Estado de la Nación: Aumenta apoyo ciudadano a la democracia

(CRHoy.com) -Entre 2021 y 2022, el apoyo de la ciudadanía a la democracia repuntó en medio de un contexto social de altas demandas por una reforma política.

Así lo reveló el informe del Estado de la Nación 2022, según el cual el aumento en la creencia ciudadana en la democracia revierte una tendencia de deterioro a largo plazo y no hay evidencia de que exista un respaldo al autoritarismo.

"Durante el periodo analizado, el grupo de personas demócratas liberales y demócratas semi liberales creció de un 35% a un 50%. Estos perfiles son los que respaldan fuertemente a las autoridades de gobierno (sin importar el partido al mando) y son tolerantes (al menos medianamente) de las diferencias sociales", explicó Ronald Alfaro, investigador y coordinador del capítulo Fortalecimiento a la Democracia del informe.

Según el investigador, el incremento frenó la transformación en los perfiles de apoyo observada en el país desde inicios de este siglo, cuando empezó a crecer el perfil de ambivalentes, es decir, personas que presentan actitudes contradictorias a la democracia.

Ese perfil pasó de representar a menos del 10% de la población en 1978 al 28% en 2018. En 2022, ese grupo es del 14% de la población.

Pese a un contexto internacional adverso para la democracia, Costa Rica es uno de los 20 países más democráticos del mundo, considerando los análisis internacionales más rigurosos. Esta situación no ha variado en la última década.

Esos análisis son Democracy Index 2022, de la revista The Economist, Democracy Report 2022, de Varieties of Democracy, y Reporte Global del Estado de la Democracia 2021, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).

La democracia costarricense puntúa con valores intermedios y bajos, según los análisis internacionales, en participación electoral, administración imparcial, ausencia de corrupción, funcionamiento del gobierno y democracia directa. En el ámbito local, el informe considera a la democracia también como convivencia social.

Desde esta perspectiva, según Alfaro, surgen demandas sobre el sistema político e institucional que usualmente son articuladas por diversas organizaciones sociales, generalmente por los partidos políticos.

"En tal sentido, es posible afirmar que, en la medida que el sistema democrático no canalice el malestar ciudadano, las amenazas latentes al sistema político persistirán", puntualizó el investigador.

Demandas sociales

Los investigadores tomaron los resultados de la plataforma Votómetro 2022, del Programa
Estado de la Nación (PEN), para entender cuál es la principal demanda política de la ciudadanía en la actualidad.

El análisis muestra que el electorado tuvo en 2022 una alta inclinación por la agenda de reformas al sistema político y a los mecanismos de control y accountability, un concepto que se puede entender como la obligación o la voluntad de aceptar la responsabilidad de los propios actos.

"Aplicamos un procedimiento estadístico diseñado para descubrir y clasificar los temas generales o dimensiones de análisis presentes en las respuestas de quienes compartieron sus opiniones electorales y posiciones sobre políticas públicas en el Votómetro", dijo Alfaro.

En total, 305.072 personas llenaron el Votómetro 2022, una cantidad que equivale al 8% del padrón electoral.

El 90% se mostró a favor de cerrar instituciones públicas ineficientes y el 68% a favor de destituir diputaciones, el Presidente de la República y aplicar elección por listas abiertas para el Congreso.

Menos conflicto

En contraste con la alta demanda por una reforma sustantiva al sistema político nacional y a la compleja situación
económica y social del país, los niveles de conflictividad disminuyeron pronunciadamente en 2021, según el informe.

De acuerdo con la base de datos del PEN, desde 1992, en promedio, se registran 373 acciones colectivas anualmente, las cuales suceden usualmente entre marzo y octubre de cada año. Pero, en 2021 solo se registraron 365.

Más de la mitad (68%) de las acciones registradas tuvieron incidencia a nivel nacional y se concentraron en temas como el no pago de salarios y prestaciones en empresas constructoras, los protocolos por Covid-19, los proyectos de ley relacionados con el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los derechos de las personas indígenas.

"En una democracia, la protesta implica el ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos, la baja movilización en contextos de alto malestar podría sugerir serios problemas en la capacidad de convocatoria y representación por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Eso no es tan positivo", concluyó el investigador.