Esta es la cadena de procesos legales que han frenado la red 5G del ICE

Desde que se anunció la licitación pública para que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desarrolle una red 5G, ha enfrentado una serie de procesos legales que a la fecha impiden la implementación de este sistema de telecomunicaciones.

Ana Sofía Machuca, auditora general de la Institución, detalló los recursos legales que hasta ahora mantiene suspendido hasta nuevo aviso cualquier intento por contar con la red de quinta generación.

La línea de tiempo la expuso la jerarca de la Auditoría Interna del operador público a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa.

"¿Cuáles han sido los principales hitos que han impactado negativamente en la implementación de 5G en el ICE?

Hay de diferente índole, el recuento de los más significativos: en mayo del 2022, se instruye por parte del Poder Ejecutivo la devolución de frecuencias de la banda de 3,5 GHz de espectro radioeléctrico necesaria para el desarrollo de 5G.

Se entregan, es importante aclarar que el ICE no cuenta con espectro en esa banda y si bien es cierto podría hacer alguna adecuación de frecuencias, es temporal; el ICE además de poder implementar 5G necesita aprovisionarse de los recursos que le permitan mantener la continuidad del servicio en el tiempo, es una necesidad que va a tener en el corto plazo", detalló Machuca Flores en su comparecencia legislativa sobre los factores que han repercutido directamente en la parálisis que enfrenta el ente para contar con un sistema móvil de última tecnología.

"En consecuencia, el panorama actual como pueden ver, la mayoría de estos factores a quien están afectando negativamente es al ICE", añadió en la audiencia.

Cronología

Todo comenzó el primer día de la Administración Chaves Robles, el 8 de mayo del 2022, cuando se dio la instrucción de devolución de frecuencias de espectro radioeléctrico al Estado costarricense -el legítimo dueño de este bien demanial- en la banda media de 3.500 MHz.

Luego, en setiembre de ese año el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), la presidencia ejecutiva del ICE y Radiográfica Costarricense (RACSA) firmaron el acuerdo para recuperar las frecuencias.

Sin embargo, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) rechazó la solicitud de adaptación del título habilitante para la explotación de frecuencias para desarrollar redes IMT 2020.

"Estos dos hitos afectan al ICE, sin embargo, a la competencia no", señaló Machuca al respecto.

Posteriormente, en junio del 2023, Micitt rechazó el uso en el cambio de las frecuencias y tres meses después, en setiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) estableció la independencia como persona jurídica entre el ICE y RACSA y determinó que la norma no autoriza el uso compartido de frecuencias.

Ese mismo mes, el Micitt impuso una sanción que le impide al ICE participar durante tres años en licitaciones públicas de espectro radioeléctrico, lo que no le permitió ser parte del reciente proceso realizado por la Sutel en enero pasado.

De paso, el órgano administrativo despojó al ICE de 70 MHz que le habían concesionado, debido a un uso inadecuado o subutilización del todo de este recurso escaso.

Después, en noviembre del 2023, el ICE publicó en el Sistema de Compras Integradas (Sicop) el proceso 2023XE-000023-0000400001 para adquisición de bienes y servicios para la implementación de la red 5G entrega según demanda con un presupuesto de $125 millones.

Sin embargo, desde febrero del año pasado, una solicitud de medida cautelar provisionalísima mantiene suspendida hasta nuevo aviso la licitación pública.

La petición la realizó el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT) y fue acogida por el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

Y en diciembre del año anterior se interpuso una medida cautelar sobre el acuerdo de devolución de espectro entre el ICE y el Poder Ejecutivo.