Estado de la Justicia: Menos confianza en el Poder Judicial mientras los casos penales aumentan
El Estado de la Justicia 2025 detalla que el Poder Judicial está siendo sometido a fuertes ataques políticos, lo cual se describe como un hecho sin precedentes en la historia del país. Con dichas arremetidas se ataca al principal garante de los derechos y libertades de la ciudadanía y al único poder del Estado que puede vigilar y obligar al poder político a someterse a la ley.
El informe reporta una mejoría entre 2021 y 2024 en ciertos indicadores globales de desempeño judicial. Hubo una disminución de casos pendientes (circulante), un aumento en las resoluciones y esfuerzos por contener los costos, de manera que el gasto judicial per cápita fue el mismo que en 2016.
No obstante, las mejoras se expresan de manera muy desigual por oficina y por materia jurisdiccional y, comparadas con una década atrás, no implicaron avances sustanciales respecto a la situación imperante en aquel momento.
Estos embates han intentado debilitar el sistema constitucional de controles legales sobre la gestión pública y erosionar la legitimidad de la independencia judicial ante la ciudadanía.
Las arremetidas contra la labor de uno de los poderes de la República han sido tanto discursivas como materiales y, en cualquiera de estas modalidades, han traspasado los límites de la crítica ciudadana constructiva.
El principal, aunque no único, emisor de los ataques discursivos ha sido el Poder Ejecutivo de la administración Chaves Robles. Asimismo, representantes del oficialismo —en el Ejecutivo, en el Legislativo y actores afines al gobierno— han liderado movilizaciones ciudadanas en contra del Poder Judicial.
Una segunda modalidad de agresión política agrava la situación actual. Esta edición documenta los atentados perpetrados por actores vinculados con el crimen organizado contra instalaciones y personal judicial, en algunos casos con consecuencias trágicas.
En 2023 y 2024, el Poder Ejecutivo empleó su "poder del megáfono" para atacar continuamente al Poder Judicial, un hecho sin precedentes desde la instauración de la llamada Segunda República.
Después de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial es el segundo actor más mencionado en las conferencias de prensa presidenciales y los eventos públicos organizados por el Ejecutivo. En tercer lugar, se encuentra la Contraloría General.
La revisión de estas menciones revela que no se trató de referencias neutrales al Judicial, sino de críticas a su funcionamiento, a sus resoluciones y, en algunos casos, a la actuación de operadores individuales. Las menciones presidenciales incluyen también a la prensa, las universidades, la Defensoría de los Habitantes y otras entidades con autonomía que no suscriben las políticas oficiales.
El principal argumento de las intervenciones presidenciales contra el Poder Judicial ha sido responsabilizarlo por la crisis de violencia homicida, atribuyéndola a decisiones erróneas de jueces o juezas que liberan a personas delincuentes y a la extensa duración de los procesos.
La alternativa sugerida es un enfoque de "mano dura" que considera el encarcelamiento como solución al problema de la inseguridad.
Las actitudes ciudadanas hacia el Poder Judicial pueden ayudar a defender la existencia de un Estado democrático de derecho o, por el contrario, crear un entorno que facilite su erosión. Cuando las mayorías aceptan la legitimidad del Poder Judicial para tutelar sus derechos, sujetar a los gobernantes al imperio de la ley y dictar resoluciones, las instituciones del Estado de derecho encuentran en la cultura política un fuerte arraigo para su independencia frente a los embates de otros actores políticos, institucionales y sociales.
Sin embargo, cuando esas mayorías cuestionan su legitimidad o abrigan actitudes contradictorias, dichas instituciones pierden una de sus defensas más importantes frente a los intentos de anular su independencia y convertirlo en una herramienta al servicio de ciertos actores políticos, en vez de un juez imparcial y confiable de los conflictos sociales y políticos.
Justicia pronta, cumplida e igualitaria para todas las personas
Diversas ediciones del Informe Estado de la Justicia han documentado las dificultades del Poder Judicial para satisfacer el principio de justicia pronta, cumplida e igualitaria para todas las personas.
