La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas Salas, asegura que las elecciones de 2026 son "las más importantes de los últimos años" y advierte que Costa Rica enfrenta el riesgo de que una sola fuerza política concentre el poder.

En entrevista con Diputómetro de CR Hoy Pro, la legisladora alerta que el modelo institucional y la división de poderes están en juego, y llama al electorado a desconfiar de los discursos "fáciles" y de los proyectos "con tintes autoritarios" que buscan acaparar el control del Estado.

Rojas reconoce que el PUSC enfrenta una campaña cuesta arriba y que su candidato, Juan Carlos Hidalgo, aún no logra posicionarse en el imaginario del electorado. Sin embargo, afirma que el reto es superable si el aspirante logra aumentar su nivel de conocimiento y capitalizar a un votante que, asegura, decide su voto cada vez más tarde.

En temas legislativos, la socialcristiana defiende que su proyecto de ley para la creación de jornadas 4/3 es clave para modernizar el mercado laboral sin sacrificar derechos, y recalca que la medida no se aplicará automáticamente ni para todas las empresas. Sostiene que la reforma permitiría aumentar la productividad en sectores que operan 24/7 al reducir cambios de turno, pero insiste en que solo podrá implementarse con autorización del Ministerio de Trabajo y bajo estrictos requisitos.

A continuación, un extracto de la entrevista.

Usted es la proponente de la versión actual —y que está en discusión— del proyecto para la creación de las jornadas extraordinarias de trabajo, más conocido como plan 4/3. ¿Cuál es la importancia de este proyecto y qué garantías se ofrecen a los trabajadores frente a la preocupación de jornadas excesivas?
Este proyecto de ley busca hacer la jornada laboral más flexible, siempre cuidando los derechos de los trabajadores, pero además agregándole un elemento muy importante: la jornada nunca se va a aplicar de manera automática.
Lo que pretende es permitirle al Ministerio de Trabajo autorizar a ciertas industrias y a ciertas empresas utilizar un tipo de jornada distinta que hoy no se puede aplicar.
Porque hoy, si estas jornadas se realizan de forma permanente, se convierten en algo ordinario y, por ende, en algo ilegal, dado que nuestra legislación y nuestra Constitución solo prevén jornadas con horarios o cantidades de horas distintas de manera excepcional, no de forma habitual.
Entonces, aplicarlas de manera continua nos llevaría a una ilegalidad.
Este tipo de reforma lo que busca es que las empresas que tienen que estar operativas —por decirlo de alguna manera— las 24 horas del día, los siete días de la semana, por su giro de negocio, puedan hacerlo en dos turnos y no en tres, como se hace actualmente.
Ahí es donde hablamos de la necesidad de mejorar la productividad.

Los sectores opositores del proyecto afirman que esa "mejora de productividad" implica bajar costos y salarios. ¿Qué responde usted como proponente del proyecto?
Algunos han querido confundir y decir que mejorar la competitividad y la productividad significa bajar el costo y el salario de los trabajadores, pero no es así.
Se trata de eliminar un cambio de turno, porque en cada uno de estos cambios —por la limpieza del equipo y el relevo de trabajadores— puede haber hasta un 125 % menos de productividad.
Entonces, lo que buscamos es que haya únicamente un cambio de turno.
Es importante aclarar que estas jornadas también serán solo para cierto tipo de industrias y, como ya lo dije, después de cumplir una serie de requisitos que el Ministerio de Trabajo deberá autorizar.

¿Por qué la vía rápida?
Este es un proyecto que podría haber seguido la vía ordinaria; en otro contexto, no era necesaria una vía rápida.
Sin embargo, al conocer la oposición que tiene el proyecto, solo con vía rápida es posible que avance, porque por la vía ordinaria nunca saldría de comisión.

