El secreto mejor guardado: ¿Qué negoció Costa Rica con Pfizer?
CRHoy.com pidió contrato de vacunas con cláusulas sensibles tachadas: no hubo respuesta
(CRHoy.com).- Cualquier solicitud de transparencia choca contra un muro cuando se trata de solicitarle al Gobierno de la República que revele los términos del contrato con el consorcio farmacéutico Pfizer-BioNTech para la compra de vacunas contra el COVID-19.
La semana pasada, este medio de comunicación solicitó al Ministerio de Salud, Casa Presidencial, a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y a la firma proveedora, una copia del contrato que firmó el país para adquirir la vacuna. Sin embargo, la respuesta fue que el acuerdo de compra venta es confidencial.
De los tres contratos de adquisición de vacunas que tiene activos la CNE en la actualidad, los que firmó con AstraZeneca y el mecanismo Covax-Facility son públicos.
Solo el que se rubricó con Pfizer-BioNtech es privado, informó el Ministerio de Salud, dato que corroboró Geraldyn León, responsable de Comunicaciones Externas para Centroamérica y el Caribe de Asuntos Corporativos de Pfizer.
"Hemos recibido su solicitud, sin embargo en esta ocasión no podremos apoyarlo ya que, el acuerdo firmado entre el Gobierno de Costa Rica y Pfizer-BioNTech es confidencial. De antemano agradecemos su compresión", respondió la funcionaria vía correo electrónico el pasado 29 de abril.
Ni la CNE, ni el Ministerio de Salud explicaron cuáles son las razones en las que se fundamenta la confidencialidad del contrato con Pfizer-BioNTech.
Ante el secretismo, el 30 de abril, este medio de comunicación digital solicitó por escrito a las instituciones mencionadas una copia fiel del contrato con el tachado de aquellas cláusulas que las partes consideran como sensibles. Sin embargo, hasta este lunes 3 de mayo al mediodía no había recibido lo solicitado.
Además, CRHoy.com consultó al Gobierno que responda si se comprometió a entregarle a la empresa farmacéutica datos privados de los costarricenses, o bien aquellos que tengan que ver con los resultados de la vacunación, si estos eventuales datos son anonimizados, o bien, datos acerca de los resultados de la inmunización, o sobre la población que ha experimentado efectos secundarios, entre otros.
La petición surgió después de la revelación que hiciera la agencia internacional de noticias "Reuters" de que Israel no solo pagó más por cada vacuna que la Unión Europea, sino que acordó entregarle información de su población vacunada a Pfizer. Esa es una de las naciones del mundo que más rápido avanza en la inmunización de su población contra el COVID-19
A raíz de secretismo, se le consultó al Gobierno cuáles son los fundamentos legales que respaldan la decisión de declarar confidencial el contrato con la transnacional farmacéutica. Hasta antes del cierre de este reportaje no se obtuvieron respuestas.
El proceso de vacunación
Costa Rica recibe desde el 24 de diciembre entregas de la vacuna de Pfizer BioNTech contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
El país estuvo entre los diez primeros a nivel mundial en iniciar el proceso de inmunización. Sin embargo, la vacunación ha resultado lenta y en algunos momentos se ha detenido debido a que la empresa farmacéutica es la que controla los envíos del medicamento ante la alta demanda a nivel mundial, según han dicho las autoridades del Gobierno
Hasta el 13 de abril pasado Costa Rica había recibido 15 entregas de la vacuna de Pfizer, para un total de vacunas superior al millón de dosis.
El mes pasado se recibieron dos cargamentos de Pfizer y otro del mecanismo Covax-Facility.
De acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la tasa de vacunación de Costa Rica hasta mediados de abril era de 11,37 por cada 11 habitantes.
En diciembre pasado, a propósito del arribo del primer lote de vacunas de Pfizer, la primera vicepresidenta de la República, Epsy Campbell Barr, alardeó en sus perfiles de redes sociales que Costa Rica ingresaba así a las lista de los diez primeros países del mundo en iniciar la campaña de vacunación contra el COVID-19.
Mañana, en vísperas de Navidad, Costa Rica 🇨🇷 ingresará a la lista de los primeros diez países del mundo en iniciar la campaña de vacunación contra el COVID-19. (1/4)
— Epsy Campbell Barr (@epsycampbell) December 24, 2020
El 6 de enero del 2021, la Casa Presidencial comunicó que el contrato de manufactura y suplido de 3.000.075 dosis de la vacuna contra el COVID-19 con Pfizer-BioNTech era de un monto fijo y total de $36 millones, dato que reveló el Gobierno, según el mismo comunicado, hasta después de gestionar una autorización con la empresa.
"Dicho contrato ha sido fundamental para que el país se situase entre los primeros diez del mundo en tener acceso a la vacuna de Pfizer/BioNTech, de la cual ya hemos recibido tres entregas, por un total de 54.600 dosis, en los 14 días transcurridos entre el 23 de diciembre de 2020 y el 5 de enero de 2021, y se espera seguir recibiendo entregas semanales a lo largo del año", comunicó la Presidencia el martes 6 de enero.
Ese mismo día, trascendió en la prensa que Pfizer impuso a Costa Rica la aplicación de la cláusula de confidencialidad sobre el contrato hasta por un año, plazo de duración del acuerdo.
Un día antes, el 5 de enero, el presidente de la CNE, Alexander Solís, reveló en conferencia de prensa que entre los tres contratos para la compra de vacunas Costa Rica invertirá un total de $70 millones, es decir, ¢43.500 millones al tipo de cambio actual.
