Esclavitud sexual crece en Costa Rica de la mano de pobreza
La esclavitud sexual existe en Costa Rica. Hace un año, una menor nicaragüense y 5 mujeres más fueron liberadas de una red criminal que las explotaba sexualmente.
En un bar ubicado en Upala, la red las ofrecía por 13 mil o 20 mil colones. Todas las víctimas eran extranjeras y entraron al país de forma irregular.
Las mujeres eran captadas en Nicaragua y mediante un engaño les ofrecían trabajo como saloneras.
Este caso no es aislado. De hecho, las autoridades reportan un aumento en los delitos de trata de personas, proxenetismo y pornografía infantil.
"Costa Rica es un país de destino y no tanto de origen, pero como está aumentando la desigualdad en algunas áreas, tenemos que estar muy vigilantes porque también aumentan delitos como la explotación sexual", expresó Walter Espinoza, Director del Organismo de Investigación Judicial.
Esta entidad investiga 41 denuncias por trata de personas, mientras que en 2017 los casos fueron 34, de los cuales la mayoría estaban vinculados a explotación sexual.
Espinoza explicó que si bien existen víctimas costarricenses, la mayoría provienen de países más pobres, "con condiciones mucho más vulnerables, con muy poca educación y que entregan su alma y vida para mejores condiciones".
"Algunas redes criminales ofrecen posibilidades o garantías a personas que tienen vulnerabilidad, las engañan y luego las privan de su libertad y las obligan a realizar actividad sexual o laboral forzada. Esto implica una explotación de las personas y una generación alta de ganancias", expresó el jerarca.
Redes peligrosas
Las autoridades ahora le ponen la mira a la manera en cómo se contacta a la víctima, ya que ha variado con los años. Ahora principalmente son reclutadas en redes sociales.
Espinoza sostiene que este delito se origina ante la necesidad de obtener ganancias para poder subsistir.
Por ello las víctimas vulnerables acceden a actividades sexuales que policialmente no se manejan como trata de personas, sino como algún delito sexual.
Para el jerarca del OIJ, lo más difícil en estos casos es lograr que las autoridades logren convencer a las víctimas de denunciar los casos.
"La víctima vive en un esquema de miedo. Las denuncias son muy pocas porque la posibilidad de que esas personas se acerquen a la policía es prácticamente nula".
"Hay víctimas a las que hemos podido rescatar, pero no nos ayudan en la vía judicial", explicó Espinoza.
En el caso de la red que operaba en Upala, el Tribunal Penal de Ciudad Quesada condenó a 3 líderes a 75 años de prisión, luego de ser hallados culpables por el delito de trata, bajo la modalidad de explotación sexual.
Los condenados fueron 2 mujeres (madre e hija) de apellidos Martínez Laínez y Murillo Martínez, a quienes se les identifica como las cabecillas del grupo. Asimismo un hombre de apellido Pérez Noguera fue declarado culpable.
