Empresaria pide a Fiscalía gestionar congelamiento de fondos de firma ligada al canciller

La empresaria hondureña Dulce Mejía Casco solicitó al Ministerio Público que gestione, ante el juzgado correspondiente, el congelamiento de las cuentas de la fiduciaria ATA Trust S.A., fundada y administrada por el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, mientras se desarrolla la investigación contra el funcionario por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta.

La dueña de la compañía SGM Comercial S.A. presentó la solicitud tras denunciar el presunto manejo irregular de $4 millones que entregaron en fideicomiso a ATA Trust para su custodia.

Según la documentación judicial, la compañía catracha entregó el dinero en setiembre de 2021 y, un año después, cuando intentaron recuperarlo, se encontraron con una serie de obstáculos por parte de la fiduciaria de André. Tal como lo adelantó CR Hoy el martes, a la fecha, no han logrado recuperar los fondos.

Desde entonces, se inició una disputa que ya lleva tres años, hasta que, el pasado 24 de abril, Mejía interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General, donde se abrió el expediente 25-000040-0030-PE contra el canciller, así como un expediente paralelo contra su hijo, Phillip André, y el representante de ATA Trust, Alonso Vargas Araya, con el fin de determinar una posible participación en la comisión del delito.

Mejía rindió una declaración ante la Fiscalía, en la cual expuso la necesidad de aplicar medidas cautelares a la fiduciaria, por lo que solicitó el congelamiento de las cuentas de dicha sociedad anónima.

La molestia de la empresaria radica en que a la fecha no se ha recibido ninguna notificación o requerimiento de la fiduciaria o de los denunciados para resolver el problema, pese a que han sido insistentes incluso de manera personal en las oficinas de Lexincorp en Los Yoses, donde opera ATA Trust.

"Siempre hemos querido evitar procesos penales, pero su negativa ha sido sistemática. Si en cinco días devuelven el dinero, quedaría satisfecho el interés patrimonial de la empresa. En caso de que no se devuelva el dinero por parte de los denunciados, me gustaría que se solicite un congelamiento de los fondos mientras se finaliza con las investigaciones", declaró.

Como parte de los obstáculos descritos en la denuncia, se enumeró la inacción de ATA Trust cuando SGM solicitó la apertura del proceso para realizar una auditoría, para lo cual requerían informes por parte de la fiduciaria; sin embargo, esta se negó a entregar la documentación.

Desde entonces, la empresa hondureña inició el proceso para la devolución del dinero, pero la compañía de André alegó que no podían ejecutar esa acción sin la firma de un tercer participante y de un beneficiario registrado, pese a que Mejía afirma que en el contrato no existía ninguna de esas dos figuras y que el acuerdo no fue modificado posteriormente.

La empresaria sostuvo que no contar con ese dinero en sus arcas durante los últimos tres años le generó problemas a nivel comercial e implicó acciones que perjudicaron la imagen de SGM Comercial S.A.

"Ese fondo estaba destinado a inversiones estratégicas. Hemos tenido que cancelar proyectos, asumir costos bancarios y perdimos credibilidad con socios. La falta de liquidez nos puso en riesgo financiero", dijo Mejía.

¿Se usó en campaña de Chaves?

En su declaración ante la Fiscalía, Mejía sostuvo que tiene sospechas de que el dinero que confió a la fiduciaria de Arnoldo André se habría usado en la campaña política para las elecciones de 2022.

La empresaria asegura que existen muchas coincidencias entre lo que ocurrió con su dinero y el informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el presunto uso de estructuras paralelas de manera ilegal por parte del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), con el cual Rodrigo Chaves Robles ganó las últimas elecciones.

“El dinero fue usado con fines políticos, no tengo pruebas directas, pero las coincidencias con el informe del Tribunal Supremo de Elecciones son muy serias y me hacen sospechar un uso indebido del dinero que entregamos en custodia“, dijo.

Mejía sostuvo que una vez que supo de la supuesta comisión de delitos en el manejo oscuro de fondos de la campaña de Chaves, que estuvieron relacionados con ATA Trust, temió que sus fondos estuviera redireccionándose a hechos ilícitos.

“Después de conocer informes públicos en Costa Rica sobre un posible financiamiento electoral irregular en el que ATA TRUST habría estado implicado. Eso coincidió con la negativa de devolvernos los fondos.(…) Los fondos estaban mezclados representa una violación directa al deber fiduciario y confirma nuestra sospecha de mal manejo o desvío de fondos.

Por su parte, la empresa de André aseguró que garantiza tener los fondos en su poder, pero que no lo devolverá hasta que no haya acuerdo de las partes, una orden arbitral o judicial.

“Podemos afirmar y garantizar que los fondos objeto de la denuncia mencionada se encuentran totalmente disponibles y debidamente custodiados en nuestras cuentas bancarias en bancos del sistema bancario nacional. ATA TRUST COMPAY S.A. es la encargada de custodiar y girar dineros según las partes negociantes le instruyan en forma conjunta. Nunca de forma independiente o sin instrucción de dichas partes”, indicaron.

La empresa ATA Trust S.A. es la misma que administró el fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual fue utilizado para financiar la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles, actual presidente de la República, por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

El informe final de investigación sobre presuntos delitos de financiamiento ilegal en la campaña del presidente, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, señaló que, durante la investigación preliminar, no se lograron identificar productos tangibles que respaldaran la versión de los fideicomitentes (como informes, reportes, propuestas, minutas de reunión, etc.) sobre el supuesto interés de analizar políticas públicas o temas de la realidad nacional.

El informe del TSE fue secuestrado por la Fiscalía General como parte de una investigación por presuntos delitos electorales cometidos durante la campaña del mandatario y André Tinoco.