Educación, clases medias, vouchers y colegios concertados
En general, las clases medias en Costa Rica sienten que el sistema los excluye porque los obliga a pagar altos impuestos, pero tienen que cubrir, además, buena parte de los costos de educación de sus hijos y otros gastos complementarios de salud, seguridad ciudadana, etc. Por si fuera poco, los gastos educativos de sus hijos no son deducibles. Es decir, un sector de la clase media financia la educación pública pero no se beneficia de ella (exceptuando, parcialmente, la educación universitaria pública, algunos pocos colegios semipúblicos y los Colegios Científicos).
Frente a esa realidad, son cada día más las personas que piensan que debería reconocérseles a los padres de familia el costo de la educación escogida para sus hijos (al menos, en el monto promedio de lo que el Estado gasta en la educación pública), sea a través de los llamados "vouchers" (cheques educativos), sea a través de colegios concertados (o subsidiados públicamente).
Por los motivos que sea, los estratos medios sienten que la educación pública (especialmente la preescolar, la primaria y la secundaria) no es una mejor opción para sus hijos. En esos niveles, aspiran a que sus hijos vayan a la educación privada. Algunos lo hacen para garantizarles el aprendizaje de un segundo idioma con la ayuda de la educación bilingüe. Otros, porque quieren garantizarles a sus hijos una mejor educación o lo que ellos conciben como un mejor entorno educativo. Lo cierto es que si los pusieran a escoger, un porcentaje creciente prefiere la educación privada a la educación pública, salvo en la educación universitaria (fuertemente financiada por el Estado). El problema, es que la educación privada en primaria y secundaria es cara y está fuera del alcance de la grandísima mayoría de las familias, incluyendo a las de clase media.
La modalidad de la educación concertada está poco desarrollada en Costa Rica (representan apenas el 3,24% del total de estudiantes de secundaria). Básicamente, se trata de la educación prestada por escuelas y colegios administrados privadamente pero subsidiados o cubiertos sustancialmente con fondos públicos. En estos casos, hay libre escogencia de centro educativo y los pagos que se cargan a los padres de familia, si es que se cargan, son mucho menores que los de la educación privada (7% de los estudiantes de secundaria), de manera que podría ser una opción preferible.
En los centros públicos, el financiamiento corre por cuenta del Estado y los profesores son básicamente funcionarios que han obtenido su plaza en el MEP. La principal ventaja es que es gratis para sus familias y se garantiza el derecho a la educación de los estratos más bajos, mediante una enseñanza laica y plural. Aunque se admite a todos los alumnos, la elección de un centro en concreto puede ser difícil.
En la educación privada, el financiamiento corre por cuenta de los padres de familia. La principal ventaja es que, en general, se trata de colegios con una buena calidad educativa, los profesores no son funcionarios públicos, tienen mejores instalaciones y tecnología, más horas de clases, mayor bilingüismo, más actividades extracurriculares y existe libertad de escogencia del centro educativo. Por el contrario, su principal inconveniente es el costo, que suele ser elevado.
Los centros educativos concertados, por su parte, son centros privados de financiación pública parcial, los profesores no son funcionarios públicos, cuentan con buenas instalaciones y tecnología, se promueve la formación en valores (muchos de ellos son religiosos). Por el contrario, tienen criterios de admisión más restrictivos y, según los países, los padres tienen que cubrir un parte de los costos de matrícula.
En Costa Rica, prácticamente el 90% de los estudiantes de secundaria estudian en centros de enseñanza públicos. El resto, mayoritariamente, en centros privados y un monto menor en colegios semipúblicos o subsidiados.
Por el contrario, en países como Bélgica, Francia o España, más del 25% de los estudiantes de secundaria lo hacen en centros concertados. Es decir, menos del 75% lo hace en colegios públicos. En España, por ejemplo, apenas el 68% de la educación no universitaria asiste a centros de titularidad pública. En Bélgica, menos del 50%. En Europa, el promedio se acerca al 80%. En el caso español, el gasto público por alumno en la enseñanza pública es casi el doble que en la concertada (escuelas privadas dependientes del gobierno). La subvención pública a un colegio concertado sólo cubre el gasto del mismo en personal docente. La educación concertada es más barata que la pública para el Estado. En general, reciben cerca del 60% de sus gastos.
Igual que en Europa, en los Estados Unidos estudios recientes han destacado que las llamadas "Charter Schools" (Escuelas o Colegios Concertados), han demostrado el éxito del modelo, incluso en contextos difíciles. Según The Economist, cientos de centros concertados con alumnos con desventajas (estudiantes pobres, afroamericanos o hispanos), han logrado equivalentes o mejores resultados que los alumnos más aventajados. La matrícula en estos centros ha venido creciendo y el impacto de estas escuelas sobre los niños americanos es sustancial. En 2021, cerca de 4 millones de estudiantes estudiaban en escuelas o colegios concertados (más del doble que en el año 2010). 45 Estados los permiten. En Chicago, donde el 15% de todos los estudiantes están matriculados en "Charter Schools", los afroamericanos y los hispanos representan mayores niveles de matrícula proporcionalmente. En las zonas más pobres de Filadelfia, una tercera parte de los jóvenes son educados en centros concertados.
La evidencia es que los colegios concertados le cuestan menos al Estados que los colegios públicos, que los padres de familia (sobre todo, pero no exclusivamente, de las clases medias), tienden a preferirlos y que los resultados educativos son mejores (% de éxito en los antiguos exámenes de bachillerato, en los exámenes de admisión de las universidades, en las pruebas PISA), aunque es verdad que esos resultados dependen de múltiples factores (circunstancias económicas, sociales o educativas de sus familias, por ejemplo) y no sólo del modelo educativo.
¿Por qué, entonces, en Costa Rica y otros países de nuestro entorno, no se impulsan más los colegios concertados? La respuesta debemos buscarla en prejuicios ideológicos o gremiales (aprensión a las decisiones de las familias y a sus valores religiosos, o aprensión a los centros administrados privadamente, intereses sindicales, etc.).
Sin embargo, las decisiones deberían tomarse sin caer en prejuicios ideológicos. Los ciudadanos deberían tener derecho a decidir cuál es la educación mejor para sus hijos y no tener que pagar el costo total de la educación de sus hijos cuando ya pagaron por ella a través de impuestos. Los vouchers educativos o la educación concertada financiada por capitación (por número de estudiantes matriculados), no deberían seguirse descartando.