Posteriormente, el 15 de marzo, trascendió que Costa Rica amplió el contrato con la farmacéutica para la compra de un millón más de dosis de la vacuna, pero no trascendió el costo económico para el Gobierno de esa operación.
La importancia de preguntar
Desde que se anunció la disponibilidad de la vacuna contra el COVID-19 en el mercado farmacéutico mundial los medios de comunicación y activistas han emprendido una lucha, que se mantiene, por conocer los acuerdos de los gobiernos para obtener la vacuna de Pfizer-BioNTech, la que tiene una mayor cantidad de datos en respaldo de su eficacia.
En la región latinoamericana son notorios los casos de Panamá, Argentina y Perú. Los medios canaleros exigieron los detalles del contrato entre el gobierno y la empresa farmacéutica; empero, toparon con las mismas limitaciones a la información de interés público.
El 20 de febrero, se conoció que el ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, dimitió al conocerse la vacunación irregular de personalidades de ese país. Antes de irse, en otro contexto distinto de ese escándalo, el médico afirmó a la prensa que la farmacéutica Pfizer había pedido, presuntamente, "una ley que le diera inmunidad" en la nación suramericana.
González agregó que después de que el Parlamento argentino aprobó la legislación que supuestamente pedía la empresa, desde la casa matriz de Estados Unidos las autoridades argentinas recibieron, aparentemente, mensajes de disconformidad con los alcances de la normativa, además de que exigían que fuera el presidente de la República el que firmara el contrato.
En un reportaje del 28 de enero del 2021, el medio internacional británico, BBC, reveló que el secretismo alrededor de los contratos entre los gobiernos y las casas productoras es la tónica en el mundo entero.
Esa actitud incluso doblegó a potencias, como la Unión Europea. La BBC recogió en el mismo reportaje que la comisaria de Salud del bloque, Stella Kiriakides, afirmó que "debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión (Europea, el Poder Ejecutivo del bloque) está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos".
En esa misma región del mundo, la polémica alrededor de la confidencialidad de los contratos escaló cuando las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca le comunicaron al bloque que iban a poder entregarle la cantidad inicial de dosis que habían acordado.
El medio estadounidense "The New York Times" publicó a principios de febrero del 2021 un reportaje en el que recogió el mismo caso sobre la molestia que generó en la Unión Europea el secretismo alrededor de detalles de los contratos como el precio por dosis, el calendario de entregas, y el dinero que la Unión pagó por anticipado a las farmacéuticas.
Uno de los efectos de ese secretismo, según el prestigioso diario estadounidense, es la complejidad que surge para interrogar a los funcionarios de las empresas farmacéuticas o del Gobierno sobre su responsabilidad en caso de que haya retrasos en los plazos de entrega del medicamento.
También hay evidencias, de acuerdo con ese mismo medio, de que, en algunos casos, las compañías obtuvieron inmunidad para que sus representantes no sean juzgados en caso de que un país decida responsabilizarlos por si algo sale mal en el proceso de vacunación.
Además, siempre de acuerdo con el mismo diario, algunos de los contratos prohíben a los países donar o revender las dosis de la vacuna, lo cual podría generar complicaciones para que países pobres tengan acceso al medicamento.
La semana pasada trascendió que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (Amcham) coincidieron al solicitarle al gobierno de Estados Unidos una donación de dosis de la vacuna, con el argumento de que es importante que Costa Rica se convierta en un país inmonológicamente seguro debido a la gran cantidad de inversión extranjera directa (IED) de Estados Unidos que alberga en su territorio, así como por la cantidad de estadounidenses que visitan con fines turísticos el país.
Lo poco que se sabe
En medio del hermetismo, sin embargo, las autoridades de algunos países han cometido infidencias que arrojan algo de luz sobre lo que ha ocurrido con el desarrollo de la vacuna; así es como trascendió que Estados Unidos y la Unión Europea dispusieron gran cantidad de dinero para el desarrollo de la medicina.
No obstante, a pesar de la proveniencia pública de esos fondos, las empresas, según "The New York Times", es muy probable que las empresas privadas se queden con las patentes del medicamento contra el coronavirus.
Según un informe de la organización no gubernamental (ONG) y apartidaria latinoamericana "DirectorioLegislativo.org" , con sede en Argentina, los gobiernos de América Latina otorgaron beneficios legales y tributarios a las farmacéuticas, a cambio de acceder a la compra de vacunas contra el COVID-19.
La organización publicó el 9 de marzo que al menos 13 países de la región latinoamericana cambiaron sus leyes para adquirir el medicamento.
Entre setiembre del 2020 y febrero del 2021, prosigue el informe de la ONG, se aprobaron 23 nuevas normativas en Latinoamérica, entre leyes, decretos y resoluciones que arrojaron opacidad sobre las adquisiciones de la vacuna.
"En Perú, por ejemplo, funcionarios del Gobierno revelaron a OjoPúblico que durante el proceso de negociación, este laboratorio solicitó cláusulas que lo eximían de responsabilidad ante posibles efectos adversos del antígeno, demoras en la entrega de lotes, u otro tipo de protección frente a futuras demandas. En medio de las negociaciones, el Gobierno emitió un decreto supremo que expresaba el compromiso de someterse al arbitraje internacional, ante controversias derivadas de la compra de vacunas", recogió una nota en la que se resume el informe.
