Estado de la Nación: inversión social cae a su nivel más bajo en 15 años
Educación y salud pierden prioridad en el gasto público, mientras aumentan las pensiones
El Informe Estado de la Nación 2025 advierte que en Costa Rica, el gasto en educación y salud ha dejado de ser una prioridad y actualmente se registra el porcentaje de inversión social más bajo en los últimos 15 años.
Entre 2010 y 2024, la proporción del gasto público destinada a inversión social bajó del 78,8% al 68,1%. Dentro de ese total, la educación pasó del 34% al 28,3% y la salud del 28,3% al 26,1%, mientras que el gasto en pensiones aumentó de 26% a 36%.
Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación, explicó que "la pérdida de prioridad social de la inversión en educación es una tendencia que se arrastra desde 2017". En ese periodo, su peso dentro de la inversión social pública cayó seis puntos porcentuales y, en 2024, alcanzó su punto más bajo en 25 años.
"Su prioridad macroeconómica fue la más reducida en dos décadas: apenas un 5,7% del PIB, muy por debajo de la obligación constitucional del 8%. La educación general, una política universal dirigida a toda la población, se ha contraído un 10% entre 2019 y 2024", señaló Morales.
El informe alerta que este debilitamiento compromete la formación de capacidades en la población y limita la movilidad social. Aunque el 72% de las personas jóvenes culmina la educación secundaria, casi la mitad no continúa estudios superiores.
Las pruebas PISA muestran graves deficiencias en comprensión lectora y razonamiento matemático, mientras que más de la mitad de la fuerza laboral adulta no ha completado la secundaria. Esta situación restringe el acceso a empleos formales y bien remunerados, e impide aprovechar el crecimiento de los sectores más dinámicos de la economía, que demandan personal calificado.
El documento también advierte que el crecimiento del gasto social no obedece a una estrategia deliberada de fortalecimiento, sino al aumento automático del número de personas pensionadas. En términos absolutos, la inversión crece, pero no por un impulso a las políticas sociales, sino por el peso creciente de las pensiones.
En dos décadas, la inversión social pública —que incluye educación, salud y seguridad social— pasó de representar un 17% del PIB en el año 2000 a un 22,5% en 2019, para luego descender a 20,1% en 2024. Además, el gasto está cada vez más concentrado en programas no universales, mientras que la inversión dirigida a la niñez y la adolescencia se estanca o retrocede.
"Mantener y ampliar los logros en desarrollo humano sostenible, demanda esfuerzos continuos en la oferta y el financiamiento de políticas públicas orientadas a promover la equidad y la integración social", recalcó Morales.
El Estado de la Nación concluye que el debilitamiento de la educación y la salud pone en riesgo los pilares del desarrollo humano, reduce la capacidad del país para generar oportunidades y acentúa la desigualdad entre generaciones.