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El consejo de la OCDE que Costa Rica aún no aplica con éxito

Al I Trimestre del 2020 el sector informal era la segunda fuente de empleo en el país con un 47,1% de los trabajadores

Por Gerardo Ruiz | 6 de Jul. 2020 | 12:02 am

(CRHoy.com).- Desde el 2018 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) le aconsejó a Costa Rica adoptar una estrategia integral para enfrentar la informalidad en el empleo.

La recomendación también incluía la ejecución de acciones para reducir los costos laborales no salariales, es decir, las cargas sociales, simplificar la estructura del salario mínimo, fortalecer los mecanismos para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales, reducir los obstáculos al emprendimiento y mejorar la educación y capacitación.

En respuesta al planteamiento, en febrero del 2018, el gobierno del entonces presidente, Luis Guillermo Solís (2014-2018), lanzó la Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal, para reducir el trabajo informal en 10 puntos porcentuales al 2025.

Sin embargo, dos años después, a las puertas de que Costa Rica ingrese como miembro pleno de la OCDE este año, las cifras sobre informalidad revelan, de forma elocuente, que lo que se ha hecho hasta ahora ha fracasado en el objetivo de reducir la informalidad.

Según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) que publicó para el I Trimestre del 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población ocupada clasificada en el empleo informal era de 1.040.025 personas; mientras que en el sector formal del empleo había 1.168.150 trabajadores.

Por sexo, en ese momento había 624.607 hombres y 415.518 mujeres en empleos informales. Por zona, en la urbana había 730.688 personas en ese sector, mientras que en la parte rural del país 309.337.

Servicios era en el I Trimestre de este año la actividad con mayor cantidad de personas laborando en la informalidad, en total 693.493.

Entre las tareas que se encuentran en este grupo están el comercio y reparación; transporte y almacenamiento; hoteles y restaurantes e intermediación financiera.

Otras actividades de servicios albergaban en la informalidad a 287.458 personas. En tanto que el tercer sector con más empleos en esa condición fue el secundario con 183.777 trabajadores en ramas como la industria manufacturera; construcción; explotación de minas y canteras; suministros de electricidad, gas, entre otros.

Acerca de la condición de las personas en el sector informal, según la ECE, el mayor porcentaje, un 44,7%, tenía al I Trimestre del 2020 primaria completa o menos; un 38% realizaba las tareas en una empresa, local o finca y un 41,7% devengaba menos de un salario mínimo.

Informalidad escala como fuente de empleo

Contrario al consejo de la OCDE, que provocaría eventualmente una reducción en la informalidad en el empleo, más bien el porcentaje de asalariados en el sector informal al I Trimestre de este año fue de un 47,1%. Mientras tanto, la formalidad alcanzó a un 52,9% de los trabajadores.

Como se observa, el sector informal está cerca de igualar al sector formal como la principal fuente de empleo en Costa Rica, los distanciaban apenas 5,8 puntos porcentuales a principios de este año.

Para darse una idea sobre el comportamiento del sector informal del empleo en Costa Rica basta con echar un vistazo a las cifras. En octubre del 2016, por ejemplo, la informalidad engullía a un 41,4% de los trabajadores costarricenses.

En ese momento, el gobierno de Luis Guillermo Solís, durante la gestión de Carlos Alvarado-hoy presidente de la República-como ministro de Trabajo,  firmó un acuerdo tripartito para "acabar" con la informalidad en el trabajo. El acuerdo lo firmaron el Gobierno, el sector patronal y los representantes de los trabajadores y pretendía promover la creación, preservación y sustentabilidad de empresas y empleos "decentes" en la economía formal y fijó un plazo de 6 meses para la elaboración tripartita de la estrategia y un plan de acción conjunta.

Tres años después de ese acuerdo, en el IV Trimestre del 2019, el porcentaje de ocupados con un empleo informal ya había crecido a un 46,5%, 5,1 puntos porcentuales más.

¿Qué recomienda la OCDE para reducir la informalidad?

Con base en el ejemplo de la ruta que han elegido otras naciones latinoamericanas para reducir la informalidad en el empleo, la OCDE le recomendó a Costa Rica reformar el pago de impuestos que pesan sobre las empresas así como las contribuciones a la seguridad social que hacen estas, con el objetivo de que cada vez más emprendimientos se formalicen.

En el caso nacional, la OCDE hizo énfasis en que la estrategia debería pasar por la modificación de las contribuciones a la seguridad social.

Hasta el 2018, esa carga a las planillas representaba, según la Organización, una alta proporción de los ingresos fiscales.

Mientras en Costa Rica representaba un 34% de los ingresos fiscales totales, en los países de la OCDE el promedio era de un 26,1% y en en el LAC-5 (promedio de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México) era de un 16,6%.

Esas contribuciones, según la OCDE "representan un gran obstáculo para la formalidad".

"Las tasa total de contribuciones a la seguridad social en Costa Rica (al 2018) es del 36,5% del salario bruto, donde 26,33 puntos porcentuales son cubiertos por los patronos y 9,34 puntos porcentuales son pagados por los empleados. La gran proporción pagadera por los patronos hace que los costos laborales no salariales de Costa Rica se ubiquen en el rango superior de las clasificaciones de los países de la OCDE; a diferencia de estos países, el Estado también paga una pequeña parte de las contribuciones a la seguridad social (0,82% del salario bruto)", dibujó la OCDE.

Y prosiguió: "Cambiar la composición de la carga tributaria para que dependa menos de las contribuciones a la seguridad social e incluya fuentes menos distorsionadoras, incluyendo los ingresos personales, corporativos y los impuestos al valor agregado, sería una estrategia de mayor alcance para reducir los obstáculos a la formalidad. Sin embargo, los cambios deberían estar condicionados a la estabilización de la situación fiscal (…)".

La OCDE también recomendó al país que las contribuciones sean utilizadas exclusivamente para fines de seguridad social, y que el financiamiento para otras instituciones que sale de esas contribuciones se traslade gradualmente a otras fuentes más progresivas.

También recomendó un análisis más detenido de la eventual modificación de la tasa contributiva mínima para todos los trabajadores.

En cuanto a la estructura del salario mínimo, la OCDE la definió como compleja y como una carga administrativa "muy pesada" para las empresas, lo cual incentiva la informalidad y no sirve para proteger a los trabajadores en condición de desventaja.

Para la Organización, los salarios mínimos pueden obstaculizar el empleo formal sobre todo entre los trabajadores de bajos ingresos si el límite inferior se fija en un nivel alto, como es el caso del país.

"Se estima que para Costa Rica, un aumento de un 10% en el salario mínimo reduciría el empleo formal en aproximadamente un 1% y las horas de trabajo en un 6%", calculó el estudio económico sobre el país.

A pesar de las recomendaciones de la OCDE, muchas de las acciones que ha ejecutado el Gobierno y las entidades autónomas costarricenses van encaminadas en la dirección contraria.

Por ejemplo, a principios de este año el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, manifestó a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento el rechazo de la institución hacia el proyecto de ley 21.522 que pretende abrir una amnistía para que más empresas se formalicen, así como para aumentar la recaudación de cargas sociales.

La propuesta proponen la eliminación de cobros por mora y por multas, sanciones y los intereses que estas generen si los patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios se acercan a arreglar su situación con la Caja a más tardar 6 meses después de la entrada en vigencia de la norma.

Además, en el contexto de la pandemia del COVID-19, la Caja anunció que no extendería el rebajo en las cuotas que deben pagar los patronos a la institución, tal y como ocurrió durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, que golpea con rudeza a las empresas de múltiples sectores de la economía.

El INEC ha dicho que uno de los problemas futuro de la elevada informalidad que vive actualmente el empleo en Costa Rica es que la estabilidad de los trabajadores se verá afectada, pues actualmente no cotizan para una pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja.

Definición de trabajo informal según OIT e INEC

Para el INEC, el sector informal se define como un subconjunto de empresas que no están constituidas en sociedad, consideradas como empresas de los hogares.

"Estas son unidades de producción que no son una entidad legal separada e independiente del o de los miembros del hogar propietario de la misma. Tales empresas no llevan una contabilidad completa que pueda proporcionar un medio que permita identificar los flujos de ingresos y de capital entre la empresa y el o los propietarios", definió el INEC con base en conceptos formulados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según ese mismo ente, se considera que una persona asalariada tiene un empleo informal si su relación de trabajo de derecho o de hecho no está sujeta a la legislación laboral nacional; al impuesto sobre la renta; a la protección social; o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo, como el preaviso al despido; indemnización por despido; vacaciones anuales pagadas; o licencia pagada por enfermedad, entre otras.

Para el INEC las siguientes características convierten a una persona en trabajadora informal:

  • Asalariado sin seguridad social financiada por su empleador, es decir, no tienen rebajos de seguro social.
  • Asalariado que solo le pagan en especie, o que el pago una única vez, a quienes por la naturaleza de su contratación, se considera que no son susceptibles de los rebajos de seguro social.
  • Personas ayudantes no remuneradas.
  • Personas trabajadoras por cuenta propia y empleadoras que tienen empresas no constituidas en sociedad, es decir, que no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal en forma periódica.
  • Personas trabajadoras por cuenta propia con trabajos ocasionales (laboran menos de un mes), a quienes por la naturaleza del trabajo no son susceptibles a estar inscritas o llevar contabilidad formal en forma periódica.
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