Los reportes han evidenciado el escaso avance en los indicadores de eficiencia institucional a lo largo del presente siglo y las fuertes asimetrías entre los diferentes circuitos e instancias respecto a la oportunidad de la respuesta judicial. La persistencia de estos rezagos debilita la posición del Poder Judicial frente a los ataques políticos a su independencia.
2 factores externos, ajenos al control del gobierno judicial, presionan al alza la demanda por servicios judiciales. El primero es la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, de nueva legislación que asigna cada vez más funciones al Judicial, mediante la creación de nuevos delitos, reformas a códigos procesales, convenciones internacionales y nuevas jurisdicciones.
En términos generales, el Legislativo agrega nuevas competencias sobre asuntos que antes no se judicializaban y que ahora pasan a ser competencia del Judicial. Además, la mayoría de estas leyes se aprueba sin contenido presupuestario específico.
El segundo factor que incide en la demanda de servicios judiciales es la creciente conflictividad social en Costa Rica. Esta se manifiesta de distintas formas: desde la criminalidad en el ámbito penal hasta disputas y víctimas por accidentes de tránsito, pensiones alimentarias, violencia doméstica y cobros judiciales.
Aumento en el volumen y la complejidad de la demanda por servicios judiciales
La amplia variedad de materias susceptibles de ser denunciadas ante una jurisdicción del Poder Judicial, así como la voluntad de la población de utilizarlo, resultan en una alta litigiosidad. En total, en 2023 hubo 718.257 casos en trámite en el Poder Judicial, aunque el pico de circulante se presentó en 2021, con más de 826.000 casos pendientes en primera instancia.
Comparado con la población del país, en 2023 se presentó un nuevo caso ante los estrados judiciales por cada 7,1 personas; dos años atrás, esta razón fue de 6,1.
Tasa más alta en materia penal
En 2023, la materia penal registró la tasa de litigiosidad más alta del periodo 2018-2023, al alcanzar 3.613 casos por cada 100.000 habitantes, lo que representó un total de 190.124 casos. Le siguió la materia cobratoria, con 2.382 casos por cada 100.000 habitantes, producto del creciente endeudamiento de la sociedad, lo que incrementa las disputas legales relacionadas con el cobro de préstamos y diversos compromisos financieros.
En la justicia penal es clave clasificar la información por categorías de delitos. No todas muestran crecimiento: en aquellas relacionadas con las actividades del crimen organizado se observa un aumento significativo, mientras que en otros tipos penales hay una reducción. Los delitos contra la propiedad siguen siendo los más frecuentes, aunque muestran una ligera disminución en 2023.
De nuevo, las desagregaciones son relevantes: el robo de automóviles sí presenta un crecimiento, mientras que el hurto simple o a viviendas ha disminuido. El aumento de homicidios vinculados al crimen organizado es, sin duda, uno de los principales desafíos del Poder Judicial.
A lo largo de la presente década, el país "saltó" a un nuevo umbral de violencia homicida, superando el nivel que la Organización Mundial de la Salud emplea para definir la violencia como una epidemia y, por tanto, como un problema de salud pública (10 homicidios por cada 100.000 habitantes).
Casos solicitados vs. casos resueltos y su duración
La demanda de servicios del Poder Judicial se mantuvo alta, sin variaciones importantes en el periodo 2021-2023, si se mide por la tasa de litigiosidad global (es decir, la cantidad de casos ingresados cada año por cada 100.000 habitantes).
En total, el número de casos ingresados en 2023 fue de 614.735. Aunque este es un volumen alto, no alcanza los valores récord de los años prepandemia (2018-2019), que oscilaban entre 704.000 y 707.000 casos.
Entre 2021 y 2023, la litigiosidad promedio aumentó de 11.516 a 11.682 casos por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a un incremento del 1,4 % (gráfico 3.16). No obstante, al desagregar los nuevos casos ingresados por materia, se nota que algunas sí reflejan una mayor presión sobre el sistema judicial.
La distribución de los casos según las diferentes materias ofrece una visión clara de cuáles son las áreas con mayor carga judicial.
En concordancia con el aumento de la criminalidad en el país, la materia penal registró la tasa de litigiosidad más alta del año 2023, con 3.613 casos por cada 100.000 habitantes (gráfico 3.17). En números absolutos, esto significó 190.124 casos. Le siguió la materia cobratoria, con 2.382 casos, producto del creciente endeudamiento social.