El Frente Amplio presentó cerca de 2.000 mociones. ¿Eso es legítimo derecho de enmienda o es obstrucción?
Bueno, es ambas cosas.
Ellos no están haciendo nada ilegal ni nada que vaya en contra del Reglamento de la Asamblea Legislativa; están en su pleno derecho y utilizando las herramientas que les otorga dicho reglamento.
Sin embargo, sabemos que es para obstruir el proyecto.
¿Cómo lo notamos? Revisando las mociones, su tipo y su cantidad.
Me parece que el reglamento, pese a que ha tenido reformas, sigue siendo un instrumento diseñado para el contexto del bipartidismo, y no para la cantidad de partidos que hoy tenemos en la Asamblea Legislativa. Es necesario reformarlo.
Pero no con una reforma estética, sino profunda, que contemple que ahora la Asamblea Legislativa tiene, como mínimo, cinco partidos representados, y actualmente funciona con una herramienta pensada para cuando solo existían dos.

Pasemos nuevamente a temas de proyectos de ley. Usted es la presidenta de la Comisión de Energía. ¿Qué proyectos son urgentes de cara al cierre de esta legislatura?
Finalmente, el proyecto principal de la comisión —el de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional— ya está en el plenario.
Me parece que eso deja el objetivo principal cumplido, porque durante años anteriores, cuando se habían planteado reformas al sistema eléctrico o al sistema energético en general, los proyectos no pasaban de comisión.
Así que, más allá de cuál sea el avance ahora, la próxima Asamblea Legislativa recibirá un texto muy avanzado, listo para ser discutido en primer debate.
Ahora tenemos una reforma del Instituto Costarricense de Electricidad y otras reformas para permitir otros tipos de energía, y creo que ambos proyectos avanzarán en la comisión.

Conversemos sobre la solicitud que el Tribunal Supremo de Elecciones hizo a la Asamblea Legislativa para levantar la inmunidad del presidente por presuntos casos de beligerancia política. ¿Cuál es su punto de vista acerca de los cuestionamientos sobre si ese tribunal está o no facultado para hacer esa petición al Congreso?
Ha habido muchas posiciones alrededor de este tema.
Distintos abogados constitucionalistas, por ejemplo, tienen criterios diferentes.
Yo he estado estudiando el asunto y leyendo lo que indica cada uno de ellos.
Me parece que el Tribunal sí está legitimado para hacer esta solicitud.
Además, no es que el Tribunal esté actuando sin investigaciones previas, como ha querido señalar el oficialismo.
El TSE revisó las denuncias y efectuó su investigación; pero ahora, para continuar e incluso para permitirle al presidente ejercer su defensa, necesita que los diputados tomemos la decisión de levantar o no la inmunidad.
La beligerancia política sí existe en nuestra legislación, y la Constitución estableció que el TSE, en materia electoral, tomaría decisiones y podría interpretar la normativa.
Por tanto, al estar esto contemplado constitucionalmente, me parece que el Tribunal sí está legitimado.
Pero, más importante aún —como usted lo mencionaba— nosotros no vamos a juzgar el fondo; aunque claro que lo tomamos en cuenta.
Más allá de decidir si hubo beligerancia, debemos analizar cuánta participación ha tenido el presidente en influir políticamente dada su posición.

¿Qué le pareció la decisión del presidente Chaves de abandonar la comisión el viernes pasado?
Una falta de respeto.
Creo que todos teníamos presupuestado que iba a pasar.
Debimos prever que él iba a buscar cualquier excusa para armar su espectáculo y hacer los aspavientos de siempre.
No coincidí con la decisión de la mayoría de la comisión; le dimos al presidente la excusa para hacer eso, y al dársela, le permitimos salirse por la tangente.
Le permitimos no contestar preguntas y no referirse al fondo.
Ellos —el gobierno y el oficialismo— insisten en que se le quitó su derecho a la legítima defensa, pero no se le quitó ningún derecho.
Aquí no era donde debía venir a defenderse. Aquí el presidente solo debía decir: "Me están acusando de algo de lo que no soy responsable" y explicar por qué considera que no lo es.
Pero claramente no era lo que iba a hacer; entró hablando de otro tema.
Aprovechó los minutos que se le dieron para arremeter contra la institucionalidad y contra los diputados de la Asamblea Legislativa.

