El CTP se convierte en “ángel protector” de los taxistas: “se ha desamparado al sector”

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(CRHoy.com). "Se ha desamparado al sector de taxis. En algún momento el Estado lo dejó a su suerte y ahí dependen miles de familias", esa es una de las frases que evidencia el respaldo que mantiene el Consejo de Transporte Público (CTP) hacia los taxistas formales.

El autor de dicho argumento es Manuel Vega, director ejecutivo de la institución, quien explica que en el país existen unos 12 mil transportistas que ofrecen este servicio, que es una fuente de sustento para entre 30 mil y 45 mil familias.

Vega deja en claro la postura frente a las aplicaciones tecnológicas: para él –hoy- son ilegales y no pueden ser consideradas como servicios de transporte público, pese a que Uber está pagando el Impuesto al Valor Agregado. 

El Poder Ejecutivo presentó desde enero un proyecto de ley que busca regular Uber y las demás "apps" que ofrecen servicios en el país. Sin embargo, con la sombra de la ilegalidad presente, la propuesta no convence pese a que para el CTP puede significar el retorno de la esperanza para los taxistas.

"Tenemos 10 meses de estar conversando. Ellos (los taxistas) están pasando una situación difícil. Nosotros en el CTP la conocemos. Tocamos las puertas cuando se presentó el proyecto de plataformas tecnológicas a la Asamblea Legislativa. Precisamente, para ir poniendo orden en ese sentido: que vuelva la esperanza al sector de taxis (…) Se ha desamparado el sector de taxis. En algún momento el Estado lo dejó a su suerte y ahí dependen miles de familias", dice Vega, quien cree que los taxistas y Uber pueden coexistir, siempre y cuando lo segundo se catalogue como un servicio público.

¿Sirve la regulación?

Desde la óptica del funcionario, la regulación se traduciría en la mejora de condiciones para la denominada 'fuerza roja' y, a su vez, en una modernización del sector.

Incluso, Vega dijo que es necesario buscar los recursos necesarios para que los taxistas se remocen. Ya sea mediante un fondo de movilidad (financiado con recursos recolectados por las plataformas tecnológicas, como lo estipula el proyecto de ley) o a través de otras vías.

El fondo planteado por el Poder Ejecutivo recibiría 3% de cada viaje que se realice a través de Uber o mediante cualquier plataforma tecnológica. Esto, tendría como fin mejorar las condiciones –en equipamiento- de los taxistas. Precisamente, el consejo de transporte tendría la potestad de su administración.

"El llamado que hacemos es a través del CTP y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para que el proyecto de ley camine pronto con los cambios que han sido propuestos, tanto para el Poder Ejecutivo como por el sector de taxis. Pero, la idea es volver a tener confianza. Que los costarricenses tengan claridad que ahí afuera pueden tomar un servicio seguro, eficiente, con pólizas, rentable para las familias que dependen de un taxi, pero es necesario poner orden en las plataformas tecnológicas. Es una manera irregular de transportarse", expuso Vega.

Taxistas presionan al Ejecutivo

Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), entregó a Claudia Dobles, Primera Dama de la República, una carta con 100 testimonios de conductores que afirman vivir penurias debido a la indefinición existente en torno a la operación –según ellos- ilegal de Uber.

"Doña Claudia (Dobles) aquí van los correos, los números de placas de los vehículos, los teléfonos, las direcciones de los compañeros que me escriben. A como están ellos, así está el resto de los taxistas de todo el país. Creemos firmemente en el cambio de tecnologías a otra más limpia, pero Doña Claudia en este momento es casi imposible que un taxista  se ponga a realizar ese cambio. No tenemos el dinero para pagar la compra", señala la carta firmada por Vargas, quien la entregó en una actividad relacionada con la exposición del primer taxi eléctrico del país.

[accordionset][accordionx heading='Lo que piden los taxistas']¿Qué es lo que piden textualmente los taxistas?:

1. Relación porcentaje de conductores/vehículos que se autoricen versus concesiones de taxis. Se acepta el incremento de hasta un 30% de nuevos permisos de acuerdo a la flota real y autorizada a la fecha.

2. Distribución de estos en bases de operación en todo el país, pues resulta estrictamente necesario que la demanda en comunidades de las zonas rurales también sea atendida, para evitar la concentración en la GAM. Además, indican que en las zonas rurales no debería haber concetración de Uber, debido a la baja demanda de taxis que hay en estas comunidades.

3. Incorporar en la presente ley la obligatoriedad de atender los requerimientos de la Ley 7600. Que el 10% de los permisos estén adecuados para el transporte de las personas que presentan problemas de movilidad.

4. Asignación de una acreditación por persona física (nunca jurídica), persona que deberá estar vinculada a un vehículo registralmente de su propiedad. Lo anterior a efecto de mantener el equilibrio económico y financiero entre los operadores de transporte público remunerado de personas mediante las plataformas tecnológicas, garantizando que efectivamente además de regular su operación se cumpla objetivo de creación de una fuente de trabajo para las personas que realmente lo necesiten, y más bien evitar que sea aprovechado por grupos económicos (personas jurídicas) y/o personas que mantienen un trabajo estable.

5. Las empresas de plataformas tecnológicas sólo deberán "tercerear" el servicio (conectar la persona usuaria con el operador de servicio de transporte), pues permitirles que también puedan ofrecer el servicio ocasionaría un gran desequilibrio en la actividad de transporte público, y vendría a desvirtuar los objetivos pretendidos con la presente ley.

6. Obligatoriedad de que el conductor acreditado posea y porte una licencia habilitante para transporte público remunerado de personas (C-1), así como un código de conductor.

7. Asimismo, se debe establecer la obligación de que el vehículo vinculado a dicho conductor debe contener pintado en sus puertas delanteras un distintivo para que los identifique la persona usuaria. Portará el mismo número de placa asignada en el Registro Público, solo cambia de color blanco. Se elimina la palabra Centroamérica, en su lugar se leerá la base de operación y provincia al que fue asignado ese nuevo permiso.

8. Se elimina el inciso F de la Ley 7969 para permitir una mayor democratización en la entrega de permisos, como fuente proveedora de trabajo.[/accordionx][/accordionset]

Es innegable que desde que Uber comenzó operaciones en el país (el 21 de agosto de 2015) la situación del sector cambió radicalmente. Hoy, la compañía de capital estadounidense dice contar con 22 mil conductores asociados y una cantidad de usuarios cercana a los 783 mil. Es decir, casi el doble de los taxistas que operan bajo concesión estatal.