Este es el delito por el que la DEA investigaba a Celso Gamboa desde 2020

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), agencia antinarcóticos de Estados Unidos, le seguía los pasos desde 2020 a Celso Gamboa, abogado reconocido y sospechoso de trasiego internacional de drogas.

Este sujeto, quien ocupó los más altos cargos de la función pública, tales como ministro de Seguridad Pública y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, enfrenta un proceso de extradición solicitado por EE. UU. para ser enjuiciado ante un tribunal en Dallas, Texas.

CR Hoy consiguió acceso a información contenida en la petición de extradición, con base en la cual Gamboa fue capturado este lunes y se le dictaron dos meses de prevención provisional mientras se resuelve su situación legal.

El exjerarca figura en el mismo expediente penal que Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, un exconvicto narcotraficante del Caribe Sur. A ambos se les investiga por el delito de conspiración para traficar cocaína hacia territorio estadounidense.

Según la investigación de la DEA, Gamboa y López supuestamente fabricaron y distribuyeron una cantidad indeterminada de droga, además de conspirar para enviarla a Estados Unidos.

La acusación se sustenta en información confidencial aportada por dos colaboradores de Gamboa, quienes lo señalaron como un narco regional que lideraba el envío de droga hacia Norte y Centroamérica, presuntamente.

Los implicados incluirían a un colombiano y dos hondureños vinculados a la banda La H, ya extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos por tráfico internacional de estupefacientes.

La documentación sostiene que Celso Gamboa brindaba apoyo logístico a esta organización, utilizando su conocimiento y presunta influencia en el Servicio Nacional de Guardacostas y en el manejo de escáneres portuarios, gracias a su trayectoria en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Sin embargo, el requerimiento de la DEA indica que Gamboa habría traicionado a sus socios, facilitando información a las autoridades estadounidenses, lo que derivó en la captura y extradición de esa célula criminal que operaba en el Caribe costarricense.

Según el expediente, tras la detención de los extranjeros, Gamboa asumió el control de las operaciones junto a otro individuo con experiencia en actividades ilícitas, consolidando así su posición dentro de la estructura criminal.

Celso Gamboa ocupó varios de los cargos más importantes para combatir el crimen y la inseguridad en Costa Rica. En el Ministerio Público comenzó como asistente del fiscal general y luego fue fiscal en localidades como Siquirres, Limón y la Zona Sur.

También fue fiscal adjunto (jefe provincial) en Cartago, Alajuela, San José y Limón. En 2004 intentó ser juez penal, pero no lo consiguió.

Fue viceministro de Seguridad, comisionado antidrogas y jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) durante el gobierno de Laura Chinchilla Miranda.

En 2014 asumió como ministro de Seguridad en la administración del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera. No completó un año en ese cargo y regresó a la Fiscalía.

Asumió como subjefe nacional del Ministerio Público gracias al apoyo del entonces fiscal general Jorge Chavarría Guzmán, quien lo consideraba "como un hijo".

En 2016 se convirtió en magistrado propietario de la Sala Tercera de Casación Penal, asegurando un puesto en la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano judicial del país. Su salida fue estrepitosa debido a su vínculo con varios escándalos.

Más recientemente, ha defendido a narcotraficantes de alto perfil en Costa Rica, como Pancho Villa, Turesky, Pecueca, Press, Pecho de Rata e incluso al dictador venezolano Nicolás Maduro, señalado por EE. UU. como líder del Cartel de los Soles.

Ahora espera que un juez de la República emita una resolución sobre su extradición a Estados Unidos.

Conspiración para traficar

De acuerdo con las leyes federales de EE. UU., el delito de conspiración abarca la planificación y el acuerdo entre dos o más personas para participar en la distribución o fabricación de cocaína u otros estupefacientes.

Este cargo no requiere la consumación efectiva del delito, ni es necesario vincular a una persona con un cargamento o decomiso específico para enjuiciarla. Basta con el acuerdo y un acto manifiesto para promover la conspiración, lo cual puede ser suficiente para el procesamiento.

La legislación estadounidense está diseñada para perseguir no solo a quienes manipulan físicamente la droga, sino también a quienes organizan o facilitan dichas actividades. Este alcance amplio permite que muchas personas enfrenten cargos graves incluso si su papel fue menor.

Para procesar con éxito un cargo de conspiración, la autoridad judicial debe probar varios elementos clave, como la existencia de un acuerdo entre al menos dos partes para cometer el delito.

Este acuerdo no tiene que ser formal ni escrito; pueden ser suficientes los acuerdos verbales o incluso entendimientos implícitos. También debe comprobarse que hubo intención de cometer el delito.

Cada parte implicada debe haber tenido la intención de participar en la conspiración y de llevar a cabo el delito subyacente, que en este caso es el tráfico de cocaína. Esta intención es un componente crucial que la fiscalía debe demostrar más allá de toda duda razonable.

Otro elemento esencial es la realización de un acto manifiesto para promover la conspiración. Este acto puede ser menor —como una llamada telefónica o una reunión— y no tiene que ser ilegal en sí mismo, pero debe evidenciar el compromiso de las partes con la conspiración.

Para determinar la pena, las pautas federales de imposición de sentencias proporcionan un marco estructurado que toma en cuenta diversos factores que pueden influir significativamente en la severidad del castigo.

Entre ellos destaca la cantidad de cocaína involucrada. Cantidades mayores pueden conllevar penas de prisión más largas y multas más elevadas, dada la amenaza que representan para la seguridad pública.

También se considera el papel desempeñado en la conspiración. Quienes actúan como líderes u organizadores enfrentan penas más severas en comparación con aquellos que tienen un rol menor o periférico.

La historia criminal es otro factor determinante: los antecedentes penales pueden agravar las penas. Los reincidentes tienden a recibir castigos más severos, lo que subraya la importancia de no tener antecedentes.

Finalmente, la presencia de armas de fuego constituye un agravante. Esta presencia suele indicar un mayor nivel de amenaza y organización, lo cual puede elevar sustancialmente la pena impuesta.

Justamente los tres testigos —extraditados desde Costa Rica— declararon ante el Tribunal de Dallas que poseen evidencia directa para vincular a Gamboa con las actividades criminales.

Entre las pruebas ofrecidas se encuentran comunicaciones por teléfono celular, donde se discuten presuntos negocios ilícitos y la logística de los traslados de droga. Además, manifestaron su disposición a declarar formalmente ante las autoridades estadounidenses.

Los testigos afirman que Gamboa obtenía ganancias mensuales que oscilaban entre los $500 mil y los $2 millones, producto de su rol en la red de narcotráfico, cifras que aseguran poder respaldar con documentación y pruebas digitales.

El exministro conoció estos y otros detalles durante la audiencia que enfrentó la tarde de este martes, en la cual no aceptó su extradición voluntaria.

Este plazo de retención permitirá que un juez costarricense tramite la solicitud de extradición. La tarde de este martes comenzó la audiencia para iniciar el análisis y poner en conocimiento de la solicitud a los involucrados.