números 52, 53, 61 y 62, se desprende que en las cuentas bancarias de ATA Trust Company S.A., reservadas para la operación del fideicomiso del grupo "Costa Rica Próspera", se habrían recibido, al menos, ingresos -de personas físicas y jurídicas nacionales, además de presuntas personas físicas extranjeras y otras fuentes precisar- que ascienden a $62.010.239,00 (sesenta y dos millones diez mil doscientos treinta y nueve colones exactos) y $348.182,50 (trescientos cuarenta y ocho mil ciento ochenta y dos dólares americanos con cinco centavos).
Por su parte, se pudo identificar el pago de bienes y servicios de naturaleza político-electoral que ascienden a 47.733.108,60 (cuarenta y siete millones setecientos treinta y tres mil ciento ocho colones con sesenta céntimos) y $98.741,44 (noventa y ocho mil setecientos cuarenta y un dólares americanos con cuarenta y cuatro céntimos) para el período comprendido entre febrero y octubre de 2021", dice el informe.
Eso también quedó demostrado con correos electrónicos que la ahora diputada Luz Mary Alpízar, quien fungió como presidenta del PPSD, donde ella reconoce que el fideicomiso del grupo CRP "sufragó bienes y servicios de naturaleza electoral (incluyendo de organización y capacitación política), después del 4 de julio de 2021, que -a juicio de ella- debían reportarse a este Tribunal Supremo de Elecciones a nombre de la agrupación política".
Alpízar admitió que desde ese momento ya se recaudaban fondos para promover la candidatura de Chaves, pese a que el discurso de la defensa del mandatario alega que se oficializó su postulación en setiembre.
La investigación incluye comunicaciones mediante a los correos presidencianacional@progreso.cr, con copia a secretariageneral@progreso.cr y tesorerianacional@progreso.cr, con intercambios de información entre el 28 y 30 de julio de 2021, con Sofía Agüero Salazar
"Considerando que es fin de mes requerimos terminar el informe de julio, para lo que te agradezco me envíes escaneadas las boletas de donación. Agradezco me entregues a más tardar el próximo viernes en la mañana las boletas de donación firmadas en papel de puño y letra o las que
tengan firma digital me las pases por esta vía.
Delitos electorales
Las conclusiones de la investigación elaborada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE evidencian la presunta comisión de delitos relacionados con la captación de recursos de particulares y el pago de bienes y servicios sin que estas operaciones pasaran por las cuentas del PPSD, en contra de lo que establece el Código Electoral, a partir de 2 presuntas estructuras paralelas de financiamiento. Los delitos investigados son penados, en algunos casos con hasta 6 años de cárcel.
En el caso del presidente Chaves, el informe cita que habría incurrido en una violación al artículo 273 del Código Electoral, por presuntamente recibir donaciones para el partido político Progreso Social Democrático (PPSD) a espaldas de la tesorería de la organización política. Dicho delito tiene una pena de 2 a 4 años de cárcel.
El TSE encontró que este delito se pudo cometer cuando Chaves, en su condición de constituyente del fideicomiso Costa Rica Próspera, invitó a recibir depósitos a las cuentas de ATA Trust Company S.A., siendo ya candidato electo por el partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Por este mismo delito y la misma situación fueron investigados los empresarios y donantes de campaña: Jack Loeb, Andrés Vásquez y Alonso Vargas Araya, todos representantes del fideicomiso investigado. También al canciller de la República Arnoldo André.
Además, al presidente Chaves se le relaciona con la supuesta violación al artículo 275, que tipifica las contribuciones privadas ilegales. En este caso, se le señala por recibir donaciones para su campaña a través de "una estructura paralela y evadiendo los controles del partido político". Por este mismo delito se le señala a la diputada Alpízar, quien ahora es independiente.
Por este mismo delito también está siendo señalado el vicepresidente Brunner, pues el informe del TSE logró determinar que conocía sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso Costa Rica Próspera y no lo denunció.