Zonas rurales registran menor afiliación al sistema de pensiones del IVM

Las zonas rurales del país son las que concentran la menor vinculación con el sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mientras que ocho cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM) son los que presentan mayor participación de cotizantes.

Así lo expone el I Informe de Proyecciones Macroeconómicas 2026, elaborado por el Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Entre los territorios con mayor vinculación destacan San José, Heredia, Alajuela, Escazú, Cartago, Montes de Oca, Santa Ana, Goicoechea, San Carlos y Pérez Zeledón. En conjunto, estos aportan el 60,19% del total de cotizantes.

Estos territorios concentran sedes corporativas, oficinas administrativas, parques empresariales, instituciones públicas y privadas, así como servicios intensivos en capital y conocimiento, lo que favorece relaciones laborales asalariadas, formales y registradas.

Por el contrario, cantones con menores tasas de cotización reflejan una baja cantidad de empleos formales. Algunos de estos casos son Río Cuarto, Puerto Jiménez y Monteverde.

Presiones estructurales

El informe detalla que el IVM de la CCSS enfrenta presiones estructurales debido al aumento del envejecimiento poblacional, la alta informalidad laboral, la baja natalidad y las presiones fiscales del Estado. Además, expone que existe una asimetría territorial entre cantones con mayor actividad económica, empleos formales y masa salarial cotizante, frente a otros ubicados en zonas rurales o costeras, con menor desarrollo relativo.

Esta situación expone un nuevo frente de vulnerabilidad de cara a los esfuerzos por garantizar la solidez del principal régimen de pensiones del país.

La suma de las remuneraciones brutas por cantón ubica a San José (¢245.000 millones), Alajuela (¢95.000 millones), Heredia (¢61.000 millones) y Santa Ana (¢54.000 millones) como los principales cantones según masa salarial. Para el CINPE-UNA, esto "confirma que la mayor parte de las cotizaciones al IVM proviene de un grupo reducido de cantones con alta actividad económica y niveles de ingresos elevados".

Números y realidades

Entre 2009 y 2025, el gasto del IVM como proporción del producto interno bruto (PIB) subió de 1,63% a 3%. Su peso dentro de la economía se evidencia al compararlo con otros regímenes, cuyos porcentajes de participación son más bajos, como:

• el Régimen No Contributivo: 0,36% del PIB
• el Magisterio Nacional: 0,106% del PIB
• el del Poder Judicial: 0,20% del PIB

En cuanto a sectores laborales y su impacto en la cotización, el estudio arroja indicios relevantes. Por ejemplo, la mayor concentración de empleo cotizante corresponde a la industria manufacturera (5,72%), seguida de transporte y comunicaciones (4,21%) y servicios inmobiliarios y empresariales (4,07%).

Por el contrario, sectores como agricultura (0,52%), pesca (0,48%) y electricidad (0,60%) tienen un menor aporte al sistema.

Recomendaciones

El informe también detalla una serie de recomendaciones de política pública ante el desafío de garantizar la sostenibilidad financiera del régimen del IVM. Por ejemplo, fortalecer la base contributiva mediante la formalización del empleo, con esquemas simplificados de cotización para trabajadores independientes y microempresas, incentivos fiscales y un mayor control en sectores donde exista alta evasión contributiva.

Asimismo, advierte sobre la necesidad de incorporar el enfoque territorial, de modo que se desarrollen sistemas de información que permitan monitorear cotizaciones, masa salarial y beneficios por cantón, así como diversificar la base contributiva.

Otras medidas sugeridas por el CINPE-UNA incluyen una mayor articulación entre la política productiva y la sostenibilidad previsional, el fortalecimiento de la gobernanza del sistema tripartito y de los sistemas de información y análisis, para una "mejor rendición de cuentas".

Finalmente, el informe es claro en que la sostenibilidad del IVM no debe basarse únicamente en ajustes como la edad de retiro o las tasas de cotización, sino contemplar una combinación de factores:

• El desarrollo del empleo formal
• La gobernanza del sistema
• Ajustes actuariales responsables
• Una visión territorial
• La protección de la función social que desempeña el régimen.