En el aire futuro de jueces y fiscales sospechosos de filtrar información a abogado asesinado
Nueva audiencia de medidas cautelares está en curso tras apelación
Después de 31 días de la detención de 3 jueces y 3 fiscales sospechosos de filtrar información sobre causas penales a un abogado defensor de bandas criminales en Cartago, todavía se desconoce si fueron reincorporados o si retornarán a sus funciones en el Poder Judicial.
Tal como reveló crhoy.com la semana pasada, los imputados quedaron completamente en libertad y sin medidas cautelares, luego de que el Juzgado Penal que tramita el caso declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por los defensores de los funcionarios.
Por ende, se ordenó una nueva audiencia que se realiza desde el pasado lunes y se mantiene en curso, tal y como confirmó el Poder Judicial ante la consulta de este medio. La Fiscalía Anticorrupción (Fapta) a cargo del caso, mantiene hermetismo sobre su posición hasta que finalice el debate.
A los 3 jueces y 3 fiscales se les vincula con el exjuez Luis Diego Ulloa, quien al parecer dejó el Poder Judicial para defender legalmente a grupos delictivos de la Vieja Metrópoli. Contra los funcionarios se dictaron medidas cautelares el pasado 23 de junio, tales como la separación del cargo.
No obstante, ellos apelaron la decisión y el Juzgado a cargo anuló las medidas, al declarar ineficacia de la resolución inicial. Por ende, no rigen y se ordenó realizar una nueva audiencia.
Paralelamente, la Inspección Judicial, el órgano disciplinario, solicitó la suspensión de los empleados implicados en el presunto caso de corrupción: dicha decisión debe ser ratificada por el Consejo Superior del Poder Judicial. Crhoy consultó desde la semana anterior al Departamento de Prensa, sin embargo, hasta ahora no se ha remitido respuesta.
Caso Topo
Las investigaciones iniciaron con la muerte del exjuez apellidos Ulloa Rodríguez, que ocurrió el 27 de febrero en La Unión de Cartago. Él trabajó años atrás en el Juzgado de la localidad y se dedicaba a representar legalmente a estructuras criminales conocidas y trascendentes en Cartago.
Previo a su muerte, en apariencia aprovechaba la relación de amistad y relación con varios funcionarios judiciales en activo, para recibir datos de sobre casos penales que él llevaba como abogado defensor privado.
La incautación y posterior revisión del teléfono de Luis Diego Ulloa, fue clave para descubrir que al menos 6 funcionarios le facilitaban datos de las causas penales. Cuando se decomisó el celular, se encontraron más de 300 mil archivos en ese dispositivo, confirmó días atrás el director del OIJ, Randall Zúñiga.
El volumen de trabajo fue tal, que el OIJ tuvo que detener una unidad de trabajo de la Sección de Corrupción, para poder procesar toda la información. La revisión e interpretación que hicieron los agentes de esos miles de documentos fue lo que permitió identificar cuáles eran los funcionarios dentro del Poder Judicial de alguna forma participaban en facilitar datos de causas penales.
Inicialmente, sobre un juez de apellido Sánchez se ordenó prisión preventiva, pero un breve plazo: un mes. Las fiscales de apellido Kikut y Ulloa, así como el fiscal apellido Darcia y el juez de apellido Cabezas, fueron suspendidos de su puesto, sin ir a prisión.
A ellos se les obligó a no acercarse a los despachos judiciales investigados, no acercarse a testigos de la causa, no salir del país, firmar una vez al mes ante la Fiscalía Anticorrupción y mantener domicilio fijo. La jueza de apellido Padilla fue sometida en principio a esas mismas medidas cautelares, excepto que ella sí pudo volver a trabajar inmediatamente.
El Juzgado de Turno Extraordinario de San José había dictado las medidas cautelares sobre los 6 funcionarios sospechosos de varios delitos: los tres jueces identificados los apellidos Cabezas, Sánchez, Padilla, así como los tres fiscales de apellidos Kikut, Darcia y Ulloa. Esta última es hermana del exjuez y abogado asesinado.
