Educación en jaque: malas decisiones y recortes agravan la crisis educativa
Según Décimo Informe del Estado de la Educación
Fines ilustrativos
El Décimo Informe del Estado de la Educación, que se dio a conocer este jueves 28 de agosto, señala que las malas decisiones políticas han sido un factor determinante en la crisis educativa que afrontan miles de estudiantes en Costa Rica.
Actualmente, el país enfrenta el mayor retroceso en la inversión pública en educación desde 1980, lo que pone también en riesgo los programas sociales. Entre 2018 y 2023, la tendencia expansiva de inversión se transformó en una caída del 6 % para la inversión total y del 7 % para educación general, afectando de manera diferenciada los distintos niveles educativos.
En primaria, la inversión real descendió un 14 % en ese período, y la prioridad fiscal en 2023 (4,4 % del gasto del gobierno general) estuvo casi tres puntos porcentuales por debajo de la registrada en el 2000.
"La contracción de la inversión compromete la capacidad del sistema para sostener logros históricos y avanzar en áreas estratégicas como la ampliación de cobertura del programa completo en escuelas, fortalecer la educación técnica, reforzar la enseñanza del inglés desde edades tempranas, mejorar la infraestructura educativa y elevar la calidad del servicio. Estas acciones no han recibido la prioridad requerida en la agenda política nacional", explicó Dagoberto Murillo Delgado, investigador del Décimo Informe.
Además, entre 2019 y 2024, los programas de equidad registraron una reducción del 19,1 % en su presupuesto, mientras que la inversión en gastos de capital cayó un 75 % entre 2018 y 2023, reduciendo su participación dentro del gasto educativo total del 6,5 % al 1,7 %.
"Para un país con rezago histórico en infraestructura educativa, recortar el gasto de capital tiene un doble efecto: no se atiende el mantenimiento de lo existente y se pospone lo que aún falta por construir. La existencia de órdenes sanitarias por problemas de infraestructura evidencia lo primero; y los centros que operan en salones comunales o aulas improvisadas ejemplifican lo segundo. Las consecuencias las sufren estudiantes y docentes, que ven deteriorarse la calidad de sus ambientes de aprendizaje", recalcó Murillo Delgado.
Decisiones sin respaldo ni proceso de evaluación
El informe también señala que decisiones del Consejo Superior de Educación (CSE), tomadas sin respaldo técnico ni procesos de evaluación, provocaron la discontinuidad de dos programas estratégicos: el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE MEP FOD) y el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral (Paysi).
Estas acciones profundizan la crisis en inclusión digital y vulneran el principio de progresividad en derechos humanos, además de haberse ejecutado sin participación de instancias especializadas ni evaluación de impactos. Esto genera tensiones con compromisos internacionales en materia de derechos humanos, equidad y desarrollo sostenible.
"El CSE tiene una enorme responsabilidad como órgano rector de la política educativa, pero enfrenta limitaciones importantes para ejercer el papel que le otorga la Constitución. Su posición jerárquica debilitada, la falta de autonomía operativa y financiera, y un equipo técnico reducido limitan su independencia y capacidad de supervisión", advirtió Murillo Delgado.
La no renovación del convenio PRONIE-MEP-FOD en 2023 dejó al sistema sin alternativa institucional equivalente para asegurar continuidad en provisión de recursos tecnológicos, formación docente y acompañamiento pedagógico. Por su parte, el Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT 2024) no garantiza la sostenibilidad ni la provisión de dispositivos, conectividad, materiales ni formación docente.
En enero de 2025, la eliminación del Paysi produjo un quiebre en el desarrollo curricular, reduciendo el enfoque integral en sexualidad que combinaba dimensiones biológicas, afectivas, sociales y éticas, alineado con recomendaciones de la OMS.
El nuevo Programa de Educación para la Paz y la Convivencia no representa un reemplazo equivalente: la educación sexual aparece de manera marginal en un área transversal, con solo 2 de 85 contenidos relacionados con la temática. Esto evidencia un retroceso sustantivo en el abordaje pedagógico de la sexualidad.
El informe plantea la necesidad de reconstruir un pacto educativo nacional, como acuerdo político y social urgente que reafirme el valor público de la educación y su papel estratégico en el desarrollo humano, la equidad y la democracia. Este pacto debe articular compromisos entre el Estado, comunidades educativas y sociedad civil, con metas medibles, seguimiento, visión de largo plazo, continuidad técnica y capacidad de implementación.
Ausencia de ruta educativa
La falta de una ruta educativa clara por parte del MEP ha intensificado la crisis educativa. "Las decisiones políticas y financieras del Estado deben alinearse con la educación como motor de equidad, democracia y desarrollo. Definir estrategias para lograrlo es prioritario para las agrupaciones políticas que aspiran a dirigir Costa Rica a partir de 2026", señala el informe.
Cabe recordar que, el 5 de mayo, la exministra de Educación Anna Katharina Müller, afirmó frente a seguidores que la supuesta "Ruta de la Educación" existía, pero que "no me dio la gana publicarla", lo que generó controversia sobre la transparencia en la planificación educativa.
"Don Rodrigo Arias (presidente del Directorio Legislativo) no sabe, pero la Ruta (de la educación) sí existe, solo no me dio la gana publicarla para que ellos la despedacen", afirma exaltada Müller frente a decenas de seguidores del Gobierno que se hicieron presentes en la Plaza de la Democracia.
