Entre dudas y señalamientos, INS sigue con plan de marchamo digital
Expertos advierten riesgos en manejo de datos personales con proyecto
La intención del gobierno es que el marchamo digital se implemente en 2024. Casa Presidencial
(CRHoy.com). Pese a críticas y señalamientos de múltiples sectores que abogan por la protección de los datos personales, el Instituto Nacional de Seguros (INS) avanza con el proyecto para instaurar el marchamo digital.
La entidad estatal indicó que el pasado viernes 22 de setiembre ocurrió la apertura de las empresas interesadas en ofrecer la impresión de las etiquetas que se brindarían a través del nuevo mecanismo.
Según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), 9 compañías plantearon ofertas:
- Tecnología y Seguridad Logística de Centroamérica DCR Sociedad Anónima.
- Consorcio Capris DKT.
- Consorcio DSI DP SIGNE IQUANTICS.
- Consorcio Kathrein-ETC.
- Consorcio para Marchamos CR.
- PC Central Neology.
- Consorcio E-PASS.
- Datasys-TGS-Accesos Holográficos.
- Consorcio Grupo Visión-Telectrónica.
"Se está en las etapas propias del proceso de adjudicación de la oferta ganadora, una gestión que podría extenderse hasta el mes de diciembre. Este trámite no tendrá ningún impacto en el cobro del marchamo 2024, que empezará el próximo 1° de noviembre, tal y como lo ordena la normativa costarricense, pues esta es una labor que se ha realizado manera independiente", recalcó el INS, a través de un comunicado de prensa divulgado este 25 de setiembre.
El instituto acotó que a partir de noviembre, cuando entre a regir el cobro del marchamo de 2024, se empezarán a entregar las etiquetas habituales y será hasta el próximo año, cuando se implementen los stickers del nuevo marchamo digital.
"El método de entrega se definirá y comunicará en los próximos meses", puntualizó el INS.
Las autoridades anunciaron el proyecto el 26 de abril y el 9 de junio, a través del Sicop, el INS publicó una licitación mayor, por un presupuesto superior a los ₡4.800 millones, para la contratación de la empresa que suministraría suministre etiquetas con Tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID, por las siglas en inglés) para el proyecto del marchamo digital.
El contrato para adjudicar tiene una vigencia de 1 año con opción de otros 3 mediante renovaciones. El objetivo es conseguir el suministro de 1.800.000 etiquetas.
¿Qué representa la tecnología RFID? Es el acrónimo de Radio Frequency Identification y se refiere a una tecnología mediante la cual los datos digitales, codificados en etiquetas RFID o etiquetas inteligentes, son capturados por un lector RFID a través de ondas de radio.
La tecnología RFID funciona similar al código de barras, pues los datos de una etiqueta son capturados por un dispositivo que almacena la información en una base de datos.
"Como lo informábamos desde el inicio de año, dependíamos de los plazos estipulados en la Ley de Contratación Pública y también lo ordenado por la Contraloría General de la República (CGR). Con base en los tiempos de nuestra normativa, proyectamos la adjudicación para este 2023, tal y como se tenía contemplado desde el inicio del proyecto. La entrega de las etiquetas se realizaría el próximo año, lo cual significa que para este año el marchamo continúa normal", alegó Mónica Araya, presidenta ejecutiva del INS.
En los últimos meses, y como parte del proceso de la contratación administrativa, ante la CGR fueron presentados ocho recursos de objeción. De los 36 alegatos expuestos por diferentes empresas, la contraloría dio razón al INS en 29 de estos. En 6 puntos estuvo de acuerdo parcialmente con el potencial oferente y el instituto. En uno, se solicitó al INS la modificación de un aspecto formal del pliego.
De igual forma, en meses recientes, instituto ha tenido que brindar respuesta a 3 recursos de amparo planteados ante la Sala Constitucional contra los alcances del proyecto.
"El INS se mantiene atento a lo que resuelva la Sala en estos temas y será respetuoso de lo ordenado", subrayó la entidad.
Sobre este proyecto, algunos expertos en manejo de datos personales mostraron inquietudes en torno a una segunda etapa del plan, anunciada por el Poder Ejecutivo, en la que el marchamo digital serviría para compartir datos sobre movilidad con otras entidades, como la Policía de Tránsito.