Estas son las peticiones de los estudiantes a la Sala IV en recurso contra Müller

Las representaciones de estudiantes, tanto de las 5 universidades públicas del país como representantes del sector de secundaria, presentaron un recurso de amparo en contra de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, y contra el Gobierno.

Los jóvenes presentaron este lunes el documento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia donde piden que se reconozca el 8% constitucional para el sector de educación, ya que señalan, que el mismo no se ha cumplido desde años anteriores y la administración actual prevé una mayor baja para el presupuesto de 2025.

Para que haya una educación pública y digna tiene que haber un presupuesto y una sostenibilidad financiera constitucional y precisamente con estos hechos que estamos realizando lo que queremos es reiterar y sostener que la defensa por la educación pública no solo se puede quedar en una narrativa de que la vamos a defender, sino que lo llevamos a la práctica.

Hacemos un llamado de que la educación se debe atender en todos sus parámetros que tengan aspectos de sostenibilidad financiera, expuso la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), Raquel Loría.

De acuerdo con la universitaria, el presentar dicho documento buscan acciones contundentes para hacer valer los derechos fundamentales de los estudiantes.

Asimismo, para que quien lidere el Ministerio de Educación Pública (MEP) "vea las consecuencias" al no cumplir constitucionalmente con lo que corresponde.

"Creemos que este paso que hemos dado de interponer un recurso de amparo es contundente, porque no se puede quedar simplemente en un voto de censura simbólico, de desconfianza, sino, que debemos llevarlo a acciones que nos permitan ver que nuestros líderes de verdad atiendan el sector educación cómo debe de ser", agregó Loría.

El recurso presentado señala varias peticiones, donde el tema presupuestario es el principal factor que cuestionan los jóvenes, debido a las circunstancias que atraviesan cientos de escolares y colegiales.

De acuerdo con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr), Valentina Palacio, muchos menores conviven hasta con ratas debido a las condiciones insalubres que hay escuelas y colegios.

No podemos permitir que casos como la Escuela de Rincón Grande de Pavas, donde los estudiantes tenían que convivir con ratas y con cucarachas, eso es totalmente inhumano.

No podemos permitir que personas de primaria y secundaria no tengan que comer en sus centros educativos. No podemos permitir más recortes en becas, porque esto afecta el desarrollo en su totalidad (…) no podemos permitir que se violente de esta forma el sistema educativo que tanto nos ha costado construir, expuso Palacio.

Incluso, ante esta realidad, la representante del Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), Rashell Silva, expuso que además de tales carencias ya mencionadas, hay faltante de recursos básicos, como herramientas educativas y hasta de papel higiénico.

Yo le pido a la Ministra de Educación y al Presidente que vayan a las escuelas que hay en nuestro país, y no que vayan 1 hora o 2 horas, sino, que vayan hasta una semana a ver como es la verdadera realidad que hay, a ver con qué computadoras trabajan los estudiantes o a cuál internet —inexistente— se pueden conectar.

Que vayan y vean los baños de los colegios, donde no hay cerrojos y ni tan siquiera papel higiénico, porque esa si es nuestra realidad de educación pública, expuso la joven.

"Le pedimos a la ministra que deje de empeorar el sistema educativo porque es lo único que está haciendo mientras está sentada en su silla, que si no va a ser una amiga, una contribuyente a la educación, que deje su puesto porque ahorita no nos está sirviendo de nada lo que está haciendo", agregó.

Petitoria

Los estudiantes pidieron a los altos magistrados de la Sala Constitucional varios señalamientos que consideran que han sido vulnerados, entre ellos:

• Restablecimiento del Presupuesto de Educación: Que se ordene el cumplimiento inmediato del mandato constitucional establecido en el artículo 78 de la Constitución Política, además, que se disponga de la reasignación de los recursos necesarios para cumplir con el 8% y se garantice que todos los fondos asignados se utilicen para mejorar la calidad y el acceso a la educación en todos sus niveles.
• Garantía presupuestaria para el año 2025 y futuros años: Que se le ordene a los Ministerios de Hacienda y Educación Pública, al Consejo Nacional de Rectores y al Poder Ejecutivo que, en la negociación y elaboración del Presupuesto Nacional 2025 y años subsecuentes se asegure el cumplimiento del 8% del PIB y se establezcan mecanismos de supervisión y control que garanticen que el monto asignado no sea inferior al mandato constitucional.
• Obligación de cumplimiento constitucional: Que se le ordene a los entes mencionados anteriormente a obedecer lo estipulado en el artículo 78 de la Constitución Política, además, que la Sala Constitucional evalúe cuidadosamente la presunta existencia de un conflicto de intereses que pueda comprometer la integridad y objetividad de las políticas educativas y que estas se tomen prevaleciendo el interés público.
• Protección de los derechos del niño y de los estudiantes universitarios: Se disponga que las medidas adoptadas en relación con la asignación presupuestaria estén en conformidad con los derechos del niño y otros tratados internacionales ratificados por Costa Rica, además, se asegure que este presupuesto permita el desarrollo integral de los niños y jóvenes, garantizando el acceso en igualdad de oportunidades a una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Finalmente, se solicita que se proteja el derecho a la educación de los estudiantes universitarios y se asegure el financiamiento adecuado para la continuidad de programas de becas y apoyos necesarios para que el estudiantado pueda completar sus estudios.

"Confío en que esta Honorable Sala actuará conforme a la justicia y en defensa de los derechos fundamentales de los costarricenses, protegiendo el derecho a la educación y garantizando un futuro próspero para nuestra nación", concluye el recurso de amparo presentado por los estudiantes.

Recorte presupuestario

El presupuesto del Ministerio de Educación para el próximo año disminuiría aún más en relación con el PIB, el cual podría llegar a un 4,8% en caso de que el recorte sea de ¢65.199 millones, como señalaban los sindicatos y estudiantes en abril pasado.

Sin embargo, el viceministro de Planificación y Coordinación Regional del MEP, Leonardo Sánchez, confirmó recientemente en la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa que sí habría reducción, pero esta sería de 19.000 millones con respecto al monto asignado para este 2024.

De hecho, por esta situación los sindicatos de educación han reclamado a la ministra y le cuestionan iniciar un proceso de negociación "aceptando" el recorte del Ministerio de Hacienda.

Señora ministra, usted no puede iniciar el proceso de negociación del presupuesto 2025 aceptando un recorte, cuya afectación a la educación pública sería nefasto (…)

Le recordamos que existen pronunciamientos de la Sala Constitucional, la Procuraduría y la Contraloría advirtiendo que el no cumplimiento del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) es una violación a la norma legal y constitucional, limitando con esto el derecho a la educación, señaló el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilberth Díaz.

Para este 2024, el presupuesto asignado a educación corresponde a ₡2.601.664 millones, lo que significa un 5,2% respecto al PIB.

La situación con el bajo presupuesto educativo incluso fue alertada por el IX Informe del Estado de la Educación, el cual advirtió que, al haber recortes presupuestarios, esto podría generar un gran rezago en los escolares y colegiales.

De acuerdo con los investigadores de dicho informe, los recortes en educación afectarían la cobertura, calidad y pertinencia de los programas de equidad, ya que son más del 40% de los estudiantes de 4 a 18 años que son población vulnerable en los centros educativos.