Estado de La Nación: País sufre menor inversión social, choque entre poderes y más violencia

Recortes a inversión social, disparidad en asignación de recursos, falta de un sistema para promover al sector productivo, un país menos sostenible ambientalmente y con los recursos marinos en riesgo, choques entre poderes de la República, conflicto social desplazado hacia la judicialización, incremento en violencia y homicidios y arraigo del crimen organizado, esta es la radiografía del país en el último año según el Programa del Estado de la Nación (PEN) 2024.

El estudio presentado este jueves resalta que las políticas de austeridad fiscal implementadas en la administración de Rodrigo Chaves Robles se tradujeron a recortes de inversión social, siendo educación y salud los sectores más afectados, tendencia que se viene viendo desde el 2022, lo cual señalan como preocupante para las poblaciones vulnerables.

Solo en educación se disminuyó la inversión social en un 1,6%, afectando a todos los niveles educativos. Uno de los aspectos que resalta es la reducción de los incentivos para estudiar como el programa "Avancemos", el cual tuvo un recorte del 40% entre el 2020 y el 2024, dejando por fuera a casi 130 mil personas que se veían beneficiadas.

En salud se vive un panorama similar, puesto que la inversión en este campo fue reducida un 1,4% por habitante, situándose por debajo de los niveles del 2010.

Parte de ese cambio se debe, según el PEN, a un enfoque de política social más asistencialista, pues ahora los recursos de programas sociales se destinan más a hogares en pobreza liderados por mujeres y con hijos, cuando antes se priorizaba la generación de oportunidades de desarrollo para las personas en condición de vulnerabilidad, a través de programas para estudiar o de capacitación laboral.

Otro de los enfoques gubernamentales que marca mucho la situación actual del país es la disparidad en la asignación de recursos financieros en las áreas de salud del país, pues con la política actual se ha profundizado las desigualdades territoriales en Costa Rica.

Actualmente se mantienen limitaciones en el acceso a los servicios de salud, especialmente en las zonas rurales, además que en estos sitios los recursos por paciente son mucho más bajos en comparación con otras zonas, lo que evidencia una clara asimetría en la designación de los presupuestos. 

El PEN apunta a que los efectos prácticos de esta falta planificación es el debilitamiento de la capacidad del sistema de salud para responder de forma eficiente y equitativa a las necesidades de la población.

Pese a que los Ebais están diseñados para la atención máxima de 4 mil asegurados, la mayoría superan ese promedio, por lo que aducen que es necesaria la construcción de 189 nuevos centros de salud para disminuir la saturación.

Otro de los aspectos mencionados es que existen muchas barreras para el acceso a estos servicios, pues sigue siendo muchos los asegurados los que esperan por atención urgente, como es el caso de las mamografías, que la cobertura no supera ni el 49% de lo necesario.

A eso se suma que muchos de los hospitales se han saturado de emergencias que pueden atenderse en otros centros de salud más pequeños.

Sector productivo

El PEN 2024 confirmó que el país no cuenta con un registro público que permita cuantificar y coordinar las capacidades de las 37 entidades dedicadas al desarrollo del sector productivo nacional.

"Esta desorganización representa un desafío para abordar efectivamente las desigualdades productivas del país", señala.

Reflejo de eso se puede destacar que las empresas del régimen definitivo, las cuales representan la mayor parte del tejido empresarial, aportaron un 86% del producto interno bruto (PIB) en el 2022, su crecimiento fue solo del 4%; mientras que las del régimen especial, que corresponden al 14% del PIB y están concentradas en zonas francas de la Gran Área Metropolitana (GAM), crecieron casi un 16% en el mismo periodo.

Jorge Vargas Cullell, director del programa, explicó que no se pudo evaluar completamente las capacidades del sector institucional, porque no existe información sistematizada sobre los servicios disponibles para las empresas, por lo que se espera que en los próximos años, el Informe plantee un inventario de los servicios que ofrecen el resto de las instituciones que intervienen en este sector.

Otro hallazgo relevante es la ausencia de iniciativas para apoyar negocios de grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes o personas con menor nivel educativo fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

El informe recalca además que tras quinquenio de la implementación del plan fiscal, Costa Rica no ha logrado garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, eso sí permitió reducir la brecha entre lo que gasta el Gobierno central y sus ingresos, del 8% al 3,2% del producto interno bruto (PIB) en el periodo 2020-2023.

"No obstante, Costa Rica sigue gastando más de los ingresos que recibe. Entre el 2022 y el 2023, el déficit fiscal aumentó de un 2,5% a un 3,2% del PIB", dice el estudio, por lo que instan a buscar un sistema tributario más actualizado.

Ambiente: país más carbonizado

El PEN 2024 expone que Costa Rica requiere intervenciones para modificar los patrones de consumo energético y producción agrícola, que en la actualidad evolucionan en sentido contrario a la meta de descarbonización de la economía para el 2050, panorama que visualizan como un país enrumbado hacia una sociedad menos sostenible y más carbonizada.

El país mantiene su dependencia de los combustibles fósiles para satisfacer la demanda nacional, siendo el sector transporte el de mayor consumo, pero también el de generación de electricidad, pues en el 69,4% de la energía consumida en el país se obtuvo de fuentes no renovables como el diésel y las gasolinas, lo cual refleja un constante patrón insostenible.

El Informe indica que el uso de productos derivados del petróleo para generar electricidad pasó de representar menos de un 1%, en promedio, en el último quinquenio, a un 5% en el 2023. En consecuencia, las emisiones de dióxido de carbono del sistema eléctrico nacional crecieron 7,5 veces entre el 2022 y el 2023.

En el tema agrícola también se destaca que un uso del suelo y producción que generan riesgos tanto a la seguridad alimentaria y nutricional como a la sostenibilidad ambiental, mostrando reducciones drásticas en porcentaje de tierra cultivada y por en de producción, reflejo de ello Costa Rica importa más de la mitad de lo que consume de frijoles y arroz.

A la lista de los desafíos que enfrenta el sector agrícola se une el uso de plaguicidas. En el 2023 se registró un aumento del 3,5% en el uso aparente de estas sustancias, lo cual genera riesgos para la calidad del agua y la salud de los suelos

En materia ambiental, persisten y aumentan las amenazas a la conservación de la biodiversidad en Costa Rica. Actualmente el país enfrenta una ruptura en la narrativa sobre el ambiente como motor del desarrollo humano, además carece de una rectoría sólida que garantice la sostenibilidad de sus ecosistemas marinos y de los recursos pesqueros.

Choque entre poderes

El informe menciona que el presidente Chaves ha hecho uso del "poder del megáfono" para atacar a sus opositores, provocando un enfrentamiento entre poderes de la República y como consecuencia un entrabamiento y parálisis que reduce la capacidad del sistema político para responder a las demandas de la ciudadanía y avanzar en áreas clave para el desarrollo humano.

El PEN 2024 califica esta com la principal herramienta de gobierno, al utilizar a una parte de la prensa en las conferencias para difundir sus intereses y opiniones, así como para dirigir críticas o ataques a los otros supremos poderes de la República, instituciones de control político, medios de comunicación y periodistas.

Destaca que durante el primer año de la actual administración la promulgación de decretos ejecutivos de alto alcance disminuyeron de 164 en el primer año a 92.

Otro de los aspectos analizados fue el traslado de la protesta social a la judicialización de la política, pues el año pasado se registraron más de 5 mil recursos de amparo declarados con lugar contra el Poder Ejecutivo, un nivel casi tres veces mayor al del 2021.

En el segundo año de la administración Chaves Robles, la Sala Constitucional declaró con lugar 5.195 recursos de amparo contra acciones del Poder Ejecutivo. Esta cifra es casi seis veces mayor a la del 2015, casi tres veces más alta que en el 2021 y un 60% superior a la del 2022.

También destaca que pese al constante ataque del presidente a los entes de control y contrapesos de la acción gubernamental como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Congreso, estas instituciones siguen manteniendo los niveles de confianza desde el 2019.

Finalmente en el área política el informe califica de "flanco débil" en el proceso de las elecciones municipales, por el poco y desigual acceso de los partidos al financiamiento político para apoyar estas votaciones.

Aducen que la falta de recursos para los partidos favorece la emergencia de candidaturas personalistas y agrupaciones locales con una vida fugaz, por lo que muchos de los nuevos partidos locales son como una mariposa, con un ciclo de vida tan corto.

Violencia e impacto social

En cuanto a seguridad, el PEN revela que el aumento de los homicidios obedece a la expansión del crimen organizado, con el narcotráfico como principal causa, pues representan más del 70% de los casos registrados.

Entre el 2022 y el 2023, la cifra de homicidios registrados en Costa Rica se incrementó un 27%, al pasar de 656 a 906, respectivamente. Sin embargo, la violencia está focalizada en cantones específicos de las provincias de San José, Limón, Puntarenas y Guanacaste, incluso hubo 265 distritos que no reportaron ningún asesinato.

En el primer semestre del 2024 se registraron 434 homicidios dolosos; es decir, un asesinato cada 10 horas, siendo la transformación de narcofamilias a pequeñas bandas que aparecen y desaparecen, con influencia de carteles colombianos y mexicanos, generando recrudecimiento de la violencia. Estos grupos además se dedican a la trata de personas, tráfico de armas y préstamos "gota a gota".

La investigación señala que alta violencia en las "zonas calientes" profundiza la desigualdad social entre regiones, pues las áreas más seguras se benefician de la fuga de actividades económicas de las zonas inseguras.

Los datos señalan que, por cada 1% de aumento en la tasa de accionamiento de armas, los salarios del sector comercio caen un 0,13% en los cantones afectados. Es decir, ofrecen peores oportunidades laborales.