Este era el rol de funcionarios judiciales implicados en caso Madre Patria
Juez activo asesoraba a organización y prestaba empresas para lavado de dinero
Cuatro empleados activos y 2 exfuncionarios del Poder Judicial están dentro de la lista de personas arrestadas durante decenas de allanamientos este martes, para desmantelar una banda presuntamente dedicada a fraudes registrales, corrupción y lavado de dinero.
El denominado caso "Madre Patria", implica a estas seis personas que han mantenido vínculos con la administración de justicia y que supuestamente de alguna forma tuvieron posiciones importantes dentro de la red delictiva, según detalló el director del OIJ, Randall Zúñiga.
Un juez de apellido Venegas Marín figura como uno de los imputados de mayor perfil dentro de la causa. Él labora en el Juzgado Penal de Desamparados y tiene 24 años de ser funcionario judicial. La investigación apunta a que su rol dentro de la banda era asesorarlos sobre trámites judiciales: aparentemente revisaba los documentos para asegurarse que tuvieran todos los requerimientos legales para un proceso expedito.
Este funcionario judicial también es inculpado porque en apariencia, facilitaba empresas privadas como outlets o transporte de mercancías hacia puertos, con el objetivo de legitimar las ganancias generadas con los fraudes.
CRHoy.com reveló este martes que Venegas Marín fue sancionado con 25 días sin goce salarial por parte de la Contraloría General de la República, tras omitir en su declaración jurada de bienes, que participaba en cuatro sociedades anónimas con fines comerciales entre 2014 y 2022.
En dichas sociedades anónimas, el juez ostentaba cargos como: secretario, fiscal o presidente. La Contraloría también señaló al funcionario de omitir "forma reiterada" la información requerida sobre las operaciones bancarias en las que se constituyó como fiador en los períodos comprendidos entre 2018 y 2022.
Adicionalmente, hay un técnico de Archivo Criminal implicado porque en apariencia, consultaba en los sistemas del OIJ con el número de la causa penal para confirmar si estaba en indagaciones o no. Un funcionario técnico más de la Defensa Pública mantenía prácticas similares.
La lista de trabajadores judiciales activos la cierra una técnica del Juzgado de La Unión, que justamente fue allanado el pasado viernes, en el cual se detuvo al juez apellido Sánchez que trabaja con ella, por otro caso aparte de presunta corrupción. Él permanece en prisión preventiva por un mes.
De los que ya no trabajan en el Poder Judicial, se detuvo a un exjuez que se jubiló hace cinco años y el otro era investigador del OIJ, que renunció hace poco más de un año.
Españoles irregulares
Los dos supuestos líderes de la estructura criminal son un hombre de apellido León Muñoz de 41 años y una mujer de 42 años, ambos de origen español. Según el director del OIJ, ninguno de ellos tenía una condición migratoria regular en el país y apenas están en trámites para estar con todas de la ley.
León Muñoz contaba con una colección de 33 relojes de alto valor y en su vivienda se decomisó un fusil tipo AR-15, un arma de gran poder destructor. Su captura ocurrió en una exclusiva zona residencial en Belén, Heredia. También se incautaron 38 vehículos de lujo en su mayoría, así como 13 autobuses, dado el vínculo de una empresa de transportes vinculados a la legitimación de capitales.
La investigación de dos años y medio de duración, permitió identificar una organización muy consolidada ligada al fraude con propiedades y además, lavado de las ganancias obtenidas.
Entre las personas detenidas están cinco oficiales de la Policía de Tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) y 12 notarios. En total, se vincula a 54 personas como imputadas, de las cuales ya fueron capturadas:
- Presunto líder de apellido León Muñoz.
- Presunta líder de apellido Gómez González.
- Juez de apellido Venegas Marín.
- Funcionario judicial de apellido Rubí Leiva.
- Exfuncionario judicial de apellido Corrales Murillo.
- Exfuncionario judicial de apellido Araya Cascante.
- Oficial de Tránsito de apellido Alvarado Amador.
- Oficial de Tránsito de apellidos Ramírez Zumbado.
- Oficial de Tránsito de apellido Morera Quesada.
- Oficial de Tránsito de apellido Pérez Alcázar.
- Oficial de Tránsito de apellido Campos Bolaños.
- Mujer de apellido Jiménez Arias.
- Mujer de apellido Solano Acosta.
- Mujer de apellido Arrieta Solano.
- Mujer de apellido Rodríguez Hidalgo.
- Mujer de apellido Fernández Gustavino.
- Mujer de apellido García Núñez.
- Hombre de apellido Prendas Matarrita.
- Hombre de apellido González Araya.
- Hombre de apellido Herrera González.
- Mujer de apellido Fernández Bonilla.
- Hombre de apellido Aguilar Zúñiga.
- Hombre de apellido Chaves Arias.
- Hombre de apellido Campos Vega.
- Hombre de apellido Rojas Rojas.
- Mujer de apellido González Pinto.
- Mujer de apellido Villegas.
- Hombre de apellido Marín (colombiano).
- Hombre de apellido Loaiza Bolandi.
- Hombre de apellido Castro Segura.
- Mujer de apellido Mora Badilla.
- Hombre de apellido Rosales Apu.
- Hombre de apellido Barrientos Campos.
- Hombre de apellido Barrientos Campos.
- Hombre de apellido González Jiménez.
La policía judicial destacó que no existen funcionarios del Registro Público implicados y todas las transacciones eran manejadas por profesionales en Derecho.
El caso 'Madre Patria', como denominó el OIJ a esta causa, es el segundo más grande tramitado por la Policía Judicial. Fueron 47 allanamientos y 35 personas detenidas en total: solo superado el caso Cochinilla que corrupción en obra pública.
Además, se convirtió en la primera causa penal que no está relacionada con narcotráfico o legitimación de capitales, que se remitió a la Jurisdicción Especializa sobre Delincuencia Organizada (JEDO). El fiscal general calificó este expediente como un megacaso de corrupción, legitimación y fraudes: aglutina lo que normalmente se tramitaría en unas 40 investigaciones grandes.