¿Qué consecuencias cree usted que tiene el discurso del gobierno y el oficialismo contra el TSE en plena campaña electoral?
Es sumamente peligroso y me parece que estamos viviendo los meses más tristes de la historia reciente del país.
No puede ser que el presidente sea quien llame a cuestionar a una institución que los costarricenses siempre hemos respetado y de la que nunca ha habido dudas sobre su trabajo y su transparencia.
No hay elementos para cuestionar la imparcialidad del TSE.
Es muy peligroso que lo hagan y puede tener consecuencias complejas tan cerca de las elecciones, porque si los resultados no son los que esperan, podrían incluso empezar a cuestionar la legitimidad de esos resultados.

Los ataques a los tribunales electorales y a la institucionalidad son guiones propios de discursos de regímenes autoritarios y populistas. ¿Cómo percibe esos tintes por parte de la administración de Rodrigo Chaves?
Concuerdo en que es una posición populista y peligrosa.
Si bien creo que las instituciones que están siendo atacadas sí requieren reformas y revisiones profundas, no es necesario atacarlas.
Cuando el ataque no es solo al Poder Judicial, sino también al Poder Legislativo y a las instituciones que fiscalizan y controlan, podemos ver un patrón: un ataque a todo lo que supervisa las actuaciones del Poder Ejecutivo. Eso es peligroso.
Ese patrón es populista y, de pronto, raya en lo autoritario.

En ese sentido, qué está en juego para el país en las elecciones de febrero —o de abril, en caso de segunda vuelta—?
Me parece que estas elecciones son las más importantes de los últimos años.
Nos jugamos el modelo de país que queremos: no solo el modelo de desarrollo o económico, sino el modelo institucional.
Los costarricenses tienen razón al estar molestos porque la institucionalidad no ha respondido con la velocidad necesaria a las necesidades del país.
Pero para solucionar eso no es necesario entregar el poder absoluto a una única fuerza política.
No es necesario irnos a los extremos —ni de derecha ni de izquierda— porque finalmente ambos buscan lo mismo: acaparar el poder.
Nuestra institucionalidad requiere reformas profundas, no estéticas. Pero estas pueden lograrse en un país democrático, con división de poderes y controles.
Los costarricenses sabemos dialogar y construir desde la diferencia.
Es fundamental informarnos, conocer a los candidatos y no dejarnos llevar solo por lo que queremos escuchar.
Si dicen lo que queremos oír, debemos preguntarnos: ¿cómo lo harán?, ¿es posible hacerlo?

¿Cómo ve el desempeño del PUSC y de su candidato, Juan Carlos Hidalgo, en esta campaña?
El Partido Unidad enfrenta muchos retos en esta campaña, como en otras.
Creo que tenemos una buena oportunidad.
En las últimas encuestas tenemos un porcentaje bajo, pero son encuestas abiertas: no preguntan "¿por cuál de estos candidatos votaría?", sino "¿por quién va a votar usted?".
Esto muestra que, si el candidato de la Unidad se da a conocer, se posiciona y entra en el imaginario del votante, tenemos una oportunidad importante, porque el porcentaje en encuestas va de la mano con el nivel de conocimiento del candidato.
Así que aún tenemos una oportunidad significativa.
Las elecciones recientes —no solo las últimas, sino incluso las de hace ocho años o más— cada vez son más cortas, y el electorado se define casi después de diciembre, durante enero, tomando decisiones a última hora.
Me parece que, posicionando al candidato y mostrando que el Partido Unidad ha querido hacer propuestas y no caer en el pleito político actual, tenemos una gran oportunidad.
Pero sí, en este momento enfrentamos muchos retos.