Empresa que ganó licitación en Costa Rica para red 5G en riesgo de embargo
Ministerio Público presentó apelación y la Sala Segunda de Mayor Riesgo del Poder Judicial de Guatemala le dio la razón.
La empresa Datasys, a la cual Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) le adjudicó la licitación para el desarrollo de la red 5G en Costa Rica, este jueves recibió la notificación de que la Sala Segunda de Mayor Riesgo del Poder Judicial de Guatemala aceptó una apelación interpuesta por el Ministerio Público y ordenó el embargo de las cuentas de la empresa en ese país por el Caso TREP.
Así lo confirmó la Fiscalía de Guatemala ante consulta de CRHoy.com, luego de indicar que no pueden brindar más detalles que los ya conocidos debido a que el caso sigue en curso.
"En este caso únicamente se confirma la información ya que por la reserva que conlleva la investigación no es posible ahondar en detalles", respondieron.
Las autoridades chapinas tienen bajo la lupa el supuesto sobrepago autorizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la implementación de un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en los comicios presidenciales del año pasado.
El servicio fue brindado por Podernet, recomendado y proporcionado por Datasys y a raíz de denuncias de irregularidades en la adjudicación de la licitación se abrió una investigación contra varios magistrados del tribunal.
Como parte de la resolución, además del embargo, se ordenó la suspensión del pago de más de ¢2.600 millones (40 millones de quetzales) a la compañía proveedora por el servicio brindado TSE.
Este jueves medios locales como TVGT Noticias informaron que esto significa un giro importante en el desarrollo de las pesquisas, pues la acción "subraya la seriedad de las acusaciones y la determinación de las autoridades judiciales en asegurar una investigación exhaustiva y justa".
"La decisión de suspender el pago a DATASYS por parte del TSE es un indicativo de las complicaciones y desafíos que enfrenta el Tribunal en este escenario de crisis. Esta suspensión no solo cuestiona la gestión financiera del TSE sino que también podría tener implicaciones en su capacidad para administrar procesos electorales futuros de manera eficiente y transparente", informaron.
Datasys: "es persecución política"
La compañía Datasys se defendió de los cuestionamientos que surgieron en Guatemala y la última decisión que la justicia tomó contra ellos, aduciendo que se trata de una persecución política que tienen el Ministerio Público y la actual jefa de ese órgano.
"Datasys Guatemala S.A. está siendo objeto, junto a los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de una abierta persecución política e institucional por parte del Ministerio Público, dirigido por María Consuelo Porras Argueta de Porres, como represalia al haber rechazado nuestra empresa varios ofrecimientos e injerencias impropias en el marco de nuestro contrato de transmisión de datos electorales obtenido de manera legal bajo concurso y ofertas de otras compañías que no pudieron ofrecer las mismas condiciones y servicios que Datasys cumplió", contestaron.
En un comunicado facilitado a este medio exponen que las acciones de este Ministerio Público buscan deslegitimar el proceso electoral recién pasado, "poniendo en riesgo la democracia del país y la voluntad popular al lanzar acusaciones espurias contra Datasys Guatemala S.A. y contra los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral".
Además señalan que son respetuosos de las leyes y procesos legales y "por esa razón, ante las medidas cautelares que se ordenaron en contra de la empresa impulsadas por la Fiscal General y un grupo de cuestionados fiscales, se presentaron todos los documentos y argumentos que demostraban la legalidad de nuestras acciones".
De hecho, este viernes la Unión Europea sancionó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por "socavar la democracia y el Estado de Derecho" en ese país.
Además de Porras, fueron sancionados 3 funcionarios de la Fiscalía: el Secretario General de la institución, Ángel Pineda; el investigador Rafael Curruchiche y la fiscal Leonor Morales.
También fue incluido en la lista de sancionados el juez Fredy Orellana.
Estas 5 personas "son responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala", indicó el Consejo Europeo en un comunicado.
Los 5 tienen ahora vetado el ingreso al espacio de la UE. Además, eventuales activos que posean en territorio europeo serán congelados.
El Consejo Europeo también determinó que ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido suministrar fondos a esas cinco personas.
El caso
Investigación a magistrados en Guatemala. Fuente: MP Guatemala
8 magistrados del Tribunal Electoral son acusados por dicha Fiscalía por el presunto manejo irregular que se le dio al sistema que aportó la compañía Datasys, encargado del sistema de conteo de votos durante las elecciones.
La entidad le achaca a los funcionarios un presunto delito de abuso de autoridad al haber suscrito el contrato administrativo con Datasys, del programa informático para la trasmisión de resultados electorales.
También los acusaron de incumplimiento de deberes, debido a que -supuestamente- no fueron diligentes a la hora de supervisar la labor de la empresa contratada para el proceso electoral.
Finalmente, le endosa a los magistrados una posible comisión de fraude debido a que los investigados autorizaron la adjudicación del contrato administrativo con la entidad Datasys Guatemala S.A
Hasta ahora figuran como imputados los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, y Mynor Custodio Franco Flores, así como de los Magistrados Suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
Esta denuncia se hizo pública en suelo chapín desde junio pasado, al mismo tiempo que en Costa Rica se adjudicó un contrato con la empresa por la suma de $2.775.052,0338 para la administración de las redes 5G.
La compañía finlandesa Nokia será la encargada de implementar redes empresariales privadas móviles de quinta generación, en el concurso realizado por Radiográfica Costarricense (Racsa), encargado de recomendar la adjudicación de este proceso especial al Consorcio Datasys Group – Vinet (representante de Nokia), conformado por la empresa Datasys Group.
Crisis política con elecciones
La crisis política que vive Guatemala inició el 25 de junio del año pasado después de que Bernardo Arévalo lograra avanzar a la segunda ronda en las elecciones presidenciales. La Fiscalía abrió investigaciones contra el Movimiento Semilla, partido del entonces candidato y ahora presidente de la República, asegurando que se utilizaron firmas falsas para constituir la agrupación.
Desde entonces, Arévalo ha dicho públicamente ser víctima de un intento de golpe de Estado, mediante ataques al partido. A raíz del escándalo, 9 partidos pidieron a la Corte Constitucional revisar los resultados de las elecciones en la primera vuelta.
Ante los hechos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros entes internacionales pidieron transparencia y que todo avanzara sin problema hacia la segunda ronda, donde los guatemaltecos decidirían entre el candidato de Semilla y Sandra Torres.
Sandra Torres y Bernardo Arévalo. AFP
Los constantes allanamientos de la Fiscalía en el TSE desataron una ola de protestas en Guatemala pidiendo que las autoridades judiciales no intervinieran en los resultados, en medio de todo el embrollo la Corte Suprema de Justicia ratificó la segunda ronda para el 20 de agosto, pese a que el Ministerio Público intentó frenar el proceso con varias investigaciones.
Finalmente, Arévalo gana las elecciones el 20 de agosto con el 60% de los votos y asumió el mando el pasado 14 de enero. Su contrincante Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) reconoció la derrota pese al abrumador resultado y presentó una denuncia de supuesto fraude electoral por dudas en el manejo del sistema de digitalización de votos (aportado por Datasys) en Ciudad de Guatemala.
Por estos hechos, desde setiembre, se abrió la investigación contra los magistrados por la denuncia de aparente sobrepago del sistema que puso Datasys para el conteo de votos y supuesto manejo fraudulento del mismo.
