España prepara un catálogo para eliminar los símbolos del franquismo del espacio público
(AFP) El gobierno español anunció el miércoles su intención de hacer desaparecer los símbolos del franquismo del espacio público a partir del próximo mes, cuando se cumple el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, quien gobernó el país con mano de hierro entre 1939 y 1975.
Medio siglo después, los españoles siguen profundamente divididos sobre el legado de la dictadura franquista, por lo que la iniciativa socialista de conmemorar el 50º aniversario de la muerte del general, el 20 de noviembre de 1975, y el inicio del camino a la democracia, incrementó la tensión entre el gobierno de izquierdas y la oposición de derecha y extrema derecha.
Así, el conservador Partido Popular (PP) suele acusar a Sánchez de recurrir al "comodín de Franco" en momentos de debilidad política.
"Antes de que termine el mes de noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles", indicó este miércoles el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
El dirigente socialista no precisó cuáles serán los plazos para retirar estos símbolos. Tampoco dio detalles del contenido de esta lista, pero según la página "Debería Desaparecer", que se encarga de rastrear estos elementos, todavía hay más de 6.000 símbolos de la época franquista en territorio español.
Se trata de monumentos, emblemas y calles que rinden homenaje al dictador o a figuras del régimen, un hecho denunciado en numerosas ocasiones por asociaciones y por el propio gobierno de izquierdas de Sánchez.
Este es el caso, por ejemplo, del "Arco de la Victoria", un monumento neoclásico situado en la entrada oeste de Madrid. Se construyó en los años 1950 para celebrar el éxito de las tropas franquistas sublevadas sobre los soldados republicanos durante la Guerra Civil (1936-1939).
Controversia
Tras llegar al poder después de una guerra civil que causó cientos de miles de muertos, Franco gobernó España con mano de hierro durante 36 años. A su muerte ningún responsable del régimen fue juzgado, ya que este periodo fue objeto de una amplia amnistía que benefició a ambos bandos.
El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero inició un cambio de rumbo en 2007 con su ley llamada de "memoria histórica", que obligaba a las administraciones a retirar los símbolos que hicieran apología de la dictadura del espacio público.
Este giro se aceleró con la llegada al poder en 2018 de Pedro Sánchez, otro socialista.
Un año después se exhumaron los restos de Franco de su tumba en el Valle de los Caídos (rebautizado como Valle de Cuelgamuros), que se había convertido en lugar de homenaje para los nostálgicos de la dictadura.
Y en 2022 se votó una ley de "memoria democrática" que creó un registro de víctimas de Franco, anuló las condenas sumarias dictadas por su régimen y presionó a los ayuntamientos reacios a eliminar los símbolos franquistas.
Estas medidas siguen encontrando algunas resistencias.
De su lado, el PP —partido conservador nacido en 1989 tras la refundación de Alianza Popular, creado tras la muerte de Franco por uno de sus antiguos ministros—, acusa al ejecutivo de querer reabrir las heridas del pasado bajo el pretexto de la memoria.
Principal formación de la oposición, el PP prometió derogar la ley de 2022 si regresa al poder.