El atropellado adiós de Carlos Chinchilla: “se va sin dar respuesta clara”
"Este tema no acaba aquí", apunta representante sindical
Cinco días después de que los magistrados de la Corte Plena acordaran amonestar, de manera escrita, a los miembros de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla, presidente de la Corte, se acogió a su jubilación.
Chinchilla, uno de los funcionarios amonestados y cuestionados, fungía como jerarca del Poder Judicial desde el 22 de mayo del año pasado. Sin embargo, su fugaz gestión fue cuestionada por la polémica desestimación de un expediente penal ligado al 'cementazo'.
Este lunes Chinchilla confirmó mediante una carta que se acogería a su derecho de jubilación tras laborar más de 30 años en el Poder Judicial. La solicitud será conocida el martes por el Consejo Superior.
El funcionario de 55 años fungió como juez penal y también presidió la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia hasta que fue designado como máximo jerarca judicial.
Los gremios sindicales aseguraron que la salida de Chinchilla no despeja las dudas en cuanto al manejo del polémico expediente donde se investigaron varios exdiputados por presuntos favores hacia Juan Carlos Bolaños Rojas, importador de cemento chino.
"Se va, pero no nos deja una respuesta clara de lo que queremos saber. Quisiéramos retomar cuál es la verdadera responsabilidad que se haya tenido en el caso que se acusó. Esperamos que se revierta la sanción tan blanda que se les dio".
"Por haber causas disciplinarias pendientes, entiendo que se le debe frenar el pago de prestaciones mientras eso se dé. Quisiera no estar equivocado. No me gusta afectar a nadie. Honestamente, es una persona que ha trabajado en el Poder Judicial… A nivel administrativo, al haber causas en estas condiciones, se frena el pago de las prestaciones", expresó Álvaro Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC).
Jorge Luis Morales, del Sindicato del Poder Judicial (Sindijud), consideró que la decisión de Chinchilla "era lo que correspondía".
"Hay una imposibilidad en el ejercicio adecuado del cargo ante las condiciones que ya presentaba el país. La situación que tomó Corte Plena, con la amonestación escrita, hacía muy difícil que el cargo -fundamentalmente de presidente- pudiera ejercerse en buena forma (…) Este tema no se acaba hoy, no se acabó con Celso Gamboa (exmagistrado de la Sala Tercera), tampoco con la jubilación del presidente de la Corte (Chinchilla). Hay que ver cómo se reconstruye la institucionalidad", expresó Morales.
La carta de Chinchilla
"Estimadas señoras magistradas y señores magistrados.
Por este medio hago de su conocimiento, que he decidido hacer efectivo mi derecho de jubilación, a partir del día de hoy lunes 16 de julio de 2018.
Esta solicitud la he remitido al Consejo Superior para que sea conocida en la sesión del día de mañana. Con las muestras de mi consideración y estima,
Dr. Carlos Chinchilla Sandí. Presidente de la Corte"
El caso
La amonestación escrita se planteó contra Carlos Chinchilla, exjerarca de la Corte y sus hoy excompañeros Doris Arias, Jesús Ramírez, María Elena Cortés y Celso Gamboa (destituido en abril por su vínculo amistoso con el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas).
El expediente desestimado se seguía contra los exlegisladores Víctor Morales Zapata, exdiputado independiente, Otto Guevara Guth, del Movimiento Liberario (ML) a quienes investigaban por el presunto delito de tráfico de influencias en favor de Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino.
En esa investigación también figuraba Walter Céspedes, exdiputado y exasesor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Tras una desestimación firmada en enero de 2017 por Berenice Smith, exfiscala general subrogante, la Fiscalía General ordenó reabrir la causa en octubre de ese año debido a la presión mediática y popular en torno al 'cementazo'.
El tema de los estudios sobre intercambios de llamadas no es poca cosa. El 11 de octubre de 2017, CRHoy.com dio a conocer que el análisis criminal de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ, tomado por los magistrados simplemente como un indicio, identificó un flujo de 1.083 llamadas telefónicas entre el importador del cemento chino y los exdiputados.
Por estas polémicas desestimaciones, los magistrados también enfrentan un proceso penal en la Fiscalía General.