El área de tránsito, con una tasa de 1.240 casos por cada 100.000 habitantes, ocupa el tercer lugar en volumen. Aunque es menos significativa que en años anteriores, sigue siendo un área relevante debido al número de incidentes viales y su gestión judicial.
Comportamiento en materia penal y penal juvenil
Al analizar el comportamiento de la materia penal, se observa que la mayor tasa de litigiosidad corresponde a los delitos contra la propiedad, con 2.116,8 casos por cada 100.000 habitantes en 2022.
Esta alta incidencia refleja una tendencia preocupante hacia la inseguridad y la delincuencia, tales como:
- Hurtos (24.145 casos)
- Robo agravado (22.851)
- Robo simple (17.351)
- Estafas (14.690)
- Denuncias por estafa informática (10.542).
En segundo lugar, los delitos vinculados con la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer presentaron una tasa de 865,8 casos por cada 100.000 habitantes en ese año. Durante 2022, los tres delitos más denunciados en esta categoría fueron: maltrato (8.652 casos), incumplimiento de una medida de protección (5.799) y ofensas a la dignidad (4.683). Estos datos revelan una persistente violencia de género en la sociedad, a pesar de los esfuerzos legislativos por proteger a las víctimas.
Otra área que muestra un notable crecimiento es la materia penal juvenil. Entre 2021 y 2024, la demanda de servicios judiciales en esta jurisdicción aumentó considerablemente. En 2023 se registró un promedio de 1.684 asuntos diarios, equivalente a 51.228 asuntos mensuales y 614.735 anuales.
Mientras que en la mayoría de las jurisdicciones los cambios fueron moderados, los casos en penal juvenil aumentaron en casi un 150 %, convirtiéndose en la materia con mayor crecimiento en el Poder Judicial (cuadro 3.3).
El aumento en los casos de penal juvenil refleja una preocupación creciente por las condiciones de la juventud, en particular la más vulnerable, lo que apunta a la necesidad de reformar políticas públicas de prevención y rehabilitación, así como de una mayor inversión en programas educativos y de reintegración social.
Otras áreas con aumento
Aunque el área penal juvenil destaca por su crecimiento, otras nueve jurisdicciones muestran un aumento en la cantidad de casos ingresados entre 2021 y 2024. Por ejemplo, los casos ingresados en materia constitucional se incrementaron en un 37 %.
El año 2024 fue el de mayor ingreso en la historia de la Sala Constitucional. "Los recursos de amparo representaron el 94,74 % del ingreso total de asuntos, de los cuales el 42,94 % correspondió a casos relacionados con materia de salud" (Poder Judicial, 2025a).
Este comportamiento señala una vulnerabilidad en el acceso a servicios básicos, así como deficiencias o falta de cobertura en el sistema de salud pública, lo cual obliga a las personas a recurrir al sistema judicial para defender sus derechos.
Contrariamente, entre 2021 y 2024, la cantidad de casos nuevos por pensiones alimentarias disminuyó un 10,3 %. Además, los casos en materia cobratoria, contravencional y notarial se redujeron un 10,1 %, 8,2 % y 6,6 %, respectivamente.
Productividad del Poder Judicial
La productividad del Poder Judicial ha experimentado un crecimiento constante desde 2022. En 2024 se registró un aumento del 7,3 % en la productividad judicial (cuadro 3.4).
Este incremento se debe a un alza en la cantidad de casos resueltos en ocho de las catorce jurisdicciones entre 2021 y 2024.
Destaca especialmente la jurisdicción penal juvenil, que presentó un aumento del 109,8 % en la producción, en consonancia con el enorme crecimiento de casos nuevos reportados. Asimismo, los casos resueltos en las jurisdicciones contencioso-administrativa, constitucional y de tránsito aumentaron un 42,9 %, 31,6 % y 23,3 %, respectivamente.
El aumento de la productividad judicial en el periodo 2021-2024 es un signo positivo de que el sistema judicial maneja una carga creciente de casos de manera más eficaz. Sin embargo, las disparidades entre jurisdicciones señalan que aún existen desafíos y oportunidades para una mayor optimización.