Ataques del Gobierno al Poder Judicial son constantes y no tienen precedentes
El Poder Judicial enfrenta una oleada nunca antes vista de ataques desde distintos frentes, pero son más las afrentas que provienen del poder político, principalmente del que ostenta el presidente de la República Rodrigo Chaves.
Esta es una de las principales conclusiones del más reciente Estado de la Justicia 2025, el informe elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN) revelado este miércoles.
Los embates pretenden socavar sistemáticamente la legitimidad e independencia del Poder Judicial, principalmente mediante el llamado trash-talking, es decir, el discurso de descrédito, desprestigio o "basureo", como se conoce en el lenguaje coloquial.
Costa Rica ha evidenciado síntomas de trash-talking bajo el mandato de Rodrigo Chaves Robles, según demuestra el estudio. En 2023 y 2024, el Poder Ejecutivo utilizó su "poder del megáfono" para atacar de forma sostenida al Poder Judicial, en una conducta sin precedentes desde la instauración de la Segunda República.
Este poder del megáfono, ejercido por el gobierno chavista, es un recurso informal mediante el cual los actores políticos en altos cargos comunican narrativas sobre el estado del país, caracterizan a sus adversarios y moldean, según su criterio, qué es correcto y qué no.
Dos evidencias permiten comprobar estos ataques: un recuento de las ofensivas y de quiénes las ejecutan, y la cantidad de menciones al Poder Judicial durante eventos públicos organizados por el Ejecutivo, conferencias de prensa y programas televisivos semanales protagonizados por el mandatario Chaves.
Después de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial es el segundo actor más mencionado. La revisión de estas menciones revela que no se trató de referencias neutrales, sino de críticas a su funcionamiento, resoluciones y, en algunos casos, a la actuación de operadores específicos.
Esta institución es mencionada incluso más que otros objetivos del gobierno, como la Contraloría General de la República, la prensa, las universidades, la Defensoría de los Habitantes y otras entidades autónomas que no están subordinadas a Chaves ni suscriben sus políticas.
El problema no se limita a la frecuencia de las menciones contra el Poder Judicial, sino también a su contenido. El principal argumento del gobernante ha sido responsabilizarlo por la crisis de violencia homicida.
Desde que Chaves asumió el cargo, la ola de asesinatos ha cobrado la vida de 2.622 personas (según estadísticas oficiales del Organismo de Investigación Judicial al pasado lunes). Chaves traslada la culpa a las instancias judiciales y a sus tomadores de decisión.
El gobernante atribuye la crisis a decisiones erróneas de jueces que liberan a delincuentes y a la duración excesiva de los procesos. Sugiere como alternativa un enfoque de "mano dura" basado en el encarcelamiento como solución al problema de la inseguridad.
Los ataques también han estado dirigidos a funcionarios específicos del Poder Judicial, en ocasiones con nombre y apellidos: magistrados de la Sala Constitucional, el fiscal general, el director del OIJ, el presidente de la Corte Suprema y, en particular, la presidenta de la Sala Penal.
El informe recoge casos en los que Chaves ha expuesto los nombres completos de jueces que resuelven procesos de alto perfil de manera contraria a sus intereses.
"El análisis de los ataques del presidente a otros poderes revela el uso sistemático de este enfoque antagonista en su discurso. Aunque al principio de su mandato los ataques eran menos frecuentes, con el tiempo han aumentado tanto en cantidad como en intensidad. (…)
El Informe plantea que con la llegada de la administración Chaves, se inauguró un nuevo estilo de liderazgo, marcado por el antagonismo como método para obtener y mantener la iniciativa política.", refleja el estudio.
Los ataques del Ejecutivo al Poder Judicial son una anomalía en la historia política reciente del país. Según el proyecto Variedades de la Democracia (V-Dem), entre 1900 y 2022 no se registraron ataques a la integridad del Poder Judicial. Sin embargo, en 2023 se documentaron nueve eventos de esa índole, y en el periodo 2022-2024 se contabilizan 16.
Agresividad y respuesta
La agresividad del Ejecutivo se incrementa cuando el Judicial interviene en asuntos relacionados con el propio mandatario o sus iniciativas.
En los tres años del actual periodo constitucional, la Fiscalía General abrió 104 procesos penales contra Chaves, de los cuales 70 seguían en investigación hasta marzo pasado.
También la Sala Constitucional ha declarado inconstitucionales políticas clave de su administración, como el proyecto de ley "Jaguar", y se ha pronunciado contra el amedrentamiento a la prensa por parte del Ejecutivo en al menos tres resoluciones.
