Empresarios ven riesgos en plan que permitiría embargo preventivo de bienes

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) advirtió a los diputados de riesgos en un proyecto de ley que permitiría el embargo preventivo de bienes, sin que medie una denuncia previa o una investigación.

La Uccaep manifestó este lunes que la inseguridad que vive el país es realmente muy grave, con crímenes que han alcanzado niveles históricos, y reiteró su disposición de colaborar y apoyar iniciativas que fortalezcan las herramientas contra el crimen organizado, conscientes de lo que representa la seguridad para garantizar la paz social y para evitar la hostilidad en el clima de negocios.

Sin embargo, aseguró que como una organización que también cree en la seguridad jurídica, se debe corregir algunas disposiciones del proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 22.834 para evitar que se vulneren los derechos de las personas.

"En caso de no enmendarse, el proyecto contendría acciones que atentan contra las garantías de la ciudadanía y la preservación del Estado de Derecho, tales como el debido proceso, el derecho de defensa, principio de inocencia y el derecho a la propiedad privada. Uccaep así lo informó a la Asamblea Legislativa, al remitir su criterio sobre dicho proyecto", indicó el sector empresarial.

Según la Uccaep, la iniciativa permitiría congelar los bienes de una persona, sin mediar una investigación o pruebas de que el aumento de su capital responde a actividades ilícitas.

"Es decir, se parte del hecho de que es culpable y se embargan sus bienes antes de que el afectado haya sido formalmente denunciado", sostuvo la Unión de Cámaras.

La reforma también permitiría al Ministerio Público que cuando exista un aumento patrimonial, sea de una persona o una empresa, "sin causa lícita aparente" pueda solicitar el congelamiento de sus bienes, sin que se haya presentado una denuncia contra la persona afectada.

"La situación causa alarma si se toma en cuenta que el 97% del parque empresarial del país responde a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales quedarían expuestas, si su patrimonio aumenta, pues se convierten automáticamente en sospechosas, y podrían congelarles sus bienes. Es importante recordar, como constantemente lo ha hecho Uccaep que más del 45% del sector productivo nacional opera desde la informalidad, por lo que las posibilidades reales de implementar estas disposiciones en la forma en que están propuestas, así como los riesgos y daños que se podrían generar, ante la imposibilidad de poder dar acceso y ofrecer medios probatorios para un porcentaje importante de la población podría impactar tanto a empresarios y sujetos productivos formales como informales", advirtió el sector empresarial.

La organización insistió en la necesidad de contar con un umbral mínimo en la ley, ya que al eliminarlo se podrían embargar la totalidad de los bienes de una persona que aún no ha sido denunciada por delito alguno e independientemente del monto del aumento de capital.

Además, expresó que considera insuficiente el plazo establecido en este proyecto para el ejercicio adecuado y correcto del derecho de defensa.

"Se debe considerar que dado que la persona no ha sido denunciada, puede requerir la recolección de elementos probatorios de vieja data y múltiples posibles fuentes. Por eso, se sugiere ampliar el tiempo establecido para plantear un recurso de apelación ya que, según lo plantea el proyecto, es de 24 horas. Esto crea una situación clara de indefensión para la ciudadanía", mencionó la Uccaep.

La Unión de Cámaras opinó que debe modificarse el proyecto para que la valoración de la prueba sea obligatoria para el juez y se debe establecer un plazo perentorio al juez para convocar a la audiencia de defensa a las partes.

"Vale recalcar que al restringirse derechos fundamentales, como la propiedad privada y el derecho de defensa, el proyecto debería ser aprobado por mayoría calificada de 38 votos de los miembros de la Asamblea Legislativa", sostuvo.

"Uccaep reafirma que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es de la mayor importancia para todos los ciudadanos, sin embargo, es de gran relevancia enmendar el proyecto 22.834, si realmente se quiere cumplir con el objetivo del mismo, y con ello, preservar el Estado de Derecho y, sobre todo, proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía", concluyó.

La iniciativa de ley ya fue aprobada en primer debate por el Plenario Legislativo.