A pesar de las dudas que reiteradamente han expresado algunos diputados, la Casa Presidencial insiste en un proyecto de ley que crearía un régimen de excepciones (restricciones) para acceder a información pública.

El Poder Ejecutivo incluyó la iniciativa, bajo el expediente 20.361, en la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso del mes de agosto, que llegó al Plenario Legislativo el lunes anterior.

El proyecto obligaría a la administración pública a entregar información a los ciudadanos, pero su artículo 13 establece que se podrá negar en casos comos los siguientes:

• "Cuando la información haya sido declarada secreto de Estado, por afectar la seguridad pública, la defensa nacional o las relaciones exteriores, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 30 de la Constitución Política". (Esta norma ya está incorporada en el ordenamiento jurídico costarricense).
• "Cuando se trate de procesos en curso relativos a las relaciones internacionales".
• "Cuando se trate de políticas monetarias y fiscales en etapa previa a su ejecución, cuya divulgación represente un riesgo para el orden público económico o conceda ventaja indebida en tales regímenes".
• "Por disposición contenida en ley especial".

De acuerdo con la justificación de motivos del proyecto, toda información en poder de las autoridades estatales es de naturaleza pública, pero como cualquier derecho fundamental es posible imponer límites por razones de interés público. No define qué se debe entender por "interés público".

"En el caso del derecho de acceso a la información, se reconocen un reducido número de excepciones cuando el supuesto de divulgación produciría daños graves al interés público, por lo que prima la necesidad de proteger el interés general ante la posibilidad de difundir la información", indica el texto.

La iniciativa agrega: "el acceso a la información pública es la regla, en tanto la restricción a este derecho es la excepción. Para evitar que esa regla sea quebrantada y se comentan arbitrariedades en la toma de decisiones, es necesario contar con un régimen claro y mínimo de excepciones".

Opuestos

Legisladores de distintos partidos políticos reiteraron que se oponen a propuestas que, de una u otra forma, intenten restringir el acceso a la información pública.

Uno de ellos es Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (PUSC), quien sostuvo que la propuesta podría limitar el acceso a la información pública.

"En una democracia debemos ser cada vez más proclives a la transparencia para combatir la ineficiencia y la corrupción (…) Salvo el secreto de Estado, todo lo demás debe ser público", dijo.

Enfatizó que toma con celo y desconfianza acciones que, en su criterio, tienden a ser restrictivas a la libertad de información y expresión.

Cuando el Gobierno sometió a consulta pública la iniciativa, en abril, Otto Guevara, del Movimiento Libertario, expresó su preocupación por el intento de restringir información sobre políticas monetarias y fiscales.

Según indicó, la propuesta comprometería información sobre gastos e ingresos públicos, así como de política monetaria.

"Lo veo muy serio. Restringiría información sobre temas relevantes para los costarricenses. Por ejemplo, las reglas de intervención del Banco Central en el mercado deben ser públicas y no puede haber opacidad", manifestó.

Uno de los principales argumentos de quienes cuestionan el plan, incluidos también sectores del Partido Liberación Nacional (PLN), es que con las excepciones reconocidas internacionalmente y consagradas en la Constitución Política, como el secreto de Estado, debe bastar.

La iniciativa fue redactada por el Ministerio de Comunicación y la Dirección Jurídica de la Casa Presidencial y fue remitida a la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa.