Estos gobiernos fueron los que crearon más pluses salariales
En lo que va del gobierno de Alvarado han nacido al menos 25 nuevos incentivos
6 de cada 10 incentivos al salario actualmente vigentes en el Estado costarricense, fueron aprobados o entraron en vigencia en gobiernos de Liberación Nacional (PLN).
El dato corresponde a al menos 748 incentivos vigentes de un total de 1234 cuantificados recientemente por la Contraloría General de la República avalados en las últimas 18 administraciones, desde Otilio Ulate en 1949 hasta este año con Carlos Alvarado.
En gobiernos verdiblancos, el segundo mandato de Óscar Arias fue determinante en la creación de pluses. Solo en el periodo 2006-2010 vieron la luz 155 nuevos incentivos, lo que representa cerca de un 12% del total. Esto lo ubica además como el presidente en donde más pluses se crearon en toda la historia reciente del país, incluso sin contar su primera administración entre 1986-1990, cuando se crearon 64 más.
Los incentivos al salario se aprueban especialmente a partir de una negociación entre sindicatos o trabajadores con los ministros o jerarcas de entidades para establecerlos en las convenciones colectivas o bien en reglamentos o estatutos en donde las convenciones no existen. Es decir, en todos los casos ha existido el beneplácito de la Administración.
Los 1.234 beneficios aprobados a entidades específicas corresponden a 260 tipos de pluses distintos.
En estas categorías entran anualidades, recargos por servicios adicionales, por riesgos profesionales, sobresueldos por estudios, incentivos por zonajes, reconocimiento de pagos semanales o quincenales, dedicación exclusiva, incentivos académicos, incentivos por tener un rol de coordinador, incentivos por competitividad laboral, sobresueldo por tener personal a cargo, índice gerencial, plus por buceo, complemento salarial por especialidad, entre muchos otros más.
En el caso de la administración Arias, el primer beneficio que entró a regir fue en la municipalidad de Carrillo, Guanacaste. Corresponde a un sobresueldo del 45% sobre el salario base pagadero a los servidores de nivel profesional para que no ejerzan de manera particular la profesión. En 2017 este sobresueldo significó para ese municipio un gasto de ₡90,6 millones.
En ese cuatrenio vieron la luz otros incentivos, como por ejemplo el de ascensos temporales en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el pago de un 55% adicional en el Banco hipotecario de la Vivenda (Banhvi) por prohibición, el pago de un sobresueldo del 15% a quienes ejercieran actividades subacuáticas en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), o el pago adicional a los trabajadores de Japdeva por el "esfuerzo adicional" que implica ayudar a que atraquen buques de grandes dimensiones.
Este último incentivo significó para Japdeva, en 2017, ₡86,5 millones.
Los gobiernos de Unidad Social Cristiana (PUSC) acumulan por su parte representan el 22% de los incentivos aprobados en la historia reciente del país con al menos 278.
Fue la administración de Abel Pacheco la más displicente con el sector laboral público, por cuanto en ella surgieron al menos 131 pluses salariales, de acuerdo con las cifras de la Contraloría, un 10% del total.
De hecho, la cifra deja a la de Pacheco como la tercera administración en la historia reciente con más incentivos avalados, superada -además de la de Arias en el primer lugar- por la de Luis Alberto Monge entre 1982 y 1986
La administración de Pacheco estuvo caracterizada especialmente por la entrada en vigencia de múltiples beneficios de prohibición, entre otras en entidades como el Banco Popular, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Racsa, Banco de Costa Rica, Infocoop, INS, ICODER, las superintendencias, el INVU y varias municipalidades.
Uno de los pluses más pesados que vieron la luz en esa administración fue el del pago de un 22% adicional en favor de los profesionales en ciencias médicas que laboran en funciones sanitarias de hospitales y el área administrativa. A la Seguridad Social esto le significó el pago de ₡25.228 millones en 2017 según el ente contralor.
Los gobiernos de Acción Ciudadana (PAC) no escapan a esta realidad. Desde mayo de 2014 con Luis Guillermo Solís a agosto pasado ya con Carlos Alvarado en el poder, han entrado en funcionamiento o aplicado cambios en 119 entidades, para un total del 9,6%.
Cuando Solís fue presidente entraron en vigencia al menos 13 recargos de diversa índole a trabajadores del Ministerio de Educación, se autorizó el pago de ₡556 por riesgo operacional para cada uno de los 76 funcionarios de las tripulaciones de los remolcadores en la terminal Hernán Garrón de Japdeva (₡93 millones en 2017) o bien la remuneración adicional que se reconoce a los vendedores de las tiendas libres del IMAS en el aeropuerto, lo cual significó en 2017 un pago extra de ₡187 millones.
Marta Acosta, contralora general de la República, llamó la atención a la necesidad de establecer un reacomodo a nivel salarial que permita manejar de mejor manera los gastos que estos incentivos generan. Según señaló, y así lo dio a conoce en un reciente informe del ente contralor, de los 260 tipos de pluses existentes, solo siete están ligados a una evaluación de desempeño.
