¿Por qué absolvieron a Diego Bravo en juicio por difamación?

Mauricio Hoffmann, Majo Ulate y Diego Bravo coincidieron en los Tribunales de Justicia, durante la última jornada del juicio por difamación.
La falta de acreditación de uno de los elementos fundamentales para establecer la responsabilidad penal fue uno de los argumentos centrales que llevaron al Tribunal a absolver al creador de contenido Diego Bravo, en el juicio por los delitos de difamación denunciados por el presentador Mauricio Hoffmann y María José Ulate.
Durante la explicación del por tanto, el juez señaló que, para establecer una responsabilidad civil derivada de un hecho ilícito, deben concurrir tres elementos: la existencia de un hecho generador, la acreditación de un daño y una relación de causalidad entre ambos.
En este caso, el Tribunal consideró que no se logró acreditar el elemento básico: la existencia de un delito que permitiera establecer la responsabilidad de Bravo.
Por esa razón, el juez explicó que tampoco era posible continuar con el análisis de los aspectos relacionados con la responsabilidad civil planteada por Hoffmann y Ulate.
"El tribunal, al no tener por acreditado uno de los tres elementos, que es el básico, la existencia del delito (…), queda en una imposibilidad de continuar con el análisis sobre los aspectos de responsabilidad civil que se persiguen con la acción civil", explicó.
En consecuencia, el Tribunal declaró sin lugar la acción civil resarcitoria presentada contra Bravo y rechazó las pretensiones planteadas en ese extremo.
¿Por qué Hoffmann y Ulate no deberán pagar las costas?
Otro de los puntos abordados por el juez fue el relacionado con las costas del proceso. Aunque la acción civil fue rechazada, el Tribunal consideró que Hoffmann y Ulate tenían una razón aceptable para acudir a la vía judicial.
El juez explicó que ambos acudieron a los tribunales bajo el principio de buena fe y que no consideró que hubieran utilizado los procesos penales o civiles como una forma de limitar el derecho a la libertad de expresión.
Por ese motivo, determinó que existían razones para eximirlos del pago de las costas personales y procesales, pese a que sus pretensiones civiles fueron declaradas sin lugar.