El caso de pornografía infantil más atroz en nuestro país llegó a su fin
Hombre se declaró culpable y aceptó proceso abreviado
(CRHoy.com) El caso más atroz de pornografía infantil en Costa Rica llegó a su fin con la condena de 28 años de prisión de un fotógrafo que aceptó la culpabilidad por formar parte de una red internacional que operó en Costa Rica entre 2009 y 2017.
Se estima que 2 sujetos violaron y grabaron a al menos 26 niñas que querían llegar a ser modelos, pero fueron víctimas de delitos sexuales en el Valle Central.
El imputado es de apellido Núñez Romero y hace un mes solicitó un proceso especial abreviado. Ya en julio del 2019, CRHoy.com dio a conocer que otro imputado, de apellidos Solano Corrales -considerado socio de Núñez Romero- se declaró culpable y quedó con una pena de 39 años de prisión.
La pena de 28 años de prisión fue dictada por el Tribunal Penal de San José del Primer Circuito Judicial de San José y fue confirmada por el Departamento de Prensa del Poder Judicial.
El mes pasado, Núñez Romero se sentó en el banquillo de los acusados y será juzgado por cometer supuestos delitos de trata de personas, violación y producción de pornografía infantil.
Las víctimas vivían en zonas vulnerables del país y según informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los imputados vendían los videos de pornografía infantil en países como México y Brasil.
La sentencia fue notificada el pasado 30 de marzo y la prisión preventiva se extendió hasta el 30 de marzo del 2021.
Ataques brutales
La resolución de este caso fue considerado como la mejor investigación del OIJ en el año 2017. La labor estuvo a cargo de la Sección de Delitos contra la Integridad Física, Trata y Tráfico de personas de San José.
Las detenciones de los sospechosos se hicieron el 8 de junio del 2017 en San José. En su momento, el director del OIJ, Wálter Espinoza dijo que este caso es de los más graves que se han visto en este campo.
Según las pruebas analizadas se llegaron a contabilizar 26 menores víctimas de violaciones que habrían sucedido desde el 2009. Al parecer, los imputados realizaban casting de modelaje, donde elegían a las víctimas y luego las obligaban a mantener relaciones sexuales.
Las menores eran grabadas, mientras los padres esperaban en una sala aparte. Supuestamente los padres habían firmado permisos que permitían fotografiar a las menores desnudas. Además, las víctimas eran amenazadas.
Supuestamente para acceder a los videos, la red que también operaba en México y Brasil cobraba una membresía de $30 dólares y luego vendía los videos en precios que oscilaban los $500 y $5 mil dólares.
Sueños frustrados
La policía judicial señaló que las menores tenían entre 10 y 15 años de edad. La mayoría eran reclutadas en zonas vulnerables y engañadas con la ilusión de llegar a ser modelos internacionales.
La organización incluso colocaba panfletos y banners en alumbrado público. El caso se extendió al punto que también se realizaron detenciones en México y se abrieron casos de investigación en Sudamérica.
"Los videos solo podían verse en países de Norteamérica, Europa y Asia, por lo que la investigación fue sumamente complicada por lo que tuvo que recurrir a herramientas tecnológicas para obtener las pruebas", dijo Espinoza.
