Empresa EBI entabla arbitraje internacional contra Costa Rica por $125 millones
Compañía alega violaciones a tratado comercial suscrito entre Costa Rica y Canadá en pugna por desarrollo de rellenos sanitarios
Ebi Costa Rica, ha operado rellenos sanitarios para el tratamiento de residuos. Foto: Ebi Costa Rica
La empresa EBI de Costa Rica S.A. anunció este jueves que abrió un proceso de arbitraje internacional contra el Estado de Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
En un comunicado de prensa, la compañía alegó que la gestión se sustenta en el tratado de protección de inversiones entre Canadá y Costa Rica.
La decisión de elevar la disputa al Ciadi la tomaron los dueños canadienses de EBI, dirigida por Gestion Bayonne Inc. (GBI).
La disputa responde a la negativa a crear rellenos sanitarios en Turrúcares de Alajuela y Montes de Oro (Puntarenas).
"La decisión responde a unas recientes acciones arbitrarias por parte de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro, que perpetúan una campaña sesgada en contra a EBI e impiden el avance de nuevos proyectos de tratamiento de residuos, a pesar de contar con todos los permisos ambientales y legales requeridos", alegó la empresa, a través del boletín.
EBI indicó que durante los últimos 20 años la compañía ha operado en el país en la gestión de residuos sólidos, operando 3 instalaciones y tratando aproximadamente el 65% de los residuos generados en Costa Rica.
Para la empresa, la imposibilidad de habilitar nuevos centros de tratamiento amenaza con detener sus operaciones en el corto plazo.
"EBI ha cumplido rigurosamente con todas las normativas ambientales y legales para desarrollar proyectos esenciales que garanticen la continuidad del servicio. Nuestro compromiso con Costa Rica es firme, pero nos vemos forzados a acudir a arbitraje internacional ante la imposibilidad de avanzar por la vía administrativa", dijo Julien Charbonneau, gerente general de EBI de Costa Rica.
En el arbitraje, presentado el 27 de junio de 2025, la empresa sostiene que procura reivindicar los derechos de la inversión y detener una progresiva "expropiación de facto" que podría resultar en pérdidas superiores a los $125 millones.
Además, señala que agravaría la inminente crisis nacional de gestión de residuos, tras el cierre proyectado del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) La Uruca a finales de este año.
"EBI y GBI reafirman su disposición a continuar colaborando con todos los niveles de gobierno en busca de una solución responsable, legal y oportuna que permita proteger el bienestar de la población costarricense y el ambiente.
Charbonneau indicó que seguirán abiertos al diálogo con las autoridades y que confían en que esto permita retomar el camino de la colaboración para enfrentar juntos los desafíos del país en materia de residuos.