"El Ejecutivo ha señalado que esta cantidad de procesos judiciales constituye una verdadera persecución política contra el presidente y su gabinete, un intento de derrotar los esfuerzos gubernamentales para erradicar privilegios de las personas funcionarias públicas y reformar una institución ineficiente responsable del incremento de la violencia criminal en Costa Rica", cita el informe.
El estudio también recuerda que las ofensivas del gobierno han obligado al presidente de la Corte Suprema, gremios judiciales y otros actores políticos a responder al trash-talking con declaraciones públicas, exigiendo respeto a la división de poderes y a la independencia judicial.
Esta dinámica de fuego cruzado ha paralizado la colaboración entre poderes, dificultando la búsqueda de soluciones conjuntas para el principal problema que aqueja al país: la inseguridad ciudadana y la violencia.
Desde agosto de 2024, Chaves y su gabinete dejaron de asistir a reuniones periódicas sobre la agenda de seguridad. Los ataques discursivos se han complementado con manifestaciones públicas organizadas por el Gobierno, sin precedentes en las últimas décadas.
Por ejemplo, en febrero de 2023, se protestó ante la Sala IV tras la anulación de la destitución de directivos de la CCSS. Otras protestas se han producido por los votos que anularon la ley "Jaguar".
En marzo de 2025, Chaves, sus ministros y diputados oficialistas lideraron una marcha para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz.
Crítica que excede los límites
El informe aclara que, en un Estado democrático, los jueces están sometidos al escrutinio público, y la crítica es válida. Sin embargo, se convierte en ataque cuando cuestiona la legitimidad o independencia del sistema judicial.
Las movilizaciones y ataques discursivos contra el Judicial han motivado la intervención de organismos internacionales como relatores de la ONU, que han emitido tres pronunciamientos sobre la situación costarricense, una medida usualmente reservada para países en riesgo democrático.
El Estado de la Justicia 2025 analiza solo los ataques en los que se identificó a operadores judiciales específicos. Esta práctica, en la que el Gobierno chavista usa su poder del megáfono para personalizar los embates, es internacionalmente reconocida como un intento de amedrentamiento y una violación a la independencia judicial.
Además, el informe solo contempla menciones negativas contra personas individualizadas. Si se contabilizaran también las referencias institucionales, el volumen sería mayor.
Como resultado, los principales índices internacionales sobre democracia, libertades y Estado de derecho han registrado caídas sostenidas en los puntajes de Costa Rica.
Atentados criminales
Al trash-talking desde el Ejecutivo y las movilizaciones ciudadanas organizadas desde el Gobierno se suman a los ataques criminales contra las instalaciones físicas y a los atentados contra el personal judicial, que lo trastocan aunque en volumen son menos.
Recientemente, las oficinas de Tribunales y el OIJ en Batán y Pococí recibieron disparos con armas de alto calibre producto de afrentas ejecutadas principalmente por una organización criminal dedicada al narcomenudeo en esas zonas.
Estos ataques fueron presuntamente ordenados por una agrupación delictiva liderada por dos jóvenes, Jonathan Pérez Méndez alias de "Tan" o "Perro" ( en fuga) y Eddy Alonso Martínez Angulo, alias "Ailon" o "I-Lon", ambos con nexos a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el criminal de mayor perfil y más buscado en Costa Rica.
Además, Leonardo Antonio Joseph Méndez alias "Chombo", un exconvicto que se presentaba testigo fue asesinado frente al edificio de los Tribunales de Limón en febrero del 2024. Tenía apenas 7 meses de libertad cuando fue acribillado, mientras iba a acudir a un juicio por homicidio contra otra banda rivales.
En el 2024, al menos tres personas que laboran en la institución fueron víctimas de atentados: los vehículos de un fiscal en Jacó y de una jueza en Aserrí. La juzgadora, de apellidos Castro Fallas, fue quien ordenó el allanamiento ejecutado contra una abogada apellidos Arguedas González, sospechosa de intentar sobornar a otra jueza para beneficiar al grupo criminal de Darwin Hernández González, alias "Pancho Villa", como reveló CR Hoy horas después del hecho.
También, un oficial del OIJ murió en Guápiles víctima de sicariatos. Geiner Zamora Hidalgo, el subjefe de la delegación de Guápiles, murió hospitalizado producto de un ataque armado en el cual lo impactaron con balas en su pecho y cabeza, en al menos tres ocasiones.
Los ataques y atentados contra el Judicial son un hecho político reciente que ha llevado a la institución a reforzar sus medidas de seguridad ante la posibilidad de más atentados del crimen organizado. Entre otras medidas, se les ha solicitado a las oficinas revisar y redirigir fondos no utilizados para mejora la seguridad en infraestructura, tecnología y capacitación del recurso humano.
Además, se aprobaron el protocolo sobre atacantes activos y la guías de autoprotección para funcionarios judiciales